Las memorias incómodas de Snowden

El Departamento de Justicia cree que revela secretos y pide que los beneficios del libro vayan al Estado.

La Casa Blanca no da tregua al felón que huyó a Rusia. Edward Snowden, ex espía, buscado por filtrar secretos militares de Estados Unidos, será demandado por el Gobierno de Trump por publicar sus memorias. «Vigilancia permanente», que en español editará Planeta, ha provocado la ira del Departamento de Justicia. En un comunicado fulminante, explica que las regalías y de derechos de autor que pueda generar deben de ir a parar a las arcas de EE UU. Snowden rompió todos sus compromisos, evitó los controles a los que estaba obligado por juramento, y habría vuelto a comportarse, entienden sus antiguos jefes, como el traidor que siempre fue.

El asistente del fiscal general, R. Trent McCotter, opina que «Snowden ha sido, y seguirá siendo en el futuro, injustamente enriquecido por las ganancias, anticipos, regalías y otras ventajas resultantes de la publicación no autorizada de su libro». «Snowden», reza la demanda, «fue empleado de la CIA desde agosto de 2006 hasta 2009, y antes de esto trabajó para la CIA como contratista de 2005 a 2006». Firmó «voluntaria y conscientemente» unos acuerdos de confidencialidad con la CIA, ejecutados como condición sine qua non para obtener su empleo y que le permitieron disponer de información clasificada cuya divulgación, sin autorizar, «pondría en peligro las actividades de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos».

Todos esos acuerdos presuponían que no podía «revelar, de ninguna forma o manera, a ninguna persona no autorizada por la CIA para recibirla, ninguna información obtenida en el curso de su empleo o de otro servicio con la CIA y que esté clasificado o en proceso de determinación de clasificación».

En su demanda, el Departamento de Justicia requiere a Macmillan, la editorial que publica el libro, que «transfiera a Estados Unidos todos los ingresos» de Snowden y sus agentes.

La radio pública de EE UU, la NPR, publicaba poco después que las palabras de Ben Wizner, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representa a Snowden. «Si el señor Snowden hubiera creído que el Gobierno revisaría su libro de buena fe, lo habría presentado para su revisión», explica. «Pero el Gobierno continúa insistiendo en que los hechos que se conocen y discuten en todo el mundo todavía están clasificados de alguna manera».

G. Zachary Terwilliger, fiscal de Virginia, comentó que «esta demanda asegurará que Edward Snowden no reciba beneficios monetarios por violar la confianza depositada en él». Con su denuncia el Departamento de Estado recalca que no quiere de ninguna forma impedir la publicación del libro, sino «recuperar todos los ingresos obtenidos por Snowden». Entre los argumentos jurídicos cita un precedente clave, el del ex agente de la CIA Frank Snepp, denunciado por publicar un libro en 1977. En aquella ocasión, el Supremo dejó claro que Snepp debía haber presentado su manuscrito a sus empleadores federales.