La UE no reconoce la Asamblea Constituyente

España lidera en Bruselas la búsqueda de sanciones «individuales» contra los miembros del régimen chavista. El Gobierno ha propuesto la prohibición de que viajen a suelo europeo.

Ante la deriva autoritaria de Venezuela y el fraude de la Asamblea Constituyente, el Gobierno español está liderando en la Unión Europea la búsqueda de sanciones individuales contra los dirigentes del chavismo. «La primera propuesta que ha hecho España ha sido la supresión de la autorización para viajar a nuestro país y supresión de visados a personas que estén relacionadas con el régimen venezolano», señaló el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, desde Galicia. «A partir de ahí seguiremos tomando medidas». Fuentes del Ministerio de Exteriores explicaron a LA RAZÓN que el Gobierno no puede tomar medidas de manera unilateral, porque sería imposible impedir a un venezolano entrar en España si, por ejemplo, ha aterrizado en Francia y viene en coche a territorio español. Por tanto, es importante encontrar unanimidad en el seno de la UE. Ayer, Bruselas indicó que no reconocerá la Asamblea Constituyente y pidió al régimen de Maduro que dé marcha atrás. En un comunicado de la máxima representante de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, consensuado entre las Veintiocho capitales europeas, por primera vez la UE pone negro sobre blanco su rechazo a avalar las elecciones del domingo. Hasta ahora, había mostrado sus dudas sobre el procedimiento y habían sido las capitales europeas a título individual y el Parlamento Europeo (PE) los que habían dado un paso al frente y anunciado su no reconocimiento de este órgano. Eso sí, el texto en ningún momento alude de manera explícita a posibles sanciones, pero en el intrincado lenguaje de las relaciones diplomáticas asegura que los 28 «están preparados a, gradualmente, incrementar su respuesta».

El primer comunicado tras las elecciones del domingo fue muy ligero, critica la eurodiputada de ALDE Beatriz Becerra, no como fue la postura del PE y su presidente Antonio Tajani, quien ha pedido por carta a los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea plantear la posibilidad de congelar los activos de los miembros del Gobierno y retirar la posibilidad de viajar a la UE. Becerra, vicepresi-denta de la subcomisión de Derechos Humanos en el PE y que el martes arropó a Mitzy Capriles, la esposa del ex alcalde detenido Antonio Ledezma, recuerda que el tiempo apremia cuando se trata de la crisis en Venezuela. «Ya son más de 135 el número de muertos y 500 los presos políticos». En este sentido, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ya en el último Consejo de Ministros (hace dos semanas) «propuso que hubiera sanciones selectivas e individuales». De hecho, «fue el primero y el único en proponerlo, que es muy similar, punto por punto, a la hoja de ruta del PE». Pero la eurodiputada recuerda que para que haya sanciones tiene que haber unanimidad en el Consejo Europeo, es decir, todos los Estados miembros, con sus distintas ideologías, intereses y agendas electorales, deben estar de acuerdo. En cuanto a la postura de España, Becerra asegura que el liderazgo español «no sólo me parece una oportunidad, sino una responsabilidad y una obligación por todos los vínculos» con el país suramericano y se mostró optimista al respecto. Y es que la condena y la actitud de la comunidad internacional (salvo Bolivia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Rusia) es algo positivo para los venezolanos y no tanto para Maduro, «que paradójicamente es quien terminará con el chavismo».

Además, Washington ha incluido a Maduro en su lista de «dictadores». El director de la oficina encargada de la implementación de las sanciones del departamento de Estado de EE UU, Takek Fahmy, visitó recientemente Madrid para explicar al Gobierno el sistema de sanciones de EE UU contra el régimen de Maduro. «Queremos informar sobre cómo funcionarán las sanciones que hemos impuesto a Venezuela. No dañan a los venezolanos, sino a los responsables del Gobierno que han llevado al país a la situación actual. La intención es conseguir un cambio. El proceso es complejo. Existe un proceso legal para recoger los datos de las personas sancionadas y, como son sanciones económicas, se contacta con las instituciones financieras para bloquear sus cuentas. La UE es clave para EE UU en el proceso sancionador, sobre todo por el control de las entidades financieras», dijo Fahmy. Unas sanciones que en opinión de la eurodiputada debería seguir la UE, «pues la realidad en Venezuela va más allá de cualquier cuestión ideológica o diplomática».