Sepultados por la Justicia

Del orgullo a la vergüenza. Cuando se cumple el tercer aniversario del derrumbe ocurrido en la mina chilena de San José, que dejó a 33 mineros atrapados durante 70 días, sigue sin haber culpables. Después de tres años de investigación, el Ministerio Público determinó que no existen antecedentes suficientes para continuar las pesquisas sobre la responsabilidad de los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny. El accidente tuvo lugar el 5 de agosto de 2010 en Copiapó, y generó no sólo una gran preocupación sino una auténtica ola de simpatía mundial por el valor mostrado por los mineros. Finalmente, el 13 de octubre de ese año, los trabajadores fueron rescatados uno a uno, en un rescate que se alargó 25 horas, por medio de la cápsula «Fénix 2», que bajó a 700 metros de profundidad. El abogado Renato Prenafeta, representante de 31 de los 33 mineros, está preparando la demanda contra la empresa, y la decisión de la Fiscalía de no perseverar en la causa penal no será un impedimento para ganar el caso en la Justicia civil. «El problema es que acá, el daño psicológico no tiene sanción penal, salvo en algunas situaciones específicas, como es la violencia intrafamiliar», se queja el letrado. La noticia tampoco sienta nada bien entre los mineros. Mario Sepúlveda, conocido también como «SúperMario», fue uno de los líderes reconocidos por sus compañeros y una figura clave a la hora de mantener el temple para lograr que los 33 salieran prácticamente ilesos de la hazaña. La rabia de Mario no es sólo con la Justicia chilena, sino también con las autoridades. «Después de habernos hecho personas muy grandes, nos han pagado muy mal. Uno de nosotros tendría que estar muerto o demasiado herido para tener justicia», denunció.

Mientras, asociaciones de empleados de la minería también califican de «un jarro de agua fría» la decisión del fiscal de Atacama de cerrar la investigación.

«Se utilizó mucho el tema del accidente como un mecanismo publicitario para sacarle provecho político, pero en definitiva no hemos tenido ningún cambio estructural en seguridad minera», se queja Manuel Ahumada, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre.

Una de las principales reivindicaciones de los mineros es que Chile aplique el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como aseguró que haría el presidente Sebastián Piñera después del accidente. Nunca llegó a aprobarse. Por ese motivo, tras la decisión de la Fiscalía de Atacama, uno de los mineros atrapados en aquel pozo siniestro, el que fuera jefe de turno, Luis Urzúa, anunció el viernes que los trabajadores recurrirán a la OIT por «denegación de justicia en Chile». «Si la justicia hace su pega (trabajo) como corresponde, ellos estarían presos», declaró Urzúa al canal CNN Chile, según informa Efe. Por parte de las autoridades sólo se escucharon evasivas. El ministro de Minería, Herán de Solminihac, se limitó a señalar que al Gobierno sólo le corresponde «acoger y respetar los trabajos que hace cada poder». No obstante, los medios de comunicación chilenos se han encargado de recordar que, durante la larga agonía de los mineros hasta salir a la superficie, Piñera, declaró que el suceso no quedaría impune. Durante aquellos días dijo también que «los que tengan responsabilidad van a tener que asumirla». Sus palabras no se han visto secundadas por los hechos. La abogada de los dueños de la mina, Catherine Lathrop, alegó, por su parte, que sus clientes son «víctimas del suceso» y que la Fiscalía hizo justicia al cerrar la investigación sin formular acusaciones. De manera paralela, sigue abierta la parte civil del caso por la que 31 de los 33 mineros reclaman 7.750 millones de pesos, unos 11,7 millones de euros, por «daños morales» contra la minera San Esteban, gestora de la mina San José.