El laboratorio político de Syriza: seis veces más gasto social

«Aquí se trabaja todos los fines de semana, no sólo antes de las elecciones», asegura uno de los secretarios de la gobernadora de la región Ática, Rena Dourou, en las oficinas centrales de la Prefectura de Atenas, donde se encuentra el despacho de Dourou desde que tomó posesión el pasado año en el que significó –hasta la rotunda victoria de ayer– en el mayor logro electoral de Syriza. Sobre todo porque la demarcación de Ática comprende Atenas, el Pireo y varias islas, un tercio de la población del país.

El triunfo le dio a Syriza la oportunidad de poner en práctica sus revolucionarias propuestas. Sin embargo, Dourou se ha topado con la contradicción de proteger del despido a los funcionarios, pilar de la estabilidad del país, y a la vez intentar «limpiar» ciertas estancias administrativas para garantizar su funcionamiento. Lidiar con ese dilema ante un sistema público ha imposibilitado cualquier cambio significativo en la solución a la profunda crisis que vive el país. El «trabajo duro» ha sido la principal exigencia de la nueva prefecta a los 2.200 empleados bajo sus órdenes. A finales de setiembre, el Ministerio de Reforma Administrativa –siguiendo un decreto presidencial– quiso volver a examinar los casos de los empleados temporales contratados durante el Gobierno socialista del Pasok en la década de 2000 que pasaron posteriormente a personal permanente con un Ejecutivo de Nueva Democracia, lo que podría desembocar en el despido de funcionarios.

Rena Dourou aseguró que su Prefectura «castigaría a cualquier infractor de la ley», pero que se opondría a «los planes de los que buscan la salida forzada de miles de empleados para cumplir con las condiciones de los prestamistas [la troika]». El bloqueo de esa revisión puso de manifiesto la defensa a ultranza de los trabajadores públicos, uno de los compromisos del programa de Syriza, y supuso el primer conflicto de Dourou con un ministerio tres semanas después de asumir su cargo. El reto de Dourou de «castigar a cualquier infractor de la ley» se inició con la cancelación de los contratos «de favores» sobre el tratamiento de residuos. La basura se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para la prefecta de Ática. Tras años de ineficacia y corrupción en la gestión de los desechos, el problema ha alcanzado una dimensión social y medioambiental preocupante, según el alcalde de la localidad, Gerasimos Paraskevopoulos.

La nueva gobernadora izquierdista ha colocado la lucha contra la corrupción y el trato de favores como su principal desafío, lo que ha provocado cierto malestar entre miembros de la Administración, contratados y pagados durante décadas por los gobiernos de Nueva Democracia y Pasok. Según cuenta Theano Fotiou, parlamentaria de Syriza y candidata en la región de Atenas, Dourou ha conseguido pequeños ejemplos de lo que podrá poner en práctica a partir de ahora a nivel estatal. Pese a la aprobación de 150 resoluciones desde septiembre, la prefecta de Syriza se ha encontrado con recortes en la financiación y unas competencias muy limitadas, lo que ha obstaculizado sus promesas preelectorales.

Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Dourou fue multiplicar por seis el presupuesto social. Esa ayuda de urgencia sirvió para evitar el corte de luz de una parte de las 38.000 familias atenienses que no podían pagar la electricidad. La instalación de bancos de alimentos en colaboración con la Iglesia Ortodoxa, la asistencia médica para los desprotegidos y el apoyo a mujeres víctimas de maltratos han sido otras de las iniciativas promovidas por la prefectura de los izquierdistas.