Sarkozy: «El sindicato de la magistratura tiene la obsesión de destruirme»

Sarkozy, durante la entrevista para TF1/Europe 1
Sarkozy, durante la entrevista para TF1/Europe 1

Sarkozy dijo estar «profundamente sorprendido» por su imputación por corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional, y aseguró que «nunca» ha cometido un acto contrario a los principios republicanos.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy dijo hoy estar "profundamente sorprendido"por su imputación por corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional, y aseguró que "nunca"ha cometido un acto contrario al Estado de Derecho.

En un extracto de la entrevista concedida a la cadena "TF1"y a la emisora "Europe 1", de la que se difundirá su versión completa a las 18.00 GMT, el que fuera jefe del Estado entre 2007 y 2012 aseguró que "el sindicato de la magistratura tiene la obsesión de destruirme".

En opinión de Sarkozy, que ayer declaró ante la policía judicial y en calidad de detenido durante 15 horas, se le colocó bajo detención preventiva con la intención de humillarle, y se está dando una imagen de él que no se ajusta a la verdad.

"Digo a quienes nos escuchan o nos ven que jamás he traicionado su confianza, que jamás he cometido un acto contrario a los principios republicanos o al Estado de Derecho", aseguró el exmandatario en ese avance.

El político conservador, primer exjefe del Estado francés obligado a prestar testimonio como detenido, subrayó que no pide "ningún privilegio"y que si ha cometido los hechos que se le achacan "asumirá todas las consecuencias", porque no es un hombre "que escape de mis responsabilidades".

No obstante, consideró que "la situación es lo suficientemente grave"como para que se pronuncie y diga ante la ciudadanía que en Francia, "el país de los derechos humanos, el del Estado de Derecho", se está dando actualmente "una instrumentalización política de una parte de la Justicia".

En esta comparecencia, grabada horas antes de su difusión y de unos veinte minutos de duración, Sarkozy preguntó además si es "normal haber sido escuchado durante tanto tiempo", y que el contenido de esas escuchas telefónicas haya sido difundido por la prensa.

A través de esas escuchas telefónicas, los investigadores dedujeron que Sarkozy y su letrado recibían de parte de un alto magistrado filtraciones sobre las instrucciones en curso contra el político.

Sarkozy ha sido imputado hoy por "corrupción activa", tráfico de influencias y encumbrimiento de la violación del secreto profesional. El anuncio de la fiscalía a la prensa en un comunicado llegó después de que Sarkozy pasara quince horas declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, a las afueras de París, medida inédita para un jefe del Estado francés.

El expresidente llegaba a primera hora de la mañana, en un coche con los cristales tintados y acompañado por la policía, a los locales de la policía judicial en Nanterre, a las afueras de París.

Tras pasar el día explicándose ante la policía, ahora serán los jueces quienes decidan si existen elementos suficientes para imputar alguno de esos delitos al político conservador, primer expresidente de Francia sometido a una declaración en calidad de detenido.

Thierry Herzog, su abogado, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert, han declarado con el mismo estatuto desde ayer. Poco antes de que Sarkozy abandonara el lugar de su declaración, a las afueras de París, fueron imputados por tráfico de influencias.

El político conservador y jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 prestó testimonio con acceso a asistencia letrada -a la que ha renunciado- por presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción de otros casos abiertos contra él.

La justicia quiere determinar si el exjefe de Estado y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político, como la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial por parte del depuesto dictador libio Muamar el Gadafi.

La decisión judicial es particularmente delicada porque los allegados de Sarkozy y el propio expresidente han ido preparando el terreno de su regreso a la política con las elecciones de 2017 a la vista.

De ser declarado culpable al final del proceso, se enfrentaría a una pena máxima de cinco años de cárcel y a una multa de medio millón de euros.