La opción militar contra Maduro queda congelada

Guaidó y los países que le respaldan priorizan la seguridad de los venezolanos y optan por mantener la presión sobre los dirigentes chavistas con nuevas sanciones económicas.

Todas las cartas siguen sobre la mesa en lo que respecta a la dictadura de Nicolás Maduro, pero aún no avanza hacia donde las voces más radicales quisieran: la intervención militar. Por ahora, lo que viene es más presión diplomática. Al menos esa fue la línea de mayor consenso en la reunión del Grupo de Lima que tuvo lugar ayer en Bogotá, con participación del presidente de ese país, Iván Duque, y sus pares de Guatemala y Panamá. También estuvieron los cancilleres de los otros países del foro, aunque los dos invitados especiales de la jornada fueron, por un lado, Juan Guaidó, reconocido por los presentes como presidente encargado de Venezuela y, por otro, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos.

A la cita, el venezolano llegó con la presión de no pocos integrantes de su mismo entorno de solicitar una acción de fuerza contra Maduro. Julio Borges, representante diplomático del Gobierno interino ante ese grupo de países, insistía en la necesidad de asumir posiciones firmes «que signifiquen una escalada en medidas diplomáticas, políticas y de uso de la fuerza», pues lo ocurrido el fin de semana «abre las puertas una estrategia más determinante, definitiva e inmediata». A esa voz se sumó la de Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas exiliado, quien exigió a Guaidó autorizar una misión militar extranjera en territorio venezolano, una prerrogativa de quien ejerce la Presidencia.

Frente al Grupo de Lima, Guaidó temperó sus posturas. «Debemos seguir construyendo capacidades con todos los escenarios internacionales posibles que contempla la Constitución venezolana», dijo. También afirmó que «han querido hacer ver que es un dilema entre la guerra y la paz. No hay dilema, es la paz la que debe prevalecer». Guaidó insistió en que «ser permisivos con la usurpación del poder en Venezuela sería una amenaza para toda América. Maduro es quien pone costos dramáticos a una transición pacífica. Venezuela tiene un baño de sangre en sus calles provocado por quien usurpa funciones presidenciales».

El vicepresidente de EE UU, Mike Pence, reiteró que para la Administración Trump «no hay vuelta atrás» en el objetivo de deponer a Maduro. «Anunciamos 56 millones de dólares extras para atender a los venezolanos desplazados por la brutalidad del régimen. Instamos a otras naciones a bloquear el acceso del régimen a los millones que han robado. Con respeto los instamos a intensificar los esfuerzos para denegar acceso al régimen de Maduro a financiación», dijo, al tiempo que, ante las tensión con Caracas, daba todo su apoyo a su amiga Colombia: «Es nuestro socio más importante en la región y toda amenaza a su seguridad y soberanía se topará con la determinación de EE UU».

En paralelo a las palabras de Pence, el Departamento del Tesoro emitía nuevas sanciones a cuatro gobernadores chavistas, incluyendo los tres de estados fronterizos. El cuarto es Rafael Lacava, quien mantuvo fluidos contactos con representantes diplomáticos de Washington en Caracas durante 2018. Pence les recordó a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que continúan respaldando al régimen de Maduro «que no habrá salida, no habrá escape, lo perderán todo. A quienes respalden a Guaidó, Estados Unidos les dará alivio de las sanciones», prometió.

Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, llamó a la región latinoamericana a cercar definitivamente a Nicolás Maduro. «Debemos tomar acciones sancionatorias al dictador y darle mayor legitimidad y poderío al presidente Guaidó. Que los activos de Venezuela en nuestros países pasen al control de la Asamblea Nacional».

En línea con lo expresado por los líderes de la UE en las últimas horas, en todas las intervenciones se impuso la idea de que la derrota de Maduro se puede conseguir por medios pacíficos, minando su capacidad de financiación y generando fracturas en el interior de las fuerzas que lo respaldan. «Creemos firmemente que es posible devolver a Venezuela a la convivencia democrática sin necesidad de medidas extremas que nos juzguen como invasores», dijo el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão. Frente a ellos, Julio Borges insistió en que «hay un menú de acciones y medidas que no se han tomado y se deben tomar contra Maduro. Se habla mucho de la intervención militar de Venezuela, pero debemos entender que Venezuela ya es un país intervenido, son los cubanos quienes toman las decisiones», dijo.

Al cierre de la reunión del Grupo de Lima, Guaidó anunció que regresará a Venezuela. Para ello, deberá sortear muchos obstáculos, pues no solo el régimen cerró las fronteras, sino que es un hombre perseguido. Sobre él pesa una prohibición de salida del país emitida por el Supremo, controlado por el oficialismo, que pudiera acarrearle, ahora sí, cárcel por haberla incumplido descaradamente.