Las FARC se despiden de las armas en el que fue uno de sus fortines

La narcoguerrilla colombiana y el presidente Santos escenifican, en un acto simbólico celebrado en la localidad de Mesetas, el fin de un conflicto de más de 50 años.

Las cifras de armamento son acordes a la magnitud de más de medio siglo de conflicto: los 7.000 guerrilleros de FARC culminaron ayer la entrega de 7.132 armas individuales a la ONU. Un abandono definitivo que celebró todo el país ayer desde Mesetas, en el Meta, aunque la paz todavía es parcial y queda camino por recorrer ante las reticencias de buena parte de la sociedad colombiana. El presidente, Juan Manuel Santos, destacó el acto como una muestra de que la paz es «real e irreversible». En un discurso con claros tintes de precampaña, Santos aprovechó para desmarcarse de las ideas políticas de las FARC y tildar la paz como una oportunidad «de haacer muchísimo más para disminuir la pobreza, un país con más turismo, un país más educado, un país donde nunca más nos matemos por nuestras ideas. Ese país es posible y es el que empieza a forjarse hoy». Por su parte, el jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño «Timochenko», expresó su confianza en que la democracia «abrirá los brazos para que las FARC puedan volver a la vida civil» y enfatizó el hecho de que ellos han cumplido, en un llamamiento al Gobierno y la sociedad para intensificar los esfuerzos para implantar la paz.

En vísperas de la ceremonia, la ONU, encargada de recoger el armamento, aseguraba que «la misión en Colombia ha verificado 77 caletas (donde se esconde el armamento pesado), de las cuales ha sido extraído y destruido municiones, explosivos y armamento inestable». El total de esos escondites asciende a 942, una cantidad que abrumó al país. Esas cifras, sumadas al hermetismo sobre el desarme y a los constantes retrasos, han generado la desconfianza en parte de los colombianos y han servido de argumento a la oposición encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe para menoscabar un proceso de paz que como se vio en el plebiscito de octubre mantiene dividida a Colombia.

En la última semana las FARC han entregado el 40% de sus armas personales (fusiles, pistolas y lanzagranadas), un paso que debería haber culminado el 1 de junio. El calendario firmado a finales de noviembre tuvo que reprogramarse en mayo debido a las discrepancias en el mecanismo tripartito de FARC, Gobierno y ONU. Ahora, la guerrilla sigue preocupada por el cumplimiento de la Ley de Amnistía para la liberación de todos los insurgentes presos, un compromiso que el Gobierno aseguró que se materializará en dos semanas. También ha denunciado la lentitud en la aplicación de los acuerdos debido al boicot de los senadores opositores y de aliados del Gobierno que se han desmarcado del proceso con vistas a las legislativas de marzo del próximo año.

En los seis primeros meses desde la firma de la paz, apenas se aprobaron en el Congreso seis leyes y se emitieron de urgencia treinta decretos para salvaguardar alguno de los puntos imprescindibles del acuerdo, como la Ley de Amnistía y la Justicia Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, todavía faltan avances sustanciales en la jurisprudencia para garantizar la reintegración de los guerrilleros y su protección. Ante esas reticencias las FARC retrasaron la entrega de la localización de las caletas y los listados de milicianos, unos 3.000 hombres que dejaron sus armas la semana pasada.

A partir de hoy la ONU inicia la extracción de armas de sus contenedores para su fundición, que servirá para construir tres monumentos en Nueva York, La Habana y Colombia. Un proceso que se alargará hasta el 1 de agosto, fecha en que se los guerrilleros se inscribirán en el registro civil y empezarán su vida política bajo el partido Voces por la Paz. A partir de entonces, las 26 zonas transitorias de normalización –los campamentos donde las FARC se han concentrado– pasarán a adoptar una nueva figura legal, denominadas Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, un eufemismo que la guerrilla tilda de «pueblos de las FARC» mientras que el Gobierno insiste en que serán veredas normales donde la Fuerza Pública podrá hacer acto de presencia.

En estas zonas, FARC y Gobierno trabajarán hasta el 1 de septiembre para encontrar y desmantelar el armamento pesado. A partir del 20 de julio finaliza el contrato de la ONU en Colombia y Santos deberá realizar una petición en el Consejo de Seguridad del organismo para prorrogar su presencia. Algo que todavía no está asegurado.

Otro de los temores de los colombianos es el riesgo de que los integrantes de las FARC se incorporen en bandas criminales, especialmente en vista del precedente de la desmovilización de los paramilitares (2003-2006): en los últimos años muchos de sus miembros se han rearmado y unido a otros grupos ligados al narcotráfico. El riesgo con las FARC se ha minimizado gracias a un proceso legal mucho más sólido, aunque uno de los frentes si ha apostado por la disidencia y existe un notable números de milicianos que actúan en zonas urbanas como miembros de otras bandas.

Las FARC pactaron con el Gobierno que no hubiese imágenes de guerrilleros entregando sus fusiles para evitar dar una sensación de rendición. Algo que tampoco sucedió en la ceremonia de ayer y que parte de la sociedad reclamaba para ganar confianza ante un proceso que ha perdido fuelle paulatinamente. Con el histórico evento bajo la pancarta «Nuestra Única Arma es la Palabra» las FARC dejan de existir como grupo armado, pero ante la incertidumbre de la mitad de los colombianos.