«Decretazo» laboral de Valls ante la rebelión socialista

El primer ministro suspende la votación de la reforma en la Asamblea para sacarla adelante y la oposición anuncia una moción de censura

Francois Hollande y Minister Manuel Valls  se saludan antes de la reunión extraordinaria
Francois Hollande y Minister Manuel Valls se saludan antes de la reunión extraordinaria

El primer ministro suspende la votación de la reforma en la Asamblea para sacarla adelante y la oposición anuncia una moción de censura

Ante la falta de apoyos parlamentarios y pese a que el Gobierno francés afirmaba que agotaría las vías de la negociación, la reforma laboral quedará finalmente aprobada por decreto. Y puede que, con ello, la herida abierta en las filas socialistas sea ya insalvable hasta el final de la legislatura. La batalla del Ejecutivo era de antemano complicada, con 5.000 enmiendas a un texto que no gustaba ni a derecha ni a izquierda de las posiciones de François Hollande, que, a un año de las elecciones presidenciales, ha supeditado su candidatura a invertir la curva del desempleo, que lleva tiempo estancada en torno al 10,5%. El decreto supone la casi inevitable ruptura de un frente de izquierdas ante las elecciones del año que viene y un portazo del Gobierno a los miembros críticos de las filas socialistas y a sus otros potenciales socios parlamentarios.

El «decretazo» fue adoptado ayer tras un Consejo de Ministros extraordinario y se basa en el artículo 49.3 de la Constitución, que otorga al primer ministro la posibilidad de «asumir la responsabilidad de Gobierno ante la Asamblea sobre el voto de un proyecto de ley». La única posibilidad de impedir la aprobación sería una moción de censura que deberá ser debatida esta misma semana y que ya han anunciado que presentarán tanto Los Republicanos del ex presidente Nicolas Sarkozy como los centristas. De superar la moción, el texto irá al Senado para una primera lectura en esa Cámara y, si hay discrepancias, pasaría de nuevo a la Asamblea, donde el Gobierno podría servirse de nuevo del mismo artículo constitucional, calificado por la oposición de «antidemocrático».

El primer ministro, Manuel Valls, se mostró tajante en la Asamblea Nacional al afirmar que «la reforma debe efectuarse» porque «las relaciones salariales y los derechos de los empleados deben progresar». Francia «debe avanzar», dijo, justificado la medida del decreto en que, «tras los cambios introducidos, el texto es coherente» y no necesita más debate.

Horas antes habían fracasado los últimos intentos de pactar pequeñas modificaciones con algunos de los diputados «rebeldes» que se niegan a aprobar un texto que facilita los despidos. Éste era uno de los puntos más polémicos de la reforma. Hasta hoy, una empresa podía despedir por motivos económicos si cesaba su actividad o si su reorganización era necesaria para sobrevivir, lo que debía ser probado ante la Justicia. A partir de esta reforma, las condiciones para el despido por motivos económicos se simplifican: basta con que la empresa atraviese cuatro trimestres consecutivos de merma en sus beneficios o dos trimestres consecutivos de pérdidas.

Otro de sus puntos conflictivos es el de las indemnizaciones por despido. Hasta ahora, en Francia, éstas eran establecidas por un tribunal. El cambio propuesto era que hubiese un techo fijo para los despidos abusivos, pero ante las protestas el Ejecutivo incluyó en el texto un baremo que sirva de referencia para la Justicia. Si bien la reforma no toca la semana laboral de 35 horas, sí lo hace con la remuneración de las horas extra. En la actualidad, cuando el empleado trabaja más de 35 horas por semana, la empresa debe pagar un 25% más por las primeras ocho horas suplementarias y 50% más a partir de ahí. A partir de ahora, podrá negociar con los sindicatos que sólo sea del 10%, el mínimo legal, aunque el acuerdo sectorial sea superior. Precisamente, que los acuerdos negociados por las empresas y los sindicatos prevalezcan sobre los distintos sectores de la industria es lo que más se ha cuestionado en la calle durante los últimos meses.

La ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, que da nombre al texto, se defendió ayer asegurando que el Ejecutivo ha mostrado una «voluntad sincera de diálogo» y subrayó que se habían examinado casi mil enmiendas y un tercio de ellas se han incluido en el texto.

El precedente

Ésta es la segunda ocasión en que el Gobierno socialista acude al mecanismo del decreto para sacar adelante sus proyectos. El año pasado lo hizo con la llamada «Ley Macron» o de liberalización económica, que toma el nombre del titular de la cartera económica, Emmanuel Macron, que permitió desbloquear las trabas que frenan la apertura de comercios en domingo, la rebaja de peajes de autopistas o la apertura del sector de empresas del transporte. Ya en su momento, este decreto fue fuertemente contestado por sectores sindicales y por el sector «rebelde» del Partido Socialista, que lleva dos años enfrentado a las políticas del tándem Hollande-Valls. Y, por lo que parece, este decreto sólo será un punto y seguido. Los sindicatos y las diferentes organizaciones juveniles ya han convocado para mañana mismo una nueva jornada de movilizaciones. La calle vuelve a revolverse contra Hollande.