La Justicia Especial que decidirá el futuro de los guerrilleros se pone en marcha

La polémica justicia tendrá que investigar a los acusados de los delitos cometidos durante el conflicto armado

El mismo día que el tribunal que investigará, juzgará y sentenciará a los responsables de los crímenes ocurridos en más de medio siglo de conflicto armado con las FARC comenzó a funcionar, el gobierno volvió a la mesa de negociaciones con el Ejercito de Liberación Nacional –ELN-, la guerrilla más grande de Colombia.

La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue uno de los puntos más polémicos en la negociación de cuatro años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora convertidas en un partido político, y dictaminará sobre casos de asesinatos, masacres, secuestros, desaparición forzada, reclutamiento de menores y abuso sexual, entre otros.

Nace con el ambicioso reto de auspiciar la reconciliación de una nación profundamente dividida entre quienes apoyan la llegada a la política de las FARC después de un acuerdo de paz sellado en 2016 y los sectores más conservadores, que quieren ver a los excombatientes tras las rejas por haber participado en un conflicto que dejó 220.000 muertos en cinco décadas.

Hasta ahora 7.916 personas, incluidos excombatientes de las FARC y efectivos de las Fuerzas Armadas, han manifestado su intención de someterse a la JEP, que contempla penas más benévolas que la justicia ordinaria. También figuran civiles y ex funcionarios del gobierno acusados de haber apoyado escuadrones paramilitares de ultraderecha.

La JEP impondrá penas restrictivas de libertad de entre cinco y ocho años a los que reconozcan su responsabilidad de manera temprana y confiesen los delitos. En tanto, quienes sean condenados sin asumir sus responsabilidades serán sentenciados a penas de cárcel de entre 15 y 20 años, además de trabajo comunitario. La Justicia especial ya está en funcionamiento pero el proyecto de Ley todavía no ha sido aprobado en el Congreso, por lo que los jueces están atados de manos. Las víctimas han mostrado además su desconformidad acerca de la posibilidad de que guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad, acaben cumpliendo condenas en “granjas de reinserción”.

ELN, con prisas

En paralelo la firma con el ELN corre más prisa de lo que parece. Ayer se inició la quinta ronda de diálogo de paz entre la guerrilla colombiana y el Gobierno de Juan Manuel Santos tras pasar por graves momentos de tensión entre ambas partes. No habrá alto al fuego mientras se dialoga. De todas formas si el uribismo se impusiese en las próximas presidenciales de mayo, las conversaciones podrían romperse.