Italia revisará 45.000 puentes tras el derrumbe

El Gobierno achaca a la falta de mantenimiento el derrumbe del viaducto Morandi y retirará la licencia a la concesionaria. Decreta el estado de emergencia en Génova durante un año.

Horas después de la terrible tragedia en la que al menos han perdido la vida 39 personas, además de llorar sus muertes, Italia ha comenzado a analizar las posibles causas que provocaron el desplome de una parte del Puente Morandi y se ha desatado la polémica nacional sobre el estado de las anticuadas infraestructuras que jalonan todo el país.

Ha sido el nuevo Gobierno populista italiano, tras mantener ayer una reunión de emergencia en Génova, el que ha acusado directamente a la empresa concesionaria de las autopistas, Autostrade, de propiedad en un 30% de la familia Benetton, de haber aplazado los controles y el mantenimiento del viaducto que se vino abajo el martes. «Una compañía que gana miles de millones en peajes debe explicar a los italianos por qué no ha hecho todo lo posible para invertir buena parte de esas ganancias en seguridad», se quejó el ministro del Interior, Matteo Salvini.

Danilo Toninelli, ministro de Infrastructuras, fue más allá. Pidió la dimisión de la cúpula directiva de Autostrade y anunció la revocación de las concesiones a la empresa encargada del mantenimiento del puente y una posible multa de hasta 150 millones de euros. Tpmomeñño recalcó que quienes sean responsables «de esta tragedia injustificable deben ser castigados» y habló de las empresas que gestionan las autopistas italianas, «a las que desembolsamos los peajes más caros de Europa mientras ellos pagan concesiones a precios vergonzosos». «Recaudan miles de millones, pagan en impuestos unos pocos millones y no realizan ni siquiera el mantenimiento que sería necesario en puentes y ejes viarios». «Si no son capaces de gestionar nuestras autopistas, lo hará el Estado», aseguró antes de anunciar «un verdadero Plan Marshall para asegurar las infraestructuras del país».

Salvini responsabilizó también ayer a la Unión Europa del colapso del puente al lamentar las restricciones presupuestarias que someten, a su juicio, a Italia. «Si las limitaciones externas nos impiden gastar para tener carreteras seguras y escuelas, realmente hay que cuestionarse si tiene sentido seguir estas reglas». No puede haber un intercambio entre las reglas fiscales y la seguridad de los italianos», sentenció el líder de la Liga Norte. No obstante, Bruselas salió al paso de estas palabras y recalcó que el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras es potestad de los Estados miembros.

Comisario de reconstrucción

Aunque es pronto para conocer las causas exactas del derrumbe, todo apunta a que el problema sí residiría en la estructura y la falta de mantenimiento, aunque la concesionaria informó ayer de que el Morandi se revisaba cada tres meses cumpliendo toda la normativa. Pero una de las primeras medidas anunciadas por el Ministerio de Infraestructuras ha sido la de «auditar» todos los puentes y túneles, unos 45.000 en todo el país. «Ahora veremos todos lo que se ha hecho mal. Hay que ser claros: Autostrade ha sido cubierta por los Gobiernos precedentes», afirmó el viceprimer ministro Luigi di Maio.

«El problema de que se haya venido abajo el puente depende del hecho de que, cuando pagamos un peaje, imaginamos que ese dinero será invertido en el mantenimiento, pero en lugar de eso se dividen las ganancias y los puentes se vienen abajo», señaló también Di Maio.

Sin embargo, la empresa concesionaria ha salido al paso de las acusaciones del Gobierno italiano, asegurando que el viaducto estaba sometido a controles periódicos sujetos a la normativa del país transalpino. Sus explicaciones finalmente no fueron escuchadas porque a última hora de la tarde y tras concluir un Consejo de Ministros extraordinario, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, confirmó la activación del procedimiento para la revocación de la concesión a Autostrade. En la reunión se decretó, además, el estado de emergencia en Génova por doce meses y se decidió destinar un paquete de cinco millones de euros «para cubrir las primeras intervenciones urgentes».

«Tragedias como ésta son inaceptables en una sociedad moderna y no tienen que suceder. Haremos todo lo posible para evitar que haya más. No podemos esperar los tiempos de la justicia penal, tenemos la obligación de hacer viajar con seguridad a los ciudadanos. No hay duda de que Autostrade tenía la obligación del mantenimiento del viaducto», declaró. Conte anunció también el nombramiento lo antes posible de un comisario especial que garantice la reconstrucción.