En la frontera del caos, por García-Margallo

La responsabilidad de proteger requiere que pasemos de las palabras a los hechos. Cada hora que pasa miles de venezolanos se ven silenciados y perseguidos.

En una de las primeras entrevistas que celebré como ministro con Hilary Clinton en Múnich, a principios de 2012, pasamos revista a los asuntos más candentes de la esfera internacional. Cuando llegamos a Siria, Clinton lo intentó zanjar: Siria dejará de ser un problema en muy poco tiempo. Le pregunté qué había que hacer con Bashar al Asad, respondió muy segura de sí misma: «Los días de Al Asad está contados». No parece que Hillary vaya a pasar a la historia por sus dotes proféticas: Bashar al Asad ganó la guerra, Rusia ha aumentado su influencia en el área y la oposición ha desaparecido prácticamente. Siria es una más, solo una más, de las tragedias humanitarias propiciadas por la inacción de la comunidad internacional. Caracas, no puede ser otra Srebrenica, ni Venezuela otra Ruanda u otro Yemen.

En Venezuela estamos hoy en una situación de empate técnico. Más de cincuenta países reconocen a Guaidó como presidente legítimo, pero Maduro sigue controlando el ejército y a las milicias bolivarianas. Además, cuenta con China y Rusia para vetar cualquier intento de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorice una intervención por aplicación del principio de responsabilidad de proteger; principio que, por ahora, no es un principio legal sino un compromiso moral y político, que, en raras ocasiones, se ha traducido en una intervención militar efectiva (boots on the ground). La catastrófica intervención en Libia en 2012 es un recordatorio para no olvidar.

Se han explorado otras vías de solución como la posibilidad de recurrir a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde no hay vetos, o pedir la autorización a la Organización de Estados Americanos, aunque hay serias dudas de que ninguna sea coherente con el derecho internacional. Así las cosas, la única intervención posible correría a cargo de los Estados Unidos y Lavrov, Ministro de Exteriores ruso, ya ha advertido que la aplicación en el siglo XXI de la doctrina Monroe no sería bienvenida por parte de Rusia. Y lo que es peor, sería acogida con reticencia por muchos países americanos. Invasiones como las de Granada (1983) o Panamá (1989) ya no se llevan.

Pero una cosa es que hoy no parezca posible el recurso a la fuerza y otra que deba descartarse si Maduro continúa negándose a llegar a una solución pactada. Václav Havel, presidente de la República Checa, dijo: «Defender a los seres humanos es una responsabilidad mayor que la inviolabilidad de un estado. La principal responsabilidad del estado es proteger a su gente y cuando no lo hace pierde o renuncia a sus derechos soberanos». Kofi Annan, secretario general de la ONU, también fue claro: «No hay ningún principio jurídico, ni siquiera la soberanía, que pueda invocarse para proteger a los autores de crímenes de lesa humanidad. La intervención armada debe seguir siendo el último recurso pero es una opción que no debe desecharse». Por último, Butros-Ghali, también SG de la ONU, fue aún más claro: «La acción internacional debe plantearse cuando los estados se revelan indignos de su misión, cuando contravienen los principios fundamentales de la Carta y cuando lejos de ser protectores de la persona se convierten en sus verdugos».

¿Qué podemos hacer el resto de las naciones para impedir que en Venezuela se consuma una tragedia humanitaria de incalculables consecuencias? Utilizar todos los recursos a nuestro alcance para obligar a Maduro a negociar cuanto antes con el presidente Guaidó una salida pacífica a la situación. Es cierto que las negociaciones anteriores, en 2014 y 2017, solo sirvieron para dar oxígeno a un régimen agonizante, pero también que en aquellos días Maduro creía controlar la situación y no tenía interés en sentarse a la mesa. La situación ha cambiado, el caos es una realidad cotidiana. La población venezolana (incluso los sectores más afectos al chavismo) se le han revuelto; se han empezado a producir deserciones en el ejército y en el servicio de información (aunque todavía no masivas); la comunidad internacional ha reconocido a Guaidó mayoritariamente; el Fondo Monetario Internacional acaba de alertar de que la economía venezolana está al borde del naufragio absoluto. El régimen sabe que sus horas están contadas. Maduro debe sentarse a dialogar.

El Grupo de LIMA (catorce países americanos que desde 2017 buscan una salida para Venezuela) debe seguir liderando el proceso, pero no basta. Por eso la Cancillería de Perú ha acordado proponer al Grupo de Contacto Internacional (formado por doce países europeos y latinoamericanos) «una urgente reunión de representantes de ambos Grupos para buscar la convergencia en el propósito común de lograr el retorno a la democracia». Este grupo podría jugar un papel similar al del Grupo de Contadora en Centroamérica hace unas décadas. Además, la Unión Europea no puede permanecer al margen y ahí España tiene que jugar un papel relevante. Lo primero que debe hacer ese grupo es exigir la reforma del poder judicial y del electoral, al servicio de Maduro, para garantizar su neutralidad en unas elecciones presidenciales a convocar de inmediato. Elecciones que deben celebrarse bajo el control de las instituciones internacionales. En esas conversaciones se debe abordar la crisis humanitaria que ha llevado al país al borde de su extinción.

La responsabilidad de proteger requiere que pasemos de las palabras a los hechos porque cada hora que pasa miles de venezolanos se ven silenciados, perseguidos, encarcelados o al borde de la inanición.