Maduro refuerza sus poderes tras decretar el estado de emergencia

El presidente venezolano defiende su medida ante la Asamblea Nacional con mayoría opositora. Se limitan durante dos meses las garantías constitucionales

Nicolás Maduro mostró ayer el as que guardaba bajo la manga. Su último golpe sobre la mesa para exhibir sus resortes de poder ante una Asamblea Nacional de mayoría opositora. El presidente venezolano había amagado con decretar el estado de emergencia tras la derrota humillante del 6 de diciembre. Y, ayer, dos horas antes de comparecer por primera vez ante el Parlamento para dar cuenta de su gestión, la «Gaceta Oficial» publicó la medida. El estado de emergencia durará 60 días prorrogables. Dos meses de control absoluto sobre la economía, a expensas del Legislativo, con el que se restringe las garantías constitucionales. Entre otras iniciativas, este decreto permite a Maduro disponer del presupuesto de este año y asignar recursos extraordinarios a órganos públicos. Esto se puede traducir en vía libre para gobernar de espaldas al Parlamento. El decreto se presentará ante el Legislativo en ocho días hábiles al igual que ante el Tribunal Supremo. En este segundo organismo tiene prácticamente asegurada su aprobación ya que Maduro blindó el alto tribunal con el nombramiento de trece magistrados chavistas antes de perder el control de la Cámara legislativa el pasado 5 de enero. Por su parte, en el Legislativo de mayoría opositora el rechazo será frontal, sin embargo, los diputados antichavistas quedarán atados de manos ya que una vez publicado el decreto en la «Gaceta oficial», éste entra en práctica automáticamente. Está por ver qué pasos darán.

La Ley Orgánica sobre Estados de Excepción recoge la fórmula empleada por Maduro, la cual permite la ejecución, seguimiento, supervisión e inspección de las medidas que se adopten conforme a derecho. Fue el vicepresidente económico, Luis Salas, el encargado de anunciar la medida extraordinaria en rueda de prensa una vez publicada en la «Gaceta Oficial». «Este decreto le concede al Ejecutivo atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que atraviesa la economía venezolana», dijo Salas. Con ella «se asegura a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales», añadió ante la controvertida decisión. Además, según el titular de Economía, se «mitigarán los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, del sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios así como contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros». El decretazo permite igualmente al Ejecutivo asignar recursos extraordinarios, tanto previstos como no, «para optimizar la atención en sectores como salud, educación, alimentos y vivienda, que podrán ser ejecutados a través de las misiones». Es más, Maduro tendrá el poder de expropiar cualquier compañía si así lo desea. «El gobierno podrá hacer un conjunto de cosas que antes tendrían que pasar primero por la Asamblea Nacional, obviando así la institucionalidad del Parlamento. Lo que pide en este Decreto de Emergencia Económica es que el país le dé todos los poderes, más que una ley Habilitante para hacer lo que queda», aseguró El economista Luis Olivero a «El Nacional».

Este decreto, incluso, da la capacidad al Ejecutivo de «dispensar de los trámites cambiarios a órganos y entes del sector público o privado para agilizar y garantizar la importación de bienes o productos indispensables para el abastecimiento, la reactivación productiva o el aumento de la capacidad tecnológica». En resumen, un decreto que ata de manos a los legisladores y que puede prorrogarse otros 60 días al concluir el primer periodo.

Mientras, la Asamblea Nacional se vestía ayer de largo para recibir al presidente de la República. La Guardia Nacional lució sus mejores galas, espada en mano, formando un pasillo por donde accedió el mandatario bolivariano al Hemiciclo para presentar su tercera Memoria y Cuentas de 2015, la primera con una Cámara de mayoría opositora, en la que todavía están pendientes de asignar los escaños de cuatro diputados, tres opositores y uno chavista, correspondientes al estado de Amazonas. Ayer, también se supo que el oficialismo ha presentado una nueva impugnación, la octava, contra los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre, aumentando a 12 el número de diputados opositores cuestionados.

Maduro habló en un palco, donde en el estrado superior, encima suyo, se sentaba el presidente de la AN, el opositor Henry Ramos Allup, el hombre que amenazó a Maduro con poner fin a su mandato en seis meses. Tanto por lo simbólico como por lo práctico, un momento histórico muy esperado por la oposición, ansiosa de pedir explicaciones al jefe de Estado.

La revisión de ese balance se producirá, sin embargo, será a posteriori, pues la dinámica del evento no admite intervenciones. El meticuloso protocolo exigido para esa cita anual fue la antesala de un mensaje determinante para las relaciones entre los poderes del Estado y el incierto porvenir en las próximas semanas. Desde la bancada opositora, los más escépticos, como el diputado Guevara, afirmaban que lo único que encontró en el discurso de Maduro fueron «mentiras».

Puñalada a la democracia

- El decreto permite al Ejecutivo disponer libremente de los recursos económicos presupuestados para el ejercicio 2016.

- También podrá asignar recursos extraordinarios, previstos o no, para gestión sanitaria, educativa y de vivienda.

- Facilitará contrataciones públicas en determinados sectores sin la necesidad de contar con el visto bueno del Parlamento.

- Prorrogable. El estado de emergencia económica se puede alargar otros sesenta días una vez concluya el primer plazo.