El «impuesto a la demencia» asusta a la señora O’Connor

Celia O’Connor sufre varias enfermedades y recibe asistencia a diario en su domicilio. El impuesto anunciado por Theresa May a los dependientes como ella, que implica un sistema de copago, angustia a las familias de miles de enfermos como ella y pone en peligro la victoria «tory».

La señora Celia O’Connor reside en Reino Unido. Tiene 80 años, y lleva 16 recibiendo asistencia sociosanitaria. Su marido falleció hace tiempo, y aunque es dependiente, sigue viviendo en su casa familiar. Sufre demencia, entre otras enfermedades, pero le gusta estar en un hogar lleno de recuerdos, rodeada de sus fotos y cerca de sus familiares. Recibe ayuda cuatro veces al día, necesita que alguien esté con ella a la hora de levantarse, vestirse, asearse, preparar la comida, limpiar y a la hora de irse a la cama. Su hijo, Tom O’Connor, cuenta que su padre trabajó toda su vida y su madre crió y cuidó de la familia. Todo el dinero se iba en mantener a los suyos y «con suerte podíamos irnos de vacaciones una semana al año», asegura.

Como Celia, muchísimas personas reciben a diario en sus casas asistencia social en Reino Unido. Y desde que la primera ministra, Theresa May, divulgase el manifiesto conservador, este servicio público está en boca de todos los británicos hasta el punto de que se ha convertido en un asunto decisivo en las encuestas de cara a las elecciones generales del próximo jueves. Los conservadores han propuesto una nueva ley por la que todos aquellos enfermos que reciban asistencia social en su domicilio y tengan bienes por valor de más de 100.000 libras –incluyendo la vivienda actual– deberán pagar por su propio cuidado. Esta medida, que los laboristas han apodado como «el impuesto a la demencia», ha sentado como un jarro de agua fría a los jubilados británicos, uno de los grupos más importantes en cuestión de apoyo para los conservadores. Debido a las críticas, el impuesto ha sido «parcialmente retirado», pero si los «tories» ganaran las elecciones y la propuesta saliese adelante, los ancianos podrían contraer una deuda al no poder pagar estos abultadísimos gastos, de tal manera que el Estado podría quedarse con sus casas para hacer frente a esa deuda una vez la persona haya fallecido. Los conservadores han explicado que el Gobierno jamás se quedará con la casa si queda un cónyuge vivo. Esta propuesta, además de afectar a los mayores, también afecta a los hijos de éstos, ya que ellos podrían verse privados de la residencia que iban a recibir en herencia.

Tom vive cerca de su madre en Essex, a unos 40 kilómetros de la capital británica: «Le hemos explicado a mi madre lo que significa esta medida. Al principio ella pensaba que tendría que pagar si iba al hospital a recibir algún tratamiento, pero no es así». La medida sólo afectará a las personas que reciban, como Celia, asistencia social en casa. «Creo que la propuesta ha sido mal anunciada y los laboristas la han puesto un nombre horrible, pero simpatizo con la idea de que se contribuya con algunos de los fondos proporcionados para la atención social. Cada vez hay más población envejecida y se necesita hacer algo». Tal y como aseguran los conservadores, en 2028 Reino Unido tendrá otros dos millones de personas con más de 75 años. Como dijo May: «Esto está bien, pero francamente va a costar dinero».

Tom asegura que si esta medida sale adelante, la mentalidad sobre el ahorro va a cambiar, ya que «significará que los padres que han sido ahorradores, cuidadosos y sensatos con el dinero no podrán dejar tanto a sus hijos como deseaban». Si estos padres «estaban buscando dejar un legado para ayudar a sus familias, éste se verá diezmado», sobre todo al poner la barrera de las 100.000 libras.

De acuerdo con la organización Alzheimer Society, a una persona con un sueldo básico le llevaría 125 años ahorrar para poder pagar los costes habituales de una enfermedad como el Alzheimer en Reino Unido. A esta cifra hay que sumarle la publicada por la BBC, y es que según este medio británico, en el país existen más de 1,7 millones de jubilados que viven en la pobreza» y un millón están considerados como «pobres energéticos».

La ayuda pública que recibe la señora O’Connor es gratuita y está gestionada por una compañía a través de la administración local. Según Tom, su madre «es consciente de que las ayudas estatales pueden reducirse o incluso retirarse para algunas personas, y ella siente que esto no debería ser así en casos donde hay una clara necesidad».

La «tasa de la demencia» le ha pasado factura a la líder «tory». Cuando se anunciaron las elecciones generales, May sacaba una ventaja de 22 puntos sobre su principal rival, el laborista Jeremy Corbyn, pero tras revelar el programa electoral del partido el pasado 17 de mayo –en el que se incluye la polémica medida–, la distancia entre ambos partidos se ha recortado ampliamente, a tan sólo tres puntos entre ambos candidatos. Tras la caída en las encuestas los conservadores han intentado «esconder» o matizar este asunto. De hecho May ha sido preguntada en varias ocasiones y tras rectificaciones poco coherentes que la han puesto en más de un aprieto, ha asegurado que este tema se aclararía después de las elecciones del jueves.

Tom considera que este tipo de medidas deben «ser explicadas y anunciadas con compasión y de una manera sensata» y no «asustando a la gente, que es lo que ha ocurrido». La primera ministra está haciendo todo lo que dijo que no haría: defendió la permanencia de Reino Unido en Europa y ahora va a liderar las negociaciones de un Brexit duro; aseguró que no convocaría elecciones anticipadas, y las ha convocado; y dijo en su discurso al ser elegida primera ministra que «gobernaría para todos, no sólo para los privilegiados», pero sus medidas están demostrando lo contrario.

Los conservadores deben mimar el «voto gris» y por ello han intentado rectificar. Sue Potter tiene 76 años y se define como votante conservadora. Ella forma parte de este llamado «voto gris», el que se refiere a personas mayores de 65 años que conforman la base electoral de los conservadores. Sue asegura que tanto ella como su marido, de 82 años, usan la sanidad pública aunque no han requerido de asistencia social: «La sanidad funciona, pero tengo amigas que reciben asistencia social y no, eso no funciona», asegura. Esta británica lleva toda su vida residiendo en el este de Londres, y aunque no está contenta con la nueva política de los «tories» –«no me parece justo eso de que puedan quitarte la casa»–, seguirá votando por ellos. «Yo se lo dejo a mis hijos, y ya está, ¿no?», pregunta. La asistencia social y la sanidad se han convertido en las principales preocupaciones para los votantes mayores de 65 años.

A May le quedan cuatro días para convencer a los británicos y, en especial para volver a ganarse la confianza de los jubilados si quiere ganar las elecciones. La «premier» convocó estos comicios segura de que ganaría con una amplia mayoría que le debería servir para negociar desde una posición de fuerza con Bruselas, pero su plan parece haberse esfumado, a no ser que las encuestas –que le dan una victoria muy justa frente a Corbyn– se hayan vuelto a equivocar, como sucedió con el Brexit.