«La Ley de Restitución de Tierras tiene opositores en el Congreso, en las empresas y en las bandas criminales»

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, impulsada por el presidente Juan Manuel Santos en 2011, ha llevado a muchos campesinos colombianos a presentar reclamaciones pare recuperar el territorio del que fueron desposeídos durante el conflicto colombiano. Por ejercer este derecho, muchos han sufrido amenazas y otros han sido asesinados, 64 campesinos desde 2008. El activista de Derechos Humanos y líder campesino Gerardo Vega pudo ser el número 65. Como director de la Fundación Forjando Futuros trabaja desde 2005 en la región del Urabá para ayudar a las víctimas del conflicto que desengra el país desde hace cinco décadas con proyectos en infraestructura, vivienda, salud y alimentación. En 2012 recibió el Premio Nacional de la Paz y el pasado mes de noviembre, tres días después del asesinato del reclamante Girdaldo Padilla, Vega supo que su nombre estaba en la lista de objetivos a abatir. Tras varias amenazas anónimas, finalmente decidió salir de Colombia para instalarse temporalmente en España.

-¿Quien dio la orden para matarlo?

-Existe un grupo que les llaman los urabeños, detrás del cual hay un pequeño sector de empresarios ganaderos, palmicultores y bananeros que se ha opuesto a las restituciones de tierras. Desde la Fundación hemos presentado alegatos en varios juicios para que las personas que han financiado y patrocinado estos grupos paramilitares devuelvan la tierra y reparen a las víctimas. Lo importante es que ya no se va sólo a por los autores materiales de los crímenes, sino que se está llegando a los que dan las órdenes.

-¿Cuántas tierras han sido usurpadas en Colombia en los últimos años?

-Son 8,3 millones de hectáreas las que han sido despojadas, según la Comisión de Memoria Histórica, que es un organismo estatal, lo que representa el doble de la superficie de Suiza. El conflicto ha supuesto el desplazamiento de 5,5 millones de personas en los últimos 20 años. En Colombia se hizo famosa una frase que era: "O vende usted o vende la viuda". Así amenazaban a la gente para que se deshiciera de la tierra a bajos precios o para que se fuera del lugar.

-¿Cuál es el modo en que operan estos grupos?

-Los paramilitares iban matando, los testaferros -que representaban a los empresarios- iban comprando, y los funcionarios públicos iban legalizando desde las oficinas de registro. Así se dio el despojo en el país. Esto lo confesaron los miembros de las llamadas autodefensas, que están sometidas a juicios en los tribunales de Justicia y Paz. Este sistema se dio sobre todo en doce regiones del país, donde el Gobierno ha priorizado la devolución de la tierra.

-¿La ley de restitución de tierras de 2011 está siendo efectiva?

-Es una bonita ley en la teoría, pero si el Gobierno no logra implementarla, puede ser la peor ley del país, porque generará más frustración después de 50 años de conflicto. El país tiene 115 millones de héctareas, de las cuales 40 millones están en manos de ganaderos. Está demostrado que lo que se produce en esos 40 millones de hectáreas se podría producir en 11 millones, de tal manera que el resto de territorio se podría liberar la para agricultura alimentaria, lo que aportaría mucho al futuro económico del país.

-¿Qué plantean desde su fundación?

-Que les devuelvan la tierra a los campesinos que fueron desposeídos. Trabajamos con organizaciones, como la Asamblea de Cooperación por la Paz, con la que hemos documentado 300 casos de tierras despojadas. Hemos recibido apoyo de muchos ayuntamientos españoles. También estamos documentando otros casos con el Usaid e Intermon Oxfam. Lo que hacemos después de identificar los casos es entregar los documentos a la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura para que ellos los presenten a los jueces.

-¿Y lo jueces están haciendo su trabajo?

-En dos años han salido 350 sentencias favorables a los campesinos. Los jueces van fallando rápidamente. Pero yo diría que hay mucho papel y poca tierra, porque no se ha logrado que las órdenes de los jueces se cumplan. Faltan medios y voluntad. Por eso, tiene que haber una mayor decisión del Gobierno nacional. ¿Cómo? Tienen que dar garantías y protección a los reclamantes para que sus vidas no sean amenazadas y no se tengan que marchar. También hay que prohibir el porte de armas en las zonas de restitución. Otra medida que hemos pedido es que se difunda el nombre de los testaferros de los despojadores, tal como se hace en la persecución del narcotráfico. También hay que avanzar en los resultados de las investigaciones de las personas que han sido asesinadas, porque el nivel de impunidad es del 95%.

-¿Qué aspectos de esta ley de restitución habría que reforzar?

-Hemos recomendado que la restitución de tierras se haga de manera colectiva. Esto significa que cuando las tierras desposeídas son colindantes, cuando se trata del mismo victimario y cuando fueron despojadas en la misma época no es necesario 200 procesos judiciales, sino que tiene que bastar con una sentencia para devolver esas 200 tierras, lo que no quiere decir que los títulos vayan a ser colectivos. Si el Gobierno prioriza esta ruta podría resolverse el 50% del problema del despojo de tierras en el país. En Urabá sabemos que hay 2.800 reclamaciones, pero sólo atienden dos jueces. Otra cuestión que pedimos es que la restitución tiene que ser administrativa cuando el bien despojado procedía del Estado, es decir, cuando fue el Estado el que dio esa tierra a los campesinos tiene que ser suficiente una resolución administrativa para ejecutar la devolución. De esta manera el proceso no se alarga tanto. La vía judicial es más lenta. Si no se hacen estas correcciones la ley fracasará.

-¿Cuántas hectáreas se han devuelto hasta ahora?

-De los 8,3 millones de hectáreas desposeídas, sólo 20.000 hectáreas han sido restituidas judicialmente, si bien materialmente aún no se han devuelto. Lo que hay es poca tierra y muchos muertos. Esta Ley de Restitución de Tierras tiene opositores en el Congreso, en las entidades públicas, en sectores del empresariado y en las bandas criminales.

-¿El acuerdo alcanzado en Cuba entre las FARC y el Gobierno colombiano asegura la resolución del problema agrario en el país?

-Hay una deuda histórica del Estado en la redistribución de la tierra, porque existe una alta concentración en pocas manos. Hay que redistribuir, restituir y potenciar el desarrollo tecnológico en el campo para cerrar la brecha de pobreza en el mundo rural. El acuerdo alcanzado va en esta dirección.

-En Colombia no se permite la concentración de tierras. Ustedes denunciar, sin embargo, que hay empresas internacionales comprando grandes extensiones de tierras.

-Así es, esas empresas internacionales están saltándose la legislación colombiana al concentrar la tierra que antes era de campesinos pobres. Durante 25 años, el Incoder (organismo público que ejecuta la política de desarrollo rural) entregó tierras a campesinos pobres, pero ahora hay una contrarreforma, ya que estas empresas les están quitando a los campesinos pobres las tierras que el Estado les había dado. El embajador colombiano en EE UU, Carlos Urrutia, asesoró a estas empresas para que pudieran comprar tierras mediante una interpretación torcida de la norma. Tuvo que renunciar al cargo por este escándalo. El Gobierno tiene que defender esas tierras en favor de los pequeños campesinos. Entendemos que tiene que haber inversión y empresariado en el sector rural, pero no quitándole a los pequeños campesinos lo que es suyo.

-¿Qué necesita Colombia para que la paz, si se firman los acuerdos, sea duradera?

-En nuestra opinión, hay dos cosas fundamentales: que haya verdad y que haya reparación de las víctimas, más allá de cuánto es la condena al victimario. Si no reconocen los crímenes, van a seguir haciéndolo. Por eso tiene que haber arrepentimiento. Puede ser falso, sí, pero al menos tienen que reconocer que patrocinaron el daño. Hay mucha gente que ve esos daños como algo legítimo. Está el ejemplo de la multinacional estadounidense Chiquita Brands, que reconoció haber dado 19 millones de dólares a los paramilitares. Esta empresa fue sancionada en EE UU con una multa de 25 millones de dólares. Y, sin embargo, en Colombia no hay una solicitud de extradicción. Eso está en la más absoluta impunidad. Los fiscales tienen el nombre de más de 400 empresarios colombianos y no han avanzado. Esas agrupaciones y empresas tienen que reconocer que financiaron organizaciones ilegales y causaron una tragedia. Después de reconocer la verdad tiene que haber una reparación a las víctimas, para que éstas tengan un lugar en la sociedad. La verdad redignifica. Además, tiene que haber una compensación económica. No es aplicable una ley de amnistía o una ley de punto final porque las víctimas quedarían sometidas nuevamente a la injusticia. Lo que sí tiene que haber es una observación y acompañamiento internacional de la aplicación de los acuerdos de paz. Si se aplica la justicia transicional para las personas de mayor responsabilidad política, bien. Pero eso falló en Justicia y Paz. Se pasó de querer juzgar a 100 personas, a los jefes de los jefes, a querer juzgar a 35.000. Así la justicia se colapsó y no funcionó.

-¿Qué va a ser de su futuro? ¿Tiene miedo a volver a Colombia?

-Quiero regresar a mi país, estoy solicitando al Gobierno garantías para hacerlo. Quiero que se investigue el plan criminal que hay, que se sancione a los responsables y se dé protección colectiva a los compañeros de la Fundación que siguen trabajando sobre el terreno, porque ellos siguen yendo a las fincas a medir, a hablar con las víctimas y documentar lo que pasó. Tiene que haber garantías.