Merkel anuncia mano dura para los refugiados que delincan en Alemania

La canciller anuncia que se facilitarán las expulsiones y se anulará la acogida a los condenados. Los refugiados estarán obligados a integrarse

La canciller anuncia que se facilitarán las expulsiones y se anulará la acogida a los condenados. Los refugiados estarán obligados a integrarse.

Ha transcurrido más de una semana desde las terribles agresiones en Colonia durante Nochevieja y el clima de agitación e incertidumbre en Alemania se mantiene en todo lo alto. Los graves sucesos de Colonia han supuesto un antes y un después en la crisis migratoria y el Ejecutivo no ha tardado en mover ficha. Lo ha hecho endureciendo el régimen de expulsión de los demandantes de asilo en caso de que éstos sean condenados por la Justicia. «Si los refugiados cometen un delito, tendrán que pagar las consecuencias», aseguró la canciller, que reaccionó con mano dura a las agresiones de Colonia y otras ciudades del país. «El derecho de acogida se interrumpirá si existe una pena de reclusión, incluso en el caso de aplazamiento», añadió desde Maguncia, donde se celebraba una reunión de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU). Por tanto, si se demuestra que los 22 demandantes de asilo de los 32 sospechosos detenidos por la Policía han participado en las agresiones de Año Nuevo, podrían perder su derecho a permanecer en el país y su solicitud sería desestimada. Además, la declaración presentada ayer propone obligar a los inmigrantes a aceptar un acuerdo de integración y otorga más autoridad a la Policía para realizar controles. La canciller, tajante, recalcó que si una ley no resulta suficiente para atacar los problemas reales, ésta será modificada para proteger los intereses de los alemanes y «los de la mayoría de los refugiados».

La legislación actual determina que un demandante de asilo sólo puede ser expulsado si es condenado a, al menos, dos años de prisión, siempre y cuando su vida o su salud no estén amenazados en su país de origen. De acuerdo a esta ley, los demandantes de asilo que hayan tomado parte en los actos violentos de Colonia no podrían ser deportados, pues la pena por robo de objetos o por agresiones sexuales está fijada en sólo un año de encarcelamiento. El principal problema, reconocido por la Policía local, es que resulta muy difícil probar qué tipo de delito cometió cada agresor. Con esta medida, que aún debe ser discutida con el otro partido en la gran coalición, el SPD, Merkel responde así a las agresiones y críticas con hechos. «No basta con palabras», apuntilló.

A pesar de estas promesas de acción de parte del Ejecutivo, los ataques masivos de Nochevieja continúan sacudiendo al país y, especialmente, a la ciudad de Colonia. La Policía local actualizó ayer la cifra de denuncias recibidas por mujeres atacadas en las inmediaciones de la estación central de trenes, fijándola en 379, un 40% de ellas por agresiones sexuales. «Las personas que estamos investigando son en su mayor parte solicitantes de asilo y personas que se encuentran de manera ilegal en Alemania», dijo un portavoz policial.

La ciudad fue ayer escenario de manifestaciones de muy distinta índole. A mediodía, entre 500 y 700 mujeres se congregaron frente a la estación de trenes, protestando contra el sexismo y los actos machistas. «Queremos la vuelta de nuestra seguridad», gritaban mujeres de todas las edades al ritmo de silbidos y sonoros golpes a utensilios de cocina. Horas más tarde, un millar de simpatizantes del movimiento Pegida, siglas de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, hacía presencia en el lugar de los hechos tras cruzar el país desde Dresde, su ciudad de origen, apoyados por el grupo de extrema derecha Pro Köln. Muy diferente a la anterior, esta manifestación ultraderechista con marcados tintes políticos, exigía un cambio en la política de Merkel y pedían la clausura de puertas al inmigrante con banderas nacionales y pancartas que versaban «Refugiados fuera», «Inmigrantes violadores» o «Refugiado, tu patria te necesita, Alemania no». Después, la marcha se fue enconando y las Fuerzas de Seguridad, según informó la Policía local, utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar la manifestación. A pocos metros, separados por un cordón policial de 1.700 hombres, una contramanifestación de centenares de personas defendía el derecho del refugiado e instaba a los simpatizantes de Pegida a que no aprovecharan los ataques para avivar el desprecio al inmigrante. Una imagen cuanto menos gráfica de la división del país en dos bandos cada vez más enfrentados por la crisis migratoria.