Fiebre rusófila en Crimea

La península del mar Negro celebra en un ambiente patriótico su primer año bajo ocupación rusa pese al aislamiento y las sanciones internacionales.

La anexión de Crimea cumple mañana un año, desplazada del foco de atención internacional por la guerra en el este de Ucrania. A pesar de ciertas privaciones que ha traído a la vida cotidiana, la incorporación a Rusia goza de gran popularidad entre la población de la península. La asociación proucraniana Liberar Crimea, financiada con fondos canadienses, llevó a cabo una encuesta a finales de enero según la cual un 82% apoya completamente la adhesión, cifra que aumenta hasta el 91% en los sondeos de organismos rusos. Un apoyo a prueba de dificultades: las sanciones obligaron a las empresas occidentales a cerrar sus negocios y marcharse, los cajeros automáticos apenas funcionan y hay frecuentes cortes del suministro eléctrico, pues éste aún depende de Ucrania.

La península está más aislada, desde un punto de vista político, pero también en cuanto al transporte, lo que repercute en el turismo. Sólo hay vuelos directos desde Rusia y llegar desde Kiev requiere una odisea de tren, autobús y taxi de casi 24 horas. El suministro de bienes de consumo es en general suficiente, si bien depende de los transbordadores que conectan la península con Rusia a través del estrecho de Kerch, a merced de la climatología.

Varias ONG han denunciado el asfixiante clima político que han creado las autoridades locales, en guardia ante cualquier síntoma de deslealtad hacia Moscú, sirvan de ejemplo los pasaportes. Si bien la adopción del título ruso era voluntaria, según relata un informe de la Freedom House, «conservar a día de hoy un pasaporte ucraniano en Crimea equivale a traición». Con la anexión, la peor parte se la llevó la minoría tártara (13% de la población), que boicoteó el referéndum y en general se opone al nuevo estatus. Varios líderes de la comunidad han sido vetados y residen en Kiev, mientras que otros están en la cárcel. Se calcula que entre 10.000 y 20.000 se habrían mudado a Ucrania en este año.

Por otra parte, en este tiempo hemos ido conociendo detalles sobre la anexión, proceso que entonces Moscú justificó como la espontánea expresión de la voluntad del pueblo de la península (plasmada en un referéndum), pero que ahora sabemos que atendió a un plan del Kremlin, como el propio presidente Vladimir Putin reconoció con orgullo en un documental emitido el domingo en la televisión rusa. «Teniendo en cuenta la composición de la población de Crimea [58% de rusos étnicos], la situación podría haber acabado aún peor que en Kiev. Intervinimos para evitar un derramamiento de sangre», relata el líder ruso, que afirma que estaba dispuesto a poner las fuerzas nucleares en estado de alerta en caso de una intervención militar occidental.

Sólo cinco días después de la caída en Kiev de su aliado Viktor Yanukovich, grupos de militares uniformados pero sin distintivos, disciplinados y fuertemente armados, tomaron el Parlamento regional de Crimea, donde los diputados votaron la convocatoria de un referéndum de independencia. Moscú alegó entonces, contra toda evidencia, que aquellos uniformados eran «grupos de autodefensa». Meses después, el Kremlin admitió lo evidente, que se trataba de tropas rusas «para garantizar la seguridad en el referéndum de reunificación», siendo algunos de los soldados incluso condecorados por la operación.

Aunque la Unión Europea insistió ayer en condenar la anexión y tacharla de «ilegal», diplomáticos comunitarios reconocen «off the record» que Crimea es un caso perdido y que la decisión sobre nuevas sanciones a Moscú pasa sólo por el cumplimiento de Minsk y ya no por la devolución de la península. «Si hay que descongelar el conflicto, y el mayor desencuentro es Crimea, busquemos una solución imaginativa que permita a las dos partes salvar la cara», recomendó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, a finales de enero. Esa solución pasaría por elevar el contencioso al Tribunal Internacional de La Haya, donde Rusia podría argumentar que la cesión de la península por Nikita Kruschev en 1954 incumplió la constitución vigente en la URSS.

La canciller alemana, Angela Merkel, expresó ayer su respaldo al presidente ucraniano, Petró Poroshenko, de visita en Berlín, aunque sin entrar a hablar ni de nuevas sanciones a Moscú ni, menos aún, de un eventual boicot al Mundial de Fútbol de 2018. Es necesario «intensificar todas las gestiones políticas y diplomáticas» hasta lograr que se cumplan los acuerdos de Minsk, ya que hoy por hoy no hay «alternativa» a una solución pacífica y política al conflicto, indicó la canciller. Poroshenko, por su parte, insistió en calificar el conflicto ucraniano de «guerra global», en que además de la seguridad de su país está en juego la de toda Europa.