La UE se concede diez meses para salvar Schengen

Propone desplegar la guardia de fronteras y obligar a Grecia a registrar a los refugiados

Acabar con la libre circulación de personas y mercancías en la Unión Europea, suspender el espacio Schengen, costaría al conjunto europeo hasta 18.000 millones de euros anuales. La Comisión puso ayer sobre la mesa una razón económica de peso para que los Estados miembros que están haciendo controles en sus fronteras interiores valoren también el coste de mantenerlos en el tiempo. En una hoja de ruta presentada tres días antes de que los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 se reúnan en Bruselas, la Comisión ha fijado un calendario para coordinar las actuaciones en materia de fronteras de forma que en diciembre próximo no haya ningún control interno y recuperar el gran proyecto de libre circulación de personas.

Al menos ocho países europeos han realizado controles en sus fronteras debido a la crisis de refugiados. Bélgica ha sido el último en anunciarlos, concretamente en su frontera con Francia, como reacción a la decisión del Gobierno galo de desmantelar «la jungla» de Calais, donde han acampado miles de inmigrantes procedentes principalmente de Siria, Afganistán y Sudán. El Ejecutivo belga desplegó 300 militares para controlar que los inmigrantes no cruzaran al país.

Dinamarca, Alemania, Austria, Eslovenia, Hungría, Suecia y Noruega también han implantado controles en algunas de sus fronteras para controlar la llegada de demandantes de asilo. Por otro motivo pero con el mismo efecto, Francia también ha dejado en suspenso Schengen después de decretar el estado de emergencia tras los atentados de París el 13-N.

En este contexto, el comisario de Inmigración e Interior, Dimitris Avramopoulos, reconoció la necesidad de terminar con las acciones unilaterales que han tomado los Estados miembros para gestionar la crisis migratoria, aunque no vayan contra el reglamento europeo por ser de carácter temporal. «El objetivo es levantar todos los controles en las fronteras internas para finales de este año», especificó.

Para convencer a los socios europeos, el comisario presentó dos iniciativas. La primera, mejorar el control de las fronteras exteriores, de forma que si se acaban los problemas en los límites que define la UE, el tránsito en el interior podrá volver a ser una realidad. Para ello, Avramopoulos señaló que es necesario contar con una guardia de fronteras europea, que podrá estar lista para el mes de septiembre siempre que los 28 aceleren los trámites para su puesta en marcha. Y la segunda, el último aviso a Grecia para que aplique las medidas que le ha pedido Bruselas, tras detectar deficiencias en el registro de demandantes de asilo. El 12 de marzo es la fecha límite que tiene el país heleno para presentar qué ha hecho desde que la Comisión le pidiera explicaciones. Una vez la Comisión lo evalúe, presentará su evaluación un mes más tarde. Y entre el 11 y el 17 de abril, Grecia recibirá la visita de un equipo de expertos de la CE y de los Estados miembros para conocer de cerca la situación. Sólo en el caso de que Grecia no haya podido acabar con las deficiencias, en mayo los países volverán a valorar si es necesario seguir con los controles de las fronteras internas. Para evitar llegar hasta este punto, la Comisión ha pedido a todos los socios que respondan a las peticiones de Frontex, de forma que Atenas pueda recibir la ayuda que necesita para no gestionar la crisis en solitario. Por último, el plan de acción europeo contempla la reforma de las normas de Dublín, que obligan a registrar al primer país al que llegan los demandantes de asilo.

El presidente del Consejo, Donald Tusk, cerró ayer su gira previa a la cumbre del lunes. Lo hizo con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para pedirle a Turquía más esfuerzos para frenar la llegada de emigrantes y refugiados a la UE. Tras ese encuentro, el responsable comunitario aseguró que «por primera vez desde el principio de la crisis migratoria puedo ver un consenso europeo emergiendo», aseguró en tono optimista.