Venezuela, licencia para expropiar

MADRID- El Gobierno de Venezuela no deja de apelar estos días al respeto de las normas internacionales al hablar del «caso Snowden» y del trato que Europa dio al presidente de Bolivia, Evo Morales, al cerrarle el espacio aéreo. Sin embargo, no parece actuar con la misma rectitud cuando se trata de confiscar empresas, ya sean éstas nacionales o extranjeras. Las cifras son claras. En los últimos años, las autoridades venezolanas han expropiado 1.171 empresas, de acuerdo con los datos de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

Esta política confiscatoria ha generado una deuda con las compañías extranjeras nacionalizadas de 13.000 millones de dólares. Los diputados chavistas argumentan que Venezuela camina hacia la «soberanía alimentaria» y que para alcanzar esta meta es necesario aumentar la concentración del poder económico del Estado.

Con este propósito, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley antimonopolio que permitiría que cualquier empresa, al margen de su tamaño, pueda ser considerada monopolio y, por tanto, sancionada o incluso confiscada, independientemente de si ha cometido una infracción o de cómo llegó a esa posición de dominio del mercado.

Además, elimina la declaración previa de interés público que se da en la normativa internacional cuando se quiere expropiar un bien privado. El texto prohíbe las fusiones y concentraciones entre empresas y deja al Estado la facultad de deshacer cualquier acuerdo entre compañías. También se arroga la capacidad de ordenar el cierre provisional de un negocio o de decomisar sus bienes y ponerlos a la venta sin demostrar previamente la existencia de una irregularidad por parte de la empresa afectada. El Estado podría disolver compañías privadas, trocearlas, ocuparlas o expropiarlas si incurren en alguna de las infracciones que marca la ley, tal y como han explicado a LA RAZÓN dos gabinetes de abogados consultados. Lo que en otros países supondría una multa, en Venezuela, si se aprueba el proyecto, podría acarrear la nacionalización. El Estado quedaría al margen del cumplimiento de la ley y por tanto sería el único monopolio permitido.

Según los expertos jurídicos consultados para este artículo, este instrumento legal aumentaría la incertidumbre jurídica y limitaría la libertad de empresa en Venezuela. En declaraciones a LA RAZÓN, la diputada opositora Vestalia Sampedro, miembro de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, advierte de que el proyecto «plantea un tipo de sociedad socialista que no encaja en nuestra Constitución» y recalca «que no respeta el derecho a la propiedad privada porque fomenta la expropiación y la ocupación de empresas».

Richard Obuchi, economista venezolano y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración, explica a este periódico que si se aprobara esta ley, quedaría un mercado «mucho más polarizado y altamente estatizado». En su libro «Gestión en rojo», Obuchi sostiene que las empresas confiscadas han sufrido un deterioro de su capacidad productiva y que las expropiaciones «han tenido un impacto negativo sobre la inversión». Esto ha hecho que la importación de alimentos y bienes agroindustriales creciera un 366% entre 1999 y 2012. Recientemente, el país ha sido noticia por la falta de papel higiénico en las tiendas y el desabastecimiento de productos básicos.

Según un despacho de abogados español que trabaja en Venezuela, el proyecto «elimina la libre competencia en la práctica» y hace de Venezuela «el país más restrictivo e intervencionista del mundo». Sin embargo, desde el PSUV aseguran que «la esencia de este proyecto es la democratización de la economía nacional».

Actualmente, el Gobierno de Caracas se enfrenta a 17 procesos de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Muchas de estas reclamaciones proceden de compañías norteamericanas que buscan ser compensadas tras ser expropiadas. Venezuela ocupa los últimos puestos en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad.