El gobernador de Texas amenaza con demandar a Obama

El gobernador de Texas (EE.UU.), Rick Perry, anunció hoy que su estado "probablemente"demandará a la Administración de Barack Obama por las medidas ejecutivas sobre migración que anunciará el presidente este jueves, con las que se podría evitar la deportación de cinco millones de indocumentados.

"Creo que es una posibilidad muy real", dijo Perry preguntado por esa eventualidad durante un encuentro de gobernadores del Partido Republicano en Boca Ratón (Florida).

El gobernador, que dejará su cargo el próximo 20 de enero y suena como potencial aspirante a la Presidencia de Estados Unidos en 2016, lamentó que Texas haga una inversión "extraordinaria"de cerca de 12 millones de dólares al mes en seguridad fronteriza para prevenir la llegada de indocumentados.

Las declaraciones de Perry van en la misma dirección que las del gobernador electo y actual procurador general de Texas, el también republicano Greg Abbott, quien será el encargado de interponer la demanda.

"Será mi demanda número 31 contra él (de Obama) antes de dejar la oficina", dijo Abbott esta semana.

"Debemos reconocer, una vez más, que tenemos un presidente que se niega a cumplir con la Constitución", agregó.

Uno de los motivos por los que el gobernador electo se opone a las medidas que impulsará Obama es la "preocupación"de que desemboquen en una "nueva ola de actividad"migratoria, como la vivida en los últimos meses.

Ante el flujo migratorio del último año, en el que cruzaron la frontera de México con Texas cerca de 140.000 indocumentados -la mitad de ellos menores no acompañados-, Perry desplegó un millar de efectivos de la Guardia Nacional, una medida apoyada por Abbott.

Obama anunciará este jueves medidas ejecutivas para "reparar"el sistema de inmigración en EE.UU., según avanzó hoy el propio presidente.

Las filtraciones sobre las medidas ejecutivas de Obama que han aparecido en la prensa en los últimos días apuntan a que evitará la deportación de unos cinco millones de indocumentados.

Una pieza clave es permitir que muchos padres de niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales obtengan permisos de trabajo y eviten así la amenaza de la deportación.

Además, el plan prevé aumentar la seguridad fronteriza, mejorar el pago a los funcionarios de inmigración y expandir la Acción Diferida, una medida ejecutiva de 2012 que ha evitado la deportación de más de 580.000 jóvenes que llegaron indocumentados a EE.UU. cuando eran niños.