Westminster se reabre para forzar un Brexit pactado

El «premier» no asume su responsabilidad por la sentencia del Supremo e insta al Parlamento a que presente una moción de censura.

La mejor defensa es un buen ataque. Y ésa es la estrategia por la que apostó ayer Boris Johnson. El «premier» compareció en la Cámara de los Comunes por primera vez después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo, que tachó de «ilegal» su decisión de derogar Westminster. La sentencia pilló al líder «tory» el martes en Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de la ONU, pero ante la crisis política decidió adelantar su vuelta. Tal y como había adelantado, no hubo ni una palabra de disculpas ni una mínima intención de plantease su dimisión. En su lugar, el «premier» mostró una actitud de lo más desafiante y culpó al Parlamento de no querer ejecutar la voluntad expresada por los británicos en el plebiscito de 2016. «Votaron por el Brexit, quieren que se ejecute el Brexit y yo quiero ejecutarlo», recalcó.

Una vez más se comprometió a sacar al país del bloque el 31 de octubre, «con o sin pacto». «Mi prioridad es negociar un acuerdo de salida con Bruselas, pero el Parlamento en todo momento quiere hacer naufragar las negociaciones», matizó.

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ya había adelantado que no estaba entre sus planes inmediatos presentar una moción de censura contra el «premier», ya que antes quiere descartar por completo la posibilidad de un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre, cuando termina la actual prórroga concedida por Bruselas. Si hubiera comicios adelantados antes de esa fecha, tal y como quiere el Gobierno, en caso de que Johnson se hiciera con el poder, podría llevar a cabo el temido divorcio caótico.

Existe la posibilidad de que se presente una moción de censura si hay total garantías de que los partidos de la oposición acuerden formar un Gobierno temporal para solicitar una nueva extensión a Bruselas. Por el momento, no existe consenso para que Corbyn lidere este Ejecutivo. Todas las formaciones de la oposición han pedido la dimisión del primer ministro, un proceso que no forzaría comicios inmediatos.

Ante la negativa de Johnson a abandonar su cargo, la estrategia de oposición y «tories» rebeldes es hacerle la vida imposible hasta que se agoten los plazos. De momento, están consiguiendo su objetivo. En la corta semana que tuvieron a principios de septiembre antes de la suspensión de las Cámaras, lograron aprobar por vía rápida una ley que obliga ahora al Gobierno a pedir una nueva prórroga si no se consigue cerrar un pacto para el 19 de octubre.

La UE celebra una cumbre clave el 17 y 18, pero cada vez existen menos posibilidades de que se logren avances. Al fin y al cabo, Bruselas no tiene mucha esperanza de que cualquier acuerdo propuesto por Johnson vaya a ser ratificado por Westminster

Por lo tanto, las próxima semanas se antojan complicadas para el «premier», al que le va a costar más aún recuperarse del «jet lag». Tras conocer la sentencia, el líder «tory» habló desde Nueva York por teléfono con la reina Isabel II, tal y como confirmó un portavoz de Downing Street, que no quiso dar más detalles.

Por otra parte, el «premier» también dirigió una reunión de Gabinete por videoconferencia durante unos 30 minutos en la que, según se filtró a la BBC, el líder de los «tories» en la Cámara de los Comunes, el euroescéptico Jacob Rees-Mogg, llegó a calificar de «golpe constitucional» la decisión del Supremo.

Durante el acalorado debate que se vivió a lo largo de toda la jornada, la oposición utilizó también las palabras de Rees-Mogg para criticar con dureza al Gobierno. Aunque el Fiscal General del Estado, Geoffrey Cox, defendió que el Ejecutivo había actuado en todo momento «de buena fe». En la penúltima semana de agosto, Cox señaló al «premier» que la suspensión estaba dentro del marco «legal y constitucional», según Sky News, que ahora sugiere que Downing Street podría querer mostrar al abogado como responsable de la bochornosa derrota en los tribunales.

Pero lo cierto es que Johnson discutió primero la estrategia con Nikki da Costa, director de Asuntos Legislativos del Número 10, y Dominic Cummings, cerebro de la campaña euroescéptica del referéndum de 2016, convertido ahora en el hombre que realmente mueve los hilos en la residencia oficial del primer ministro. Ambos se reunieron con el líder «tory» el 15 de agosto.

Ante las insistentes peticiones de la oposición, el Fiscal General recalcó que «sopesará» hacer público el asesoramiento legal que dio al primer ministro. En cualquier caso, la actitud de Cox fue bastante altiva. No solo se negó a pedir perdón, sino que llamó en reiteradas ocasiones «cobardes» a la oposición por no querer aceptar la celebración de elecciones.