El uribismo, insatisfecho con la «reforma cosmética» de Santos

El nuevo acuerdo mantiene que los criminales de las FARC accedan al Congreso y eviten las penas de cárcel

Manifestación en el centro de Bogotá a favor del segundo acuerdo de paz del Gobierno colombiano con las FARC
Manifestación en el centro de Bogotá a favor del segundo acuerdo de paz del Gobierno colombiano con las FARC

Como ya adelantó este diario, hay líneas rojas infranqueables que el uribismo no piensa cruzar. Por más que los «medios santistas» lancen la campanas al vuelo, el proceso de paz de Colombia todavía tiene un largo camino de espinas que recorrer. Son los puntos cruciales del pacto de La Habana los que siguen obstaculizando un gran acuerdo nacional.

El Centro Democrático, el partido fundado por el ex presidente y senador Álvaro Uribe, se muestra «totalmente insatisfecho» con la revisión de los acuerdos con las FARC en dos temas especialmente delicados. El senador Alfredo Rangel, uno de los hombres del uribismo que han participado en los contactos con el Gobierno, criticó ayer en declaraciones a LA RAZÓN que el Gobierno de Juan Manuel Santos mantiene en el nuevo texto que los responsables de crímenes de lesa humanidad podrán participar como diputados en el Congreso de la nación al mismo tiempo que se libran de penas de cárcel. Los partidarios del «no» han pedido en múltiples ocasiones que los guerrilleros con las manos manchadas de sangre cumplan penas de hasta ocho años de prisión.

A la espera de que el Centro Democrático y el resto de agentes sociales que abanderaron el «no» expresen su postura oficial, Rangel afirmó que el nuevo texto tiene «muchos retoques cosméticos» y critica «que los temas de fondo no han sido tocados» en el segundo acuerdo negociado con la guerrilla en Cuba.

La visión del presidente Santos es completamente opuesta: «En 56 de los 57 temas hubo cambios y mejoras», afirmó el mandatario colombiano, que acudirá a recoger su premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre en Oslo, (Noruega). El segundo de la narcoguerrilla, Iván Márquez, argumentó que las FARC han cedido «incluso extendiendo las fronteras que nos habíamos trazado».

El uribismo lamentó que los responsables de crímenes de lesa humanidad no cumplan penas de prisión por los delitos que han cometido durante el conflicto armado. «Se mantienen las penas simbólicas en amplias zonas del país», añadió Rangel en referencia a la privación de libertad prevista para quienes reconozcan sus delitos. Rangel calificó de «exabrupto» el hecho de que los criminales de las FARC «pasen de la mesa de conversaciones al Congreso».

La principal guerrilla colombiana ha aceptado que el acuerdo no se incorpore a la Constitución y que los magistrados que juzguen sus casos sean nacionales y no extranjeros. Además, asume que la Corte Constitucional tenga la última palabra ante un hipotético recurso planteado por un afectado. Las FARC, finalmente, también aceptan que se establezca un tope de diez años a la jurisdicción especial para la paz creada para juzgar a los criminales. En el primer acuerdo de La Habana, ese sistema de justicia transicional se mantenía vigente sine die. Asimismo, la guerrilla asume la obligatoriedad de reparar a sus víctimas a partir del inventario de patrimonio que se ha comprometido a elaborar.

El uribismo también ha criticado que el Gobierno no entregara los nuevos acuerdos a los agentes del «no», quienes se enteraron del contenido a través de los medios de comunicación. También exigen que este segundo texto no sea definitivo y que se mantenga abierta la posibilidad de introducir nuevas modificaciones para satisfacer las demandas principales del uribismo.

Uno de los grandes líderes opositores al acuerdo, el ex procurador Alejandro Ordóñez, ha señalado que pidió que haya un nuevo plebiscito pafra refrendar el pacto. «La última palabra la tienen los colombianos. Un nuevo acuerdo sólo es posible si los colombianos con su voto lo aprueban», dijo Ordóñez en su cuenta de la red scial Twitter. La ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez también ha reclamado que no se presente el texto como definitivo ni ante la opinión pública ni ante la comunidad internacional, «sino que nos permitan la reacción consecuente con nuestros esfuerzos y propuestas para que cualquier ajuste adicional se haga de la manera constructiva y responsable».

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, felicitó al Gobierno colombiano y a las FARC por el acuerdo de paz modificado y confió en que sea una nueva oportunidad para avanzar hacia una «paz sostenible» en el país.

El jefe del equipo negociador de la guerrilla, Iván Márquez, explicó que el pacto incorpora al menos el 65% de las propuestas de los representantes del «no» en lo referente al tema de Jurisdicción Especial para la Paz (la justicia transicional) y casi el 90% en temas de igualdad de género, un asunto que despertó la oposición de sectores religiosos.

Por su parte, Santos aclaró que el partido político de las FARC no podrá inscribir candidatos para las 16 curules (escaños parlamentarios) transitorias en la Cámara destinados a las regiones afectadas por el conflicto.

Además, el presidente también adelantó que el acuerdo no pasará a formar parte de la Constitución, hecho criticado en repetidas oportunidades por su antecesor, Álvaro Uribe. «Solo se incorporarán al bloque de constitucionalidad los temas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución», explicó Santos.

Aunque la Corte Constitucional podrá revisar las decisiones de la justicia transicional, los jueces extranjeros sólo podrán participar en calidad de asesores. En el plano económico, se decidió reducir en 30% la financiación destinada al partido político que derive de la narcoguerrilla, un fondo acordado para que compita «en igualdad de condiciones con los demás partidos».