México espera el perdón de Trump tras el ultimátum

Los 90 días de plazo terminaron. El acuerdo migratorio al que llegaron Estados Unidos y México el pasado 7 de junio fijaba ese periodo para frenar el flujo migratorio que cruza la región hasta la frontera. Ahora es momento de que Donald Trump decida si está satisfecho con los resultados o impone condiciones más duras a su vecino; aunque en los últimos tres meses muchas cosas han cambiado para los migrantes que tratan de alcanzar Estados Unidos.

«La estrategia de nuestro país ha sido exitosa», dijo el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, al hacer balance del acuerdo, y anunció que México había reducido un 56% el tránsito de migrantes entre mayo y agosto. Con estos datos como credencial acudirá Ebrard a una reunión mañana en Washington con su homólogo, Mike Pompeo. Allí se decidirá si México recibe el aprobado oficial o aún debe convertirse en tercer país seguro, una figura similar a la de Turquía en la crisis de refugiados sirios, o si Trump vuelve a amenazar con aranceles a las importaciones, una opción menos probable, pero que nadie descarta. Ebrard reiteró que no aceptarían esa condición, que obligaría a México a tramitar todas las solicitudes de asilo, aunque de facto ya ejerce un papel similar desde que aceptó recibir en su territorio a los aspirantes a refugiado mientras se resolvían sus casos. El ministro confirmó que en estos tres meses EE UU les ha devuelto a 23.607 solicitantes por esa vía.

Fruto del acuerdo, la Administración de López Obrador ha enterrado definitivamente la política de «brazos abiertos» con la que inició su mandato hace nueve meses. Ha desplegado 25.500 militares y efectivos de la nueva Guardia Nacional para reforzar el control en las fronteras y las rutas hacia el norte. Entre enero y septiembre, México detuvo a 138.000 migrantes, de los cuales 134.000 han sido devueltos a sus países.

A cambio, Washington se comprometió a financiar un programa de desarrollo para el sur del país y Centroamérica que ataque las causas del éxodo, aunque solo se ha centrado en la creación de empleos y no se conocen medidas para frenar la violencia. Hasta la fecha, Washington ha autorizado 1.200 millones de dólares de los 8.000 prometidos en total, según Ebrard.

Este viraje radical en la gestión migratoria es cuestionado por las organizaciones de atención a migrantes, que denuncian condiciones pésimas en las estancias. Salvador Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, confirma a LA RAZÓN el hacinamiento, la falta de seguridad y de higiene que se vive estos días en la estación Siglo XXI en Tapachula (Chiapas). Visita dos veces por semana el mayor centro de detención migratoria del país, «una auténtica cárcel», según sus palabras, y explica que, aunque el flujo de centroamericanos ha bajado los últimos meses, las instalaciones están repletas por el mayor número de detenciones que se han practicado.

Tapachula está próximo a la frontera con Guatemala, donde el paso natural por el río Suchiate está blindado de efectivos de la Guardia Nacional, según cuenta. El cruce se hace más complicado y los migrantes recurren a «coyotes» que les guían por rutas más alejadas al interior de la selva. «El descenso de centroamericanos siempre es coyuntural, siempre se recupera porque huyen de las pandillas y del hambre», dice el activista.

El mayor problema reside ahora en la situación de miles de migrantes haitianos y de África Occidental, cuyo tránsito por México no es nuevo, aunque el acuerdo les ha dejado en una situación inaudita: varados en México, sin posibilidad de ir a otro lugar. Tradicionalmente, estos migrantes recibían un salvoconducto para abandonar el país en 20 días, tiempo suficiente para llegar a EE UU, pero ahora el Gobierno ha cancelado esa posibilidad. No pueden avanzar, no tienen dinero para regresar a sus países y no quieren quedarse en México.

El acuerdo migratorio entre México y EE UU se firmó a principios de junio, cuando la tensión estaba disparada y Trump amenazaba con imponer elevados aranceles a todas las importaciones mexicanas. El enfado de Washington venía creciendo desde el año pasado, cuando las primeras caravanas de centroamericanos empezaron a transitar por México y Andrés Manuel López Obrador les abrió los brazos con visas humanitarias y paso libre hasta el norte.

Por aquel entonces, México se mostraba comprensivo ante las causas que empujaban a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos a abandonar sus hogares: elevadas tasas de violencia criminal y nulas perspectivas económicas, aunque hoy AMLO parece convencido en la nueva estrategia. Pero Trump enviaba mensajes cada vez más agresivos contra la permisividad mexicana y le acusaba de tener más migrantes en sus puertas cada mes.

El punto de quiebre se produjo con las cifras récord de mayo. La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a 144.266 personas, la cifra más alta en un mes desde 2006. Trump desató toda su ira y amenazó con un impuesto de hasta el 25% a todos los productos de importación, algo inasumible para la dependiente economía mexicana.

Una cárcel de «sin papeles» en Chiapas

En Tapachula (Chiapas) está el mayor centro de detención de migrantes del país, «una cárcel de migrantes», según los defensores de los derechos humanos. Hoy pasan por México menos migrantes, según se desprende de los principales indicadores, y las amenazas de Trump han cesado. En agosto, las detenciones bajaron hasta las 64.000.