Primer pulso en la calle a la reforma laboral de Valls

Los universarios franceses protestan contra un proyecto inspirado en la legislación española y que ha dividido al Partido Socialista

Ayer tuvo lugar el primer asalto contra el proyecto de ley sobre la reforma del código del trabajo elaborada por el Gobierno de Manuel Valls, bautizada como «ley El Khomri», el nombre de la ministra de Trabajo. Fue la convocatoria de una manifestación surgida del primer sindicato de estudiantes, la UNEF, próximo al Partido Socialista, a la que rápidamente se unieron otros sindicatos. Según los organizadores de la convocatoria, 100.000 personas (29.000, según la Policía) respondieron a la llamada para pedir la retirada del proyecto.

El rechazo al proyecto del Ejecutivo es total, pero hay varios puntos de la ley que son los que han galvanizado el movimiento de protesta: la limitación de indemnización en caso de despido abusivo (entre tres y quince meses de salario, según los años trabajados); que los empresarios puedan argumentar dificultades económicas en el país –y no sólo de la compañía– para argumentar despidos; y el alargamiento de la jornada de trabajo, que si bien seguirá siendo de 35 horas semanales, otorga al empresario la facultad de prolongarla hasta las 40.

En París, estudiantes, jubilados y funcionarios desfilaron durante tres horas desde la plaza de la República con pancartas en las que se leía: «Mis hijos nacidos en el siglo XXI ¿tendrán que trabajar en el XIX?» y «Jóvenes?, sí. ¿Idiotas? Quizá. ¿Esclavos? Nunca». Entre los políticos que los acompañaron también estaba el diputado Pouria Amirshahi, que ha abandonado recientemente el Partido Socialista convencido de que «el Gobierno tendrá que reconocer que se ha equivocado».

La víspera, Manuel Valls intentó desactivar el efecto explosivo de esta protesta contra una ley que despierta numerosas reticencias en el seno de la mayoría parlamentaria. Muchos no perdonan al primer ministro el haber intentado presentar el proyecto de ley como si fueran hechos consumados. En un principio, estaba previsto que ayer se presentara el texto en el consejo de ministros; sin embargo, la filtración de la ley a los medios de comunicación provocó que se retrasara todo el procedimiento.

El socialista Sébastien Denaja admitía ayer que él está «entre los que dudan», y comentó que esperaba que «el debate avance para mejorar el texto y equilibrarlo». Además, la movilización de los estudiantes ha reavivado el recuerdo de las protestas de 2006 contra el entonces primer ministro Dominique de Villepin y su Contrato de Primer Trabajo. Hace diez años, la presión de la calle obligó al Gobierno a retirar el polémico proyecto. Para muchos socialistas es el colmo que un presidente como François Hollande, que anunció que la prioridad de su mandato serían los jóvenes, presente ahora esta ley. El número de manifestantes ahora está lejos de los dos millones que salieron a la calle en 2006, pero lo de ayer no fue más que el principio, y ya hay convocadas nuevas marchas contra «la deriva liberal» del Gobierno: para el 17 de marzo, en las universidades, y el 31 de marzo será el turno de la organizada por los sindicatos FO, CGT y Sud.

La derecha considera que esta ley es un proyecto «lleno de buenas intenciones», como lo definía recientemente el antiguo ministro de Nicolas Sarkozy Eric Woerth. Pero estos días se muestra prudente, sin grandes manifestaciones a favor o en contra, esperando que sea la puntilla que ponga fin al reinado de Hollande.

Pero ni todos los franceses ni todos los socialistas y tampoco todos los sindicatos están a favor de las protestas contra la reforma del llamado código de trabajo. Según un sondeo de Elabe, el 50% de la población simpatiza con la movilización contra el proyecto de la «Ley El Khomri»; el 25% se opone y el 25% es indiferente. Y en cuanto a los sindicatos, no todos estaban ayer desfilando en la calle. Los hay que apuestan por la reforma y no por la retirada del proyecto, como la CFDT. Su líder, Laurent Berger, está dispuesto a negociar, pero ya ha avisado al Gobierno de que si no hay cambios importantes, corre el riesgo de un «conflicto social».