Trump ordena la retirada de Estados Unidos del Tratado Transpacífico con Asia

El presidente anuncia a los empresarios un recorte general de impuestos y de trámites burocráticos, pero les advierte de que deberán producir en EE UU.

El presidente de EE UU, Donald Trump, cumplió ayer una de sus promesas de campaña y firmó una orden para retirar al país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), pieza clave del legado comercial en Asia-Pacífico de su antecesor, Barack Obama, junto con otras dos contra el aborto y para congelar la contratación de funcionarios. Había mucha expectación sobre las órdenes ejecutivas que iba a presentar Trump al inicio de su primera semana completa como presidente y después de que el mismo viernes, el día de su investidura, el magnate firmase una para comenzar a desmantelar la reforma sanitaria de Obama. Ha sido un gesto simbólico. El acuerdo comercial transpacífico estaba destinado a morir en el Congreso, pero el mandatario quiso utilizar su cancelación oficial para dejar claro que el lugar de EE UU en la economía global ha cambiado.

«Hemos estado hablando sobre esto durante mucho tiempo», dijo el presidente tras firmar la orden que notifica la salida de EE UU del TPP, en presencia del vicepresidente, Mike Pence; su jefe de Gabinete, Reince Priebus, y dos de sus asesores más cercanos, Steve Bannon y su yerno Jared Kushner. La retirada del país del TPP es «una gran cosa para los trabajadores estadounidenses», dijo Trump.

Tras ganar las elecciones el 8 de noviembre, Trump anticipó en un vídeo que una de sus primeras acciones tras ser investido presidente el 20 de enero sería emitir una «notificación de intención» para retirar al país del TPP, acuerdo del que dijo durante su campaña que sería «un desastre potencial» para EE UU. El TPP fue negociado por Obama, que hizo de ese acuerdo una de sus prioridades en materia comercial dentro de su estrategia para profundizar los lazos con Asia-Pacífico.

Esta decisión pone sobre aviso al Acuerdo de Libre Comercio con México y Canadá (NAFTA, por sus siglas en inglés), aprobado hace 22 años con el presidente Bill Clinton. Sobre todo después de que Trump dejase claro en su reunión con los ejecutivos de las grandes empresas de EE UU que «queremos empezar a hacer nuestros productos. Si uno piensa en las grandes personas que llevaban este país al principio, nos damos cuenta de que les importa mucho todo esto. Vamos a reducir los impuestos en masa a la clase media y a las empresas. Va a ser en masa. Vamos a intentar reducirlos entre el 15% y el 20%. Una cosa más grande, que me ha sorprendido, es el hecho de que vamos a reducir la regulación en masa. El problema con la regulación que hay ahora es que no se puede hacer nada. Si alguien quiere construir algo, los permisos se van a acelerar. Pero si las compañías estadounidenses se quieren marchar, van a tener que pagar un precio muy alto. Si eso ocurre, vamos a imponerles un impuesto de aduanas muy grande en sus productos», advirtió Trump con unas palabras que van en contra precisamente de la naturaleza del NAFTA, que reside en fabricar un producto en México, ensamblarlo en Canadá y venderlo en EE UU.

Por su parte, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, viendo la que se avecina, instó ayer a preservar el libre comercio con Canadá y EE UU y a mantener los intercambios libres de aranceles, en respuesta a los planes proteccionistas de Trump. «Los intercambios comerciales entre los tres países han de estar exentos de cualquier arancel o cuota como ha ocurrido desde 2008», señaló el mandatario en un mensaje desde la residencia oficial de Los Pinos. Ante la futura renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, impulsada por Trump, el líder mexicano anunció que buscará «fortalecer la competitividad de Norteamérica y las cadenas regionales de suministro». Por ello, apostó por seguir «incrementando las exportaciones mexicanas a EE UU y Canadá sobre una base de sana competencia y desarrollo de sectores de mayor valor agregado».

El presidente de EE UU se enfrenta también a una primera demanda presentada ayer en Nueva York que lo acusa de violar la Constitución por los ingresos que reciben sus negocios de parte de gobiernos extranjeros. Según los demandantes, una organización civil con sede en Washington, un presidente estadounidense no puede recibir ningún emolumento de gobiernos extranjeros porque pondría en riesgo la independencia del país.

El planteamiento legal es un nuevo giro en la larga polémica que enfrenta a Trump con políticos demócratas y organizaciones civiles por el temor de que su imperio inmobiliario dentro y fuera del país choque con los intereses de Estados Unidos. «Nunca antes el pueblo de EE UU ha elegido a un presidente con unos intereses empresariales tan vastos, complicados y secretos» como los de Trump, dice el primer párrafo de la demanda presentada por el grupo Ciudadanos en Favor de la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, en sus siglas en inglés).

Esta organización ha reunido una lista de las propiedades vinculadas a la Organización Trump y los pagos de gobiernos extranjeros que cree se hacen a ese conglomerado, aunque sostiene que todavía falta por conocer mucha información. «El presidente Trump es el primero en décadas que no ha dado a conocer sus declaraciones de renta», afirma el presidente del consejo de CREW, Norman Eisene, en una nota que informa de la presentación de la demanda.