May insiste en que el calendario del Brexit permanece «intacto»

Así se lo comunica a los líderes europeos mientras un diputado «tory» dimite por el talante poco democrático de la «premier»

La «premier» Theresa May sigue decidida a continuar con sus planes para sacar a Reino Unido de la Unión Europea. El Tribunal Superior del país ha dictaminado que el Gobierno no puede comenzar los trámites de divorcio sin la aprobación previa del Parlamento, pero la líder «tory» habló ayer telefónicamente con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la canciller alemana, Angela Merkel, para aclarar que el calendario del Brexit «se mantiene intacto». El mismo mensaje se trasladó al presidente francés, François Hollande, y al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. En definitiva, la primera ministra británica insiste en que a finales de marzo de 2017 activará el Artículo 50 del Tratado de Lisboa.

Según un portavoz de Downing Street, May se muestra «confiada» en que el Ejecutivo ganará el recurso que se ha interpuesto en el Tribunal Supremo. Pero lo cierto es que todo puede pasar y si la máxima autoridad judicial británica mantiene la sentencia del Tribunal Superior, la líder «tory» podría verse obligada a tramitar una ley que pasaría por la Cámara de los Comunes –donde la mayoría del Partido Conservador apenas se sustenta en quince diputados– y la de los Lores –donde sus miembros vitalicios son más proclives a la permanencia en el bloque europeo–. El caso se escuchará el próximo 7 de diciembre y se dictará sentencia a principios de enero.

El asunto es complejo, ya que el Artículo 50 del Tratado de Lisboa establece que cualquier Estado miembro puede salir «de acuerdo con sus propios requisitos constitucionales». El problema es que Reino Unido no cuenta con Constitución como tal y mientras los jueces insisten en que la soberanía parlamentaria prima sobre todas las cosas, May considera que la prerrogativa real otorga a la primera ministra el poder de informar a Bruselas.

Ante tanto revuelo político, la posibilidad de convocar elecciones anticipadas cobra cada vez más peso. Aprovechando la debilidad del Partido Laborista, la «premier» podría garantizarse una victoria para ratificar su autoridad tanto fuera como dentro de sus filas, cada vez más divididas ante cómo se está gestionando el Brexit. El «tory» Steven Phillips presentó ayer su dimisión por «diferencias irreconciliables de política» con el Gobierno.

El diputado –que hizo campaña por la salida del bloque pero defendía la permanencia en el mercado común– denunció que tanto May como sus ministros no pueden ahora ignorar al Parlamento para gestionar el histórico divorcio. Su dimisión se produce tan sólo días después de que otro «tory», Zac Goldsmith, renunciara a su escaño en protesta por la ampliación del aeropuerto londinense de Heathrow, lo que supuso un nuevo varapalo a la primera ministra británica.

Si finalmente, el Ejecutivo se ve obligado a tramitar el proceso de salida de la UE en Westminster, tendrían que redactar una ley para someterla a votación a ambas cámaras. Cierto es que la mayoría de los diputados son europeístas: 479 de los 650 que componen la Cámara de los Comunes hicieron campaña por la permanencia. Sin embargo, ir ahora en contra de la decisión del pueblo sería un «suicidio político». Por lo tanto, no revocarían la decisión del referéndum, pero sí tratarían de imponer una serie de condiciones, como por ejemplo, que Reino Unido siguiera formando parte del mercado común, lo que se ha bautizado como «Brexit blando». Los conservadores más euroescépticos aseguran que tratar la estrategia abiertamente en Westminster tan sólo daría ventaja a Bruselas. Pero tanto laboristas como liberal demócratas insisten en que tiene que haber un debate. La discusión de una larga lista de enmiendas atrasaría por tanto el calendario de salida, pese a que los planes actuales del Ejecutivo son comenzar las negociaciones en 2017 para formalizar el Brexit en 2019.

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, envió desde Berlín el mismo mensaje de confianza que la «premier» en que las decisiones de la Justicia no interferirán en el proceso. «Creo que la dirección está claramente marcada. La voluntad de los británicos quedó claramente expresada» en el referéndum del 23 de junio –en el que abandonar la UE se impuso con el 51,9% de los votos–, dijo Johnson en una rueda de prensa junto a su homólogo alemán, Steinmeier. Por su parte, Suzanne Evans, candidata a liderar el eurófobo Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP), señaló: «El sistema judicial se está volviendo cada vez más políticamente activo. Es necesario algún mecanismo para llamarles al orden».

La Prensa británica cargó ayer de manera indiscriminada contra los magistrados del Tribunal Superior que aparecían en las portadas de los rotativos más euroescépticos como «Los jueces contra el pueblo». Así tituló «The Daily Telegraph», que compartió enfoque con el tabloide «Daily Mail», que calificó a los magistrados de «enemigos del pueblo». Aunque los jueces trataron de apaciguar las criticas en su sentencia: «Nada de lo que afirmamos tiene relación alguna con los méritos o deméritos de que Reino Unido abandone la UE», los diarios les acusaron de antipatrióticos apoyándose en las palabras de May, que en el último congreso del Partido Conservador, afirmó que aquellos que pedían un voto en el Parlamento antes del Brexit estaban «tratando de matar» el proceso de salida de la UE e «insultando la inteligencia de los británicos». La Prensa también criticó con dureza a Gina Miller, la empresaria y filántropa de la City responsable de la demanda, que en las últimas horas ha recibido incluso amenazas de muerte en las redes sociales.