El Supremo de Venezuela en el exilio ordena la disolución de la Constituyente

El pasado 13 de octubre, 18 de los 33 magistrados designados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, se configuraron como «Tribunal Supremo en el exilio» en una ceremonia en la OEA.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio, ordenó hoy la disolución de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) "de facto"y activó la resistencia pacífica del pueblo venezolano, prevista en un artículo de la Constitución de 1999.

En un fallo firmado por esa sala, al que Efe tuvo acceso, se responde a una denuncia de inconstitucionalidad planteada por los políticos Diego Arria, María Corina Machado, Antonio José Ledezma y Cecilia Sosa en relación con la creación de la ANC y los actos emanados de ella.

El pasado 13 de octubre, 18 de los 33 magistrados designados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, se configuraron como "Tribunal Supremo en el exilio"en una ceremonia en la OEA.

Los magistrados de la sala, equivalente a un tribunal constitucional, consideran en su fallo, que lleva fecha de hoy, que la ANC ha pretendido funcionar sin la decisión expresa del pueblo venezolano de convocarlo como lo exige el artículo 347 de la Constitución.

El fallo fue dado a conocer por el presidente de la sala constitucional del TSJ venezolano en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, quien acudió hoy a un foro sobre la reinvención de los partidos políticos en Miami.

En dicho foro participan, entre otros asistentes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien autorizó a los magistrados del TSJ venezolano en el exilio a reunirse en las instalaciones del organismo en Washington, y magistrados del tribunal que trabajan desde la capital estadounidense.

En su fallo de hoy la sala constitucional llama a las autoridades nacionales, civiles y militares, y al pueblo venezolano a "acatar esta decisión vinculante".

También activa la resistencia pacífica, "habida cuenta de que todos los ciudadanos investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, tal como lo ordena el artículo 333".

Por lo tanto, "los ciudadanos civiles y militares tienen el legítimo deber de desconocer, resistir y desobedecer toda actuación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente conforme a lo previsto en el articulo 350".

Asimismo se insta a la Sala de Casación penal del TSJ a determinar la responsabilidad penal a que hubiere lugar contra las personas que han ejecutado y convalidado "los actos fraudulentos, en especial los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente".

El alto tribunal ordenó remitir copia del fallo a los poderes públicos, empezando por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de la sala constitucional del TSJ subrayó que el fallo, que es vinculante, no solo da respuesta a denuncias de los cuatro ciudadanos demandantes sino los de organismos internacionales y derechos humanos, gobiernos latinoamericanos y de otras regiones, e instituciones de dentro y fuera de Venezuela.

EFE