Hong Kong da por “muerta” la ley de extradición

Carrie Lam, la jefa del Ejecutivo, trata de mitigar las protestas en una vaga declaración en la que promete también investigar la represión policial. La oposición asegura que saldrá de nuevo a la calle.

«La ley está muerta». Así es como la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, afirmó ayer que se encuentra el proyecto de ley de extradición que tanta polémica ha causado entre la sociedad de la ex colonia británica en el último mes y tanta tensión ha generado con el Gobierno de Pekín. Pero una vez más, este gesto conciliador de la mandataria no ha logrado calmar los ánimos de los opositores a una norma que ya había quedado suspendida el pasado 15 de junio de manera indefinida. Para los promotores de las protestas, las ambiguas declaraciones de Lam no implican la retirada definitiva de la medida y han asegurado que continuarán con sus demandas hasta lograr su objetivo.

Tras las últimas manifestaciones vividas en la ciudad, la líder hongkonesa reconoció ayer que la iniciativa ha sido un «completo fracaso». «Todavía hay dudas sobre la sinceridad del Gobierno o preocupaciones sobre si el Gobierno piensa reiniciar el proceso (del proyecto de ley) en el Legislativo. Por eso lo reitero: no hay ningún plan en este sentido, la ley está muerta», afirmó ante los medios locales y extranjeros.

No fue suficiente, según la oposición, que desconfía de Lam y no ceja en su empeño de conseguir su dimisión. «No por repetir una cosa una y otra vez se convierte en algo mejor. Sigue rechazando retirar la ley. La palabra ‘‘muerta’’ no tiene ningún significado legal», indicó Bonnie Leung, portavoz del Frente de Derechos Civiles y Humanos de Hong Kong. Dicha organización ha sido la que en las últimas semanas ha convocado las manifestaciones más multitudinarias contra una propuesta que, de seguir adelante, podría permitir extraditar a cualquier detenido en esta región administrativa especial a China, país que no garantiza los procesos independientes.

Ese temor ha sido lo que ha empujado a los ciudadanos hongkoneses de los sectores más diversos a movilizarse en contra de esta ley. En los últimos treinta días, Hong Kong ha vivido cuatro grandes protestas, en las que miles de manifestantes han mostrado su rechazo a la medida, incluso en una de ellas se llegó a alcanzar –según los organizadores– la cifra de dos millones de participantes. Sin embargo, no fue hasta la marcha del 1 de julio cuando el pacifismo reinante entre los participantes dio un giro con el asalto al Parlamento de la ciudad por cientos de jóvenes, una acción que pese a ser ampliamente criticada por el gobierno local y por Pekín, no logró dividir a la sociedad como en un primer momento se pensó.

Desde que todo empezó, a la exigencia de retirar la ley se han añadido otras demandas por parte de los ciudadanos. Entre ellas, la investigación de los supuestos abusos de la Policía el pasado 12 de junio, cuando miles de ciudadanos rodearon el Parlamento para impedir la segunda lectura del proyecto y los cuerpos de seguridad los dispersaron a golpe de gases lacrimógenos y pelotas de goma. Otras de las peticiones son poner en libertad a los detenidos; que se retire la catalogación de los hechos como «disturbios», ya que puede suponer penas de cárcel de hasta diez años para los participantes; la mencionada dimisión de Lam; y la reforma del sistema electoral para que se permita el sufragio universal.

Ante este enrarecido panorama, Lam trató de tender una mano a sus insatisfechos ciudadanos y anunció una investigación del Consejo Independiente de Quejas de la Policía para aclarar la actuación de los agentes en las últimas jornadas en las que hubo enfrentamientos con los opositores. «Vamos a publicar el resultado de la información para que todo el mundo sepa qué ha pasado durante el último mes. La gente que ha participado, tanto manifestantes como agentes de policía, podrán aportar pruebas sobre lo que ha sucedido», apuntó. Del mismo modo, trató de distanciarse del calificativo de «disturbios» para referirse a los incidentes y abrió las puertas al diálogo con los jóvenes. «Tenemos que escuchar a las generaciones más jóvenes y de diferentes sectores para saber qué es lo que piensan», señaló. Sin embargo, de dejar el cargo o hacer cambios en las filas de su gobierno, nada. «Queremos una oportunidad y espacio» para sacar a Hong Kong de este aprieto y volver a la normalidad, aseveró, mostrando su intención de mantenerse en el cargo.

De una manera u otra, Hong Kong lo tiene difícil, y más teniendo en cuenta que su sistema político está controlado por Pekín, ya que su líder es nombrado por un comité de 1.200 personas que elige al jefe del Ejecutivo entre varios candidatos que propone el gobierno central. «El Gobierno necesita una reorganización radical, tanto en su mentalidad como en sus políticas y sistemas, o los días de Hong Kong como una ciudad de Asia vibrante y, sobre todo, segura, estarán contados», escribió la legisladora pro-Pekín, Regina Ip, en un artículo publicado el lunes en el diario SCMP.

Por su parte el Gobierno chino se limitó a reiterar su «apoyo», «entendimiento», y «respeto» al Ejecutivo de Lam y sus decisiones. En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, insistió en que los asuntos de Hong Kong son «de índole interno» y que «ninguna organización, fuerza extranjera o individuo tiene permitido injerir en ellos».