Jaque judicial a la columna vertebral de la petrolera chavista

Un juez federal de Estados Unidos, Leonard P. Stark, autorizó el jueves el embargo de la empresa petrolera Citgo para cumplir con pagos pendientes del Gobierno cdhavista a la empresa canadiense Cristallex International Corporation, por derechos mineros perdidos en Venezuela. La orden de embargo recae sobre las acciones de la compañía matriz Citgo, residenciada en Houston. La amplitud de la medida no ha sido detallada, pues la sentencia fue sellada y solo podrá ser revisada dentro de unos días. En 2008, Hugo Chávez ordenó la expulsión de Cristallex de la mina Las Cristinas, al sur del país, por considerarla estratégica para la nación. La firma canadiense reclamó entonces el pago de la inversión realizada en su construcción y una indemnización por pérdidas futuras. Citgo es el principal brazo comercializador de Pdvsa en Estados Unidos, donde posee tres refinerías, oleoductos y más de 15.000 estaciones de servicio en el único país que paga en efectivo. Puede refinar 749.000 barriles diarios. La productora es la sexta más grande del país.

«El 16 de agosto es la audiencia para evaluar el embargo de Citgo. Crystallex se podría quedar con las acciones de PDV Holding (propietaria) y los acreedores del bono Pdvsa 2020 no podrían cobrarse», explica Ángel Alvarado, de la Comisión de Finanzas del Parlamento. «Muy posiblemente veamos que otros deudores a los que se les aplicó la suspensión de pagos irán contra activos de Citgo», señaló Luis Oliveros, experto en la materia. «Hay que recordar que Venezuela tiene también otros activos que pueden ser susceptibles de embargs con este tipo de decisiones judiciales», recordó.

El caso abre la vía para que más de una decena de compañías y poseedores de bonos apunten a la refinería venezolana para cobrar las demandas de arbitraje internacional por activos expropiados por Hugo Chávez. En mayo pasado, la norteamericana ConocoPhillips tomó el control de las plantas de Pdvsa en Curazao, también por deudas acumuladas.

Se estima que el Estado y sus diversas empresas tienen en circulación 65.000 millones de dólares en bonos no garantizados, de los cuales adeuda aproximadamente 5.000 millones en capital e intereses.

Alvarado alertó que «el efecto de esta decisión es peor porque afectaría seriamente a la importación de diluyentes desde EE UU, materia prima para la extracción de petróleo pesado y extrapesado en la Faja del Orinoco», columna vertebral del negocio venezolano.