Santos pide sumar a la oposición, pero no cambia los puntos más polémicos

Aunque las FARC indemnizarían a sus víctimas, evitarían entrar en la cárcel y estarían en política.

Unos acuerdos exprés que no cuentan con el beneplácito de una de las mayores fuerzas políticas de Colombia, el uribismo. Un muro que no es infranqueable, pero debe ser respetado. Colombia no es Venezuela y, por tanto, debería respetar un clamor popular que, aunque con un alto grado de abstención, dijo «no» a un pacto donde guerrilleros con las manos manchadas de sangre iban a vestirse de diputados. Todos quieren la paz, pero no a cualquier precio. Son unos diálogos con rúbrica y maquillados que no serán fáciles de digerir por buena parte de la sociedad. Y es que una cosa es la comunidad internacional y otra Colombia, donde es difícil encontrar un ciudadano que no haya sido víctima del conflicto. En casos como éste es importante leer la letra pequeña, algo que los colombianos no tuvieron tiempo ni medios para digerir el último plebiscito. Gracias a este interludio, los medios han sabido presentar a la sociedad punto por punto las discrepancias, las «líneas rojas» que muchos no querían cruzar.

Las condiciones se han endurecido para las FARC, pero no tanto como pedía la oposición, una decisión salomónica para contentar a ambas partes. Según lo pactado, no habrá cárcel para los que confiesen y colaboren plenamente, pero quienes reciban ese beneficio sólo podrán moverse en áreas cuya extensión no será superior a la de las «zonas veredales» acordadas para la desmovilización (Uribe propone «granjas especiales»). Las penas se mantienen –hasta 20 años de prisión para quienes no colaboren y reparen– y se aplican por igual a guerrilleros, militares y agentes del Estado responsables de crímenes en el conflicto y a civiles que fueron determinantes en la guerra. Las FARC, además, se comprometieron específicamente a hacer inventario y reparar a las víctimas con sus fortunas ilegales.

La elegibilidad se mantiene. Era uno de los temas más criticados por Uribe. En este punto no hubo variación alguna: todos los miembros de las FARC, incluso los máximos jefes, pueden ser elegidos a pesar de que tengan condenas por delitos de lesa humanidad y de guerra. La explicación a esta situación es que un proceso de paz se realiza precisamente para sacar de la guerra a actores armados a los que se les abren espacios políticos a cambio de que abandonen la violencia, aunque se reducirá un 30% la asignación a su futuro partido. La justicia especial para la paz se ajusta a la jurisdicción colombiana. Básicamente, el Constitucional queda por encima del Tribunal Especial para la Paz en la medida en que resolverá las tutelas contra esta jurisdicción.

Tanto el presidente Juan Manuel Santos, como el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, fueron explícitos el sábado en que seguramente el nuevo acuerdo de paz con las FARC no tendrá un apoyo unánime, pero resaltaron su carácter democrático. Ambos pidieron a la comunidad internacional y a los colombianos que respalden el nuevo acuerdo. Por su parte, el jefe de la delegación guerrillera, Iván Márquez, sostuvo que las FARC cedieron «hasta los límites de lo razonable». Sobre las vías para aprobar estos acuerdos, hasta el momento todo son conjeturas. Hace unas semanas, Santos dijo que sólo decidirá si convoca un nuevo referéndum «cuando se llegue a un nuevo acuerdo de paz» tras incorporar las inquietudes de los grupos opositores. El presidente recordó que, según la Constitución, también puede aplicarlo el Congreso.

Principales puntos

Inventario de bienes

Las FARC se comprometen a presentar un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas.

Jurisdicción especial para la paz

El nuevo texto pone límites a esta jurisdicción. Concreta, por ejemplo, los espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones con un tamaño máximo de las «zonas veredales». Esta jurisdicción funcionará durante un periodo de diez años, pero sólo se podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años.

Primacía del tribunal constitucional

Las tutelas contra la jurisdicción podrán ser revisadas a través de recurso al Constitucional. Además, se eliminan los magistrados extranjeros, como pedía el ex presidente Andrés Pastrana, pero se acepta la presencia de expertos para rendir conceptos sobre los casos que se tramiten. En otras palabras, el Constitucional controlará esta justicia paralela tan criticada por la oposición, que la ve como una vía para blindar a los altos mandos de las FARC.

Participación política

Los jefes de las FARC tendrán que postularse para ocupar cargos de elección popular. La guerrilla mantiene el beneficio de diez representantes designados en las dos próximas legislaturas del Congreso (cinco en la Cámara y cinco en el Senado), pero los miembros de las FARC no podrán ser candidatos por la circunscripción especial de comunidades y víctimas del conflicto, que tendrán otros 16 escaños.

Condenados por delitos de lesa humanidad

Queda rechazada la petición del ex presidente Álvaro Uribe para que los condenados por delitos de lesa humanidad no pudieran optar al Congreso.