El malestar social crece en la Francia de Hollande

La huelga de taxistas, controladores aéreos y funcionarios se convierte en la mayor movilización desde la llegada al poder del PS.

Taxis francés durante la huelga
Taxis francés durante la huelga

La huelga de taxistas, controladores aéreos y funcionarios se convierte en la mayor movilización desde la llegada al poder del PS.

El estado de emergencia instaurado en Francia no impidió ayer la movilización de numerosos sectores profesionales para protestar por el deterioro de su situación laboral. Taxistas, profesores de secundaria, controladores aéreos y funcionarios en general protagonizaron ayer huelgas y manifestaciones que ponen de manifiesto el malestar social que reina en el país.

Un malestar que se refleja claramente en la evolución de la popularidad de sus principales dirigentes: el presidente de la República, François Hollande, y su primer ministro, Manuel Valls, que siguen perdiendo la adhesión que generó su gestión tras los atentados. En el barómetro mensual Odoxa para la prensa regional, el 78% de los franceses piensa ahora que Hollande no es un buen presidente y el 64%, que Valls no es un buen primer ministro. Los más ruidosos ayer fueron los taxistas. Unos 1.500 se movilizaron para protestar contra la competencia de los vehículos de transporte con chófer (VTC), que se han ido multiplicando en los últimos años gracias a las aplicaciones de móviles.

Para presionar al gobierno, varias decenas de vehículos bloquearon el periférico en la capital, arrojaron neumáticos y se enfrentaron en algunos casos a las fuerzas del orden, lo que terminó con una veintena de detenciones. Más tarde, cuando Valls recibió a una delegación de representantes, el primer ministro se negó a reunirse con aquellos que habían participado en los actos violentos. El Gobierno francés se siente atrapado entre el dilema de proteger el gremio de taxistas, y no poner cortapisas a una actividad como la de VTC, que ha generado 10.000 puestos de trabajo en los últimos años, y un cuarto de ellos entre parados de larga duración. A pesar de ello, Valls prometió a los taxistas que el Gobierno reforzará los controles de chóferes que no respeten la Ley, y anunció el nombramiento próximo de un mediador que deberá realizar propuestas para establecer una competencia leal entre taxis y VTC. El presidente de la federación nacional de taxis, Michel Gougeon, salió satisfecho de la reunión y dijo que no era «razonable continuar el movimiento», pero no todos compartían su opinión, y anoche seguían movilizados a pesar de las llamadas del prefecto para que se disolvieran. También salieron ayer a la calle miles de funcionarios que, según la CGT, protagonizaron la mayor movilización que ha vivido Francia desde que Hollande ganó las presidenciales de 2012. El motivo de la protesta era la defensa por «un servicio público de calidad y la defensa del empleo», como rezaban algunas pancartas. En definitiva, un aumento de salarios y de efectivos. Philippe Martinez, dirigente de la CGT, señaló que la huelga y las manifestaciones eran necesarias en un momento en el que «patronal y Gobierno intentan culpar a los trabajadores del coste del trabajo».

Los funcionarios estiman que han perdido entre el 8 y el 10% de su poder adquisitivo en cinco años. Desde 2010, los salarios están congelados, una medida tomada por la derecha, pero que el Ejecutivo socialista ha mantenido, y piensa seguir manteniendo, a juzgar por lo que comentó ayer la ministra de la Función Pública, Marylise Lebranchu, que reconoció que «el margen de maniobra es muy estrecho. Hay que mirar las cifras del crecimiento y de los ingresos del Estado» y repitió que no debían esperan un gran aumento en la negociación salarial prevista en febrero.

A pesar de que los sindicatos hablaban de una movilización sin precedentes en los últimos cuatro años, las cifras oficiales indicaban un 11% de huelguistas. Lebranchu dijo, sin embargo, que no infravaloraba la protesta, y que se sentía interpelada por «el simple hecho de que haya una llamada a la huelga». También se vivieron protestas en otras ciudades de Francia, como Toulouse (sur), donde los huelguistas obstruyeron el acceso al aeropuerto, y en Marsella (sureste).