John Major se enfrenta a Johnson en los tribunales

El ex «premier» defiende que la suspensión del Parlamento le arrebata su función de control del Gobierno.

Los británicos fueron ayer testigos de uno de los momentos más dramáticos de la historia reciente al ver cómo un ex primer ministro «tory» declaraba contra el actual primer ministro conservador en un juicio que evalúa si es legal o no haber derogado la actividad de Westminster durante la peor crisis institucional que se vive en Reino Unido. Sin duda alguna, un nuevo episodio del dantesco espectáculo que está dejando la clase política por su incapacidad de ejecutar el Brexit. Y, ante todo, el mejor símbolo para evidenciar la ruptura total del Partido Conservador.

El que fuera inquilino de Downing Street, John Major, aseguró a los magistrados del Tribunal Supremo que la decisión de Boris Johnson para suspender la actividad parlamentaria atiende a un único deseo de evitar que los diputados «interfieran» en su estrategia para sacar al país de la UE.

El ex «premier» no estaba físicamente en la sala, pero su abogado Lord Garnier, leyó en su nombre un testimonio donde se denunció que la suspensión no solo impide que los parlamentarios se sienten en la Cámara de los Comunes para debatir el divorcio, sino que les priva de realizar otras funciones, como hacer preguntas a los ministros, por lo que no hay posibilidades de un adecuado ejercicio político.

El pasado mes de julio, Major anunció que emprendería acciones legales contra el actual líder «tory» si decidía suspender la actividad en la dos Cámaras, como finalmente se anunció al mes siguiente.

Westminster cerró sus puertas el pasado 10 de septiembre y, en principio, no retomará su agenda hasta el próximo 14 de octubre, a poco de la fecha establecida para consumar el Brexit el 31 de octubre. Johnson justificó la medida con el argumento de que precisaba de ese tiempo para confeccionar la nueva agenda legislativa de su Ejecutivo.

En cambio, los demandantes –aparte de Major, hay un grupo de más de 70 diputados y lores, junto con la empresaria pro UE Gina Miller– defienden que obró siguiendo una estrategia para impedir al Parlamento bloquear sus planes respecto al divorcio, que incluían salir del bloque sin pacto si fuera necesario para cumplir los plazos.

Durante el proceso, la máxima instancia judicial de Reino Unido estudia los dictámenes emitidos previamente por dos tribunales diferentes: el Superior de Londres –que falló que la decisión era política, por lo que los jueces no tenían que involucrarse– y el de Apelaciones de Escocia –que no solo considera que la derogación es ilegal, sino que argumenta que Johnson engañó a Isabel II para conseguir de la jefa de Estado su aprobación.

Sin duda alguna, se trata de un juicio histórico con enormes consecuencias constitucionales en un país donde, precisamente, no existe Constitución escrita. Los once magistrados de la corte no solo tienen que decidir, si la derogación es una cuestión legal o puramente política –como argumenta el Gobierno–, sino que, llegados a este punto, deberán especificar si Johnson actuó en contra o no de la normativa.

La clave de todo es definir qué significa la soberanía parlamentaria. Los abogados del Ejecutivo defienden que esto se traduce en que Westminster puede promulgar cualquier ley y ningún otro organismo puede anularla. En este sentido, sostienen que el primer ministro no ha hecho nada para socavar la soberanía. Al aconsejar a la jefa de Estado que suspenda las Cámaras, no ha intentado usurpar el papel del Parlamento como legislador, ni ha violado ninguna ley.

Sin embargo, los abogados de la parte demandante consideran que esto es una visión demasiado limitada del papel «constitucional» del Parlamento. Argumentan que su soberanía exige no solo que se apliquen las leyes, sino que Westminster tenga oportunidades significativas para aprobarlas en primer lugar.

Pannick, letrado de Miller, explicó que la soberanía va más allá de la legislación. Defiende que los parlamentarios también realizan preguntas a los ministros, examinan las políticas, aprueban mociones y mantienen debates. En este sentido, recalca que, tal y como funciona el complejo sistema electoral británico, debido a que los parlamentarios son elegidos por el pueblo y el Gobierno no, estos poderes aseguran que Reino Unido se gobierne democráticamente.

Tras concluir ayer los tres días de audiencia escuchando los argumentos de ambas partes, la presidenta de la corte, Lady Hale, repitió que el caso no decidirá ni cuándo ni cómo Reino Unido abandona la UE. La sentencia será para principios de la próxima semana. Pero el Gobierno adelantó que, si los jueces fallaban contra el primer ministro, «todavía estaría abierta la posibilidad de considerar una prórroga adicional».

En circunstancia normales, el primer ministro puede concluir un período de sesiones y dejar unos días para iniciar el siguiente con el llamado Discurso de la Reina, donde la monarca lee el texto redactado por el Ejecutivo para fijar las prioridades de la próxima sesión. Sin embargo, no se había visto una suspensión tan prolongada desde 1945.