Rabaa, la masacre que apagó el sueño democrático de Egipto

Murieron acribillados o asfixiados con gases lacrimógenos. Se cumplen cinco años desde que el Ejército cargó contra los miles de manifestantes que protestaban por el derrocamiento del presidente Mursi

Decenas de seguidores visten máscaras con el rostro del presidente Mursi durante una manifestación el 12 de julio de 2013/Reuters
Decenas de seguidores visten máscaras con el rostro del presidente Mursi durante una manifestación el 12 de julio de 2013/Reuters

El 14 de agosto de 2013 las Fuerzas de Seguridad egipcias mataron a más de mil personas en el desalojo de dos campamentos a favor del presidente depuesto Mohamed Morsi. Ese día será también recordado por muchos en Egipto como el día que les cambió la vida. Tras el estallido de la Primavera Árabe en enero de 2011, los egipcios habían destronado al dictador Hosni Mubarak, superado un gobierno provisional liderado por el Ejército tras su hundimiento, y asistido, con fervor y temor a partes iguales, al ascenso y derrocamiento del presidente islamista Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes.

El 3 de julio anterior, aprovechando las masivas manifestaciones que habían desbordado el país exigiendo la dimisión de Morsi (el primer y último presidente democráticamente electo de Egipto), el entonces jefe del Ejército, Abdel Fatah Al Sisi, culminó un golpe de Estado alegando el fracaso del líder islamista a la hora de satisfacer las demandas del pueblo.

El movimiento del mariscal de campo fue respaldado por amplios sectores de la sociedad, cada vez más recelosos de las intenciones de los islamistas en el poder y del giro sectario y autoritario que realizaron una vez empezaron a copar algunas instituciones del Estado. Sus beatos seguidores, sin embargo, se negaron a aceptarlo, y en una nueva exhibición de músculo, organizaron grandes movilizaciones exigiendo la restitución de Morsi. La plaza Rabaa al Adawiya de El Cairo, junto a la mezquita homónima, fue su epicentro.

Tras la consumación del golpe, el conflicto entre la Hermandad y las filas castrenses era total, y durante ese mes ya se produjeron episodios sangrientos en los que el número de muertos por parte de los islamistas se incrementaba cada vez más. La tensión aumentaba sin cesar, y en agosto todos eran conscientes de que lo peor estaba aún por llegar.

El infierno se desató finalmente el 14 de agosto. Pasados algunos minutos de las seis de la mañana, la Policía, con la inestimable ayuda del Ejército, empezó el desalojo de Rabaa a base de gas lacrimógeno y disparos de perdigones que rápidamente se convirtieron en balas. El asalto duró unas doce horas hasta la caída de un ocaso, del que muchos nunca salieron.

«Desde pequeño nos habían enseñado en la escuela que nuestro Ejército servía para protegernos de Israel», recuerda con rabia un simpatizante de la Hermandad presente en Rabaa que desea mantener el anonimato. «Pero aquel día fueron a por nosotros», evoca. Según una investigación elaborada por Human Rights Watch (HRW), «es probable que más de mil manifestantes murieran en Rabaa», lo que convierte el episodio «en uno de los asesinatos de manifestantes más grandes de la historia reciente en un solo día». Además, otros miles resultaron heridas y más de 800 detenidos, algunos de los cuales acabaron siendo torturados y ejecutados sumariamente.

«[Lo que sucedió en Rabaa] no fueron unos pocos oficiales actuando de forma incorrecta, sino un plan premeditado del Gobierno, que esperaba esa cantidad de bajas y asesinatos», apunta Amr Magdi, investigador de Egipto para esta organización.

Para el régimen egipcio, el episodio de Rabaa, que no despertó grandes críticas de la comunidad internacional, marcó el camino de su actual deriva despótica. «Cuando alguien consigue salirse con la suya en una masacre como aquella, es fácil que luego consolide un régimen autoritario que emita leyes restrictivas y reprima a activistas», lamenta Magdi.

En este sentido, Egipto ocupa actualmente el puesto 161 de un total de 180 en libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras; es el tercer país con más periodistas entre rejas; el segundo confirmado con más sentencias a muerte; y el sexto al que más personas ejecutó en 2017. Asimismo, la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos estimó a finales de 2016 que las cárceles egipcias encierran a hasta 60.000 presos políticos.

En el caso de los Hermanos Musulmanes, la persecución ha sido feroz y su capacidad ha quedado extremadamente debilitada, lo que ha llevado a algunos cambios internos, sobre todo entre sus jóvenes. «El hecho de cuán contestatario se debe ser y cuán aceptable se debería ser hacia formas de violencia de bajo nivel ha sido un tema de debate y división», señala el investigador de Brookings y autor de «Excepcionalismo islámico», Shadi Hamid.

Para el régimen de Al Sisi, la desoladora situación actual es solo un trance que los egipcios deben cruzar si quieren recuperar la seguridad y la estabilidad económica previas a la revolución, pero cinco años después de Rabaa los resultados prometidos siguen sin llegar. El Cairo lleva aplicando reformas estructurales desde su multimillonario acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2016 y su economía crece casi un 5,5%, pero la inflación y el desempleo siguen estancados por encima del 10%, el poder adquisitivo de sus habitantes se ha desplomado y se estima que desde entonces su tasa de pobreza ha aumentado más de un 5%, una situación que se agrava por un turismo que tampoco acaba de despegar.

En esta línea, los logros en materia de seguridad también son dispares, aunque constituyen el mayor baluarte del país a ojos de sus seguidores. Y es que, aunque el Ejército sigue sin poder asegurar el norte del Sinaí, base de grupos como la rama local del Estado Islámico, las zonas del país donde se concentra la mayoría de la población están bajo control.

Para sus detractores, en cambio, estos resultados irregulares no justifican todo lo que se perdió. «Entre el 30 de junio [de 2013, día de protestas contra Morsi] y aquel 14 de agosto todavía existía la posibilidad de que [el conflicto] se resolviera sin una masacre, o por lo menos de que la democracia no se destruyera del todo», dice a LA RAZÓN el investigador de Brookings Shadi Hamid. «Una vez sucedió la masacre, esa posibilidad desapareció», lamenta.