Estados Unidos
Purga policial de Erdogan
El primer ministro turco fulmina a 350 agentes, entre ellos 80 comisarios, en medio del macro escándalo de corrupción
El poder judicial ha vuelto a la carga contra el Gobierno islamista del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, que está contra las cuerdas a raíz de la nueva crisis desatada desde mediados de diciembre. En una nueva purga policial, el ministerio de Interior ha relevado a unos 350 policías de Ankara, en respuesta a la lucha entre el Ejecutivo y la Judicatura, Esta medida se suma a otras similares, aunque de menor envergadura, que el Gobierno ha ido aplicando desde que la Judicatura lanzara el 17 de diciembre una amplia operación de arrestos por acusaciones de corrupción, que ha llevado a prisión preventiva a los hijos de dos ministros, entre ellos el del anterior titular de Interior y al director ejecutivo del Banco Nacional ,Halkbank. Según la cadena turca NTV, la destitución afecta, entre otros a 80 comisarios que, como el resto de agentes suspendidos, serán reemplazados por otros policías, la mayoría procedentes de otras ciudades de Turquía. Analistas locales ven la oleada de relevos de comisarios y cambios de destino como una maniobra que pretende debilitar la influencia de Fethullah Gülen, un predicador islámico exiliado en Estados Unidos, cuyos seguidores son especialmente numerosos en los cuerpos de seguridad y el estamento judicial. La cofradía Hizmet (el Servicio) dirigida por el clérigo Gülen ha sido señalada por Erdogan. Durante años, el gobernante partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha mantenido una alianza con esta cofradía islamista, que llevó a miembros de este grupo a infiltrarse en el aparato del Estado, especialmente en la Judicatura y la Policía, hasta convertirse casi en un Estado a la sombra. Hizmet, que se considera depositario de los intereses de Washington, tiene tentáculos en numerosos países y controla negocios de todo tipo, especialmente educativos. Pero ahora, los intereses de Gülen y Erdogan han acabado entrando en conflicto, especialmente desde que el 17 de diciembre Ankara anunció su intención de cerrar un lucrativo negocio de academias privadas de Hizmet. La cofradía, que vio en esta maniobra un intento de quitarles sus parcelas de poder, no se lo ha perdonado y, por eso, ha activado contra él toda su maquinaria.
Por ese motivo, el primer ministro turco ha atribuido la operación anticorrupción a una «conspiración» judicial contra su Gobierno y ha prometido erradicar «las bandas que operan bajo la fachada de la religión» para «establecer un Estado paralelo», en obvia referencia a la red Gülen. La semana pasada, un diputado del gubernamental partido AKP, había asegurado que el Gobierno disponía de una lista de 2.000 personas vinculadas a esta «organización dentro del Estado», extremo desmentido el lunes por el propio Erdogan.
Siguiendo con esta maniobra anticorrupción, la Policía lanzó ayer una nueva operación, centrado en el puerto de Esmirna y dirigido contra una red de sobornos y manipulación de licitaciones. Esta investigación también incluye a responsables del ferrocarril nacional y el Ministerio de Transportes. Más de 25 personas fueron arrestadas ayer en Esmirna, Ankara, Estambul, Hatay y Van, en redadas de la Policía.
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