El frente común contra el veto musulmán de Trump

Ex secretarios de Estado y de Seguridad Nacional se unen contra el decreto migratorio.

¿Cuánta autoridad tiene el presidente cuando se trata de la seguridad nacional? La respuesta se sabrá cuando termine la batalla legal que acaba de empezar entre el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y los refugiados e inmigrantes de los siete países musulmanes, a los que ha vetado la entrada en EE UU de forma temporal mediante un polémico decreto. Su batalla, que forjará la ley del país durante generaciones, ha creado, entre otras cosas, una curiosa alianza entre diferentes grupos, que rara vez se sitúan en el mismo lado de la pelea. De esta forma, diez altos funcionarios del Departamento de Estado y Seguridad Nacional criticaron junto con casi un centenar de empresarios de Silicon Valley la citada orden ejecutiva.

Aunque para el presidente todos los «sondeos negativos» sobre su polémico veto migratorio «son noticias falsas». A primera hora de la mañana, Trump tuiteó: «Todos los sondeos negativos son noticias falsas, igual que los sondeos de CNN, ABC y NBC en las elecciones. Lo siento, la gente quiere seguridad fronteriza y escrutinio extremo», sostuvo el magnate.

Ayer los abogados de los refugiados demandantes presentaron información adicional a petición de los jueces William C. Canby Jr. y Michelle Taryn Friendland, de la Corte Federal de Apelaciones del Circuito Noveno de San Francisco. Este procedimiento tuvo lugar después de que denegasen el recurso inicial del Departamento de Justicia para restaurar el veto de Trump a los viajeros de Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Al cierre de esta edición, se esperaba que el procurador general, Noel Francisco, quien tenía hasta las seis de la tarde, anunciase su respuesta.

Para sustentar sus argumentos, los abogados de los refugiados presentaron la declaración de los altos funcionarios citados, y así rebatir la estrategia de Francisco de que el decreto estaba basado en la seguridad nacional del país. En el texto firmado por los ex secretarios de Estado demócratas John Kerry y Madeleine Albright, la ex secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano, y la ex consejera de Seguridad Nacional Susan Rice, se indicó que «el decreto no se puede justificar por razones de seguridad nacional o política exterior. No cumple la función de proteger a la nación de que entren en EE UU terroristas extranjeros», se pudo leer. Fue firmado también por Leon Panetta –director de la CIA de Obama–, John McLaughlin –subdirector de la CIA de Bill Clinton y Bush–, el general de la Fuerza Aérea de cuatro estrellas Michael Hayden –que fue director de la CIA de Bush–, entre otros. Los firmantes destacaron que el veto «pondrá a las tropas en peligro», en referencia a prohibir la entrada a las personas que han trabajado con los soldados sobre el terreno como guías o traductores. A este respecto, el propio Trump contestó ayer desde la base de la Fuerza Aérea de McDill (Florida). Allí, se encuentra el Comando Central, desde el que se dirigen las operaciones en 27 países, entre los que destacan las naciones vetadas. El mandatario quiso remarcar que las tropas estadounidenses «no están en peligro».

Horas antes, 97 empresarios de las tecnológicas también se opusieron al decreto. En sus alegaciones, los jefes de Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter y Uber indicaron que el decreto es «un gran giro» de las políticas migratorias que «hace más difícil y caro que las compañías contraten y mantengan a los mejores empleados del mundo». El procurador general deberá reconducir su estrategia con la Casa Blanca en la Corte Federal de Apelaciones del Circuito Noveno de San Francisco, una de las más liberales del país. Por lo que parece inevitable que el caso termine en el Supremo, donde los jueces tendrán que determinar hasta dónde se extiende el poder constitucional del presidente y se revisará cuánto poder puede el Congreso depositar sobre el líder estadounidense. Clave será confirmar o desmentir que este decreto se basó en discriminación religiosa o en defensa de la seguridad nacional.