La exfiscal venezolana exhibe pruebas contra Maduro y Cabello

Luisa Ortega vincula a una empresa española con los sobornos al «número dos» chavista. Del presidente dice que es dueño de una empresa que vende alimentos a los pobres venezolanos.

La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz levantó ayer en Brasil una nueva polvareda al asegurar que cuenta con pruebas que acreditan la «corrupción desmedida» del chavismo y que salpican a varios altos cargos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, y anunció que entregará dichos documentos a las autoridades de España, Estados Unidos y Colombia para que tomen medidas. Ortega Díaz, que huyó la semana pasada a Colombia ante la amenaza de detención en Venezuela, reapareció en una cumbre de fiscales en Brasilia en la que amenazó con sacar a la luz «muchas pruebas» que acreditarían las actividades irregulares de destacados funcionarios, entre ellos los miembros de la Asamblea Constituyente Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.

Sobre Diosdado Cabello dijo que éste recibió cien millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Ortega aseguró que el dinero fue depositado en una empresa domiciliada en España, propiedad de los primos de Cabello, Luis Alfredo Campos Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello, y denominada TSE Arietis. Subrayó, en sus declaraciones que entregará las pruebas a las autoridades de distintos países «para que se investigue» en «virtud del principio de jurisdicción universal».

Sobre Maduro señaló que es presuntamente dueño de una empresa en México contratada por el Estado venezolano para distribuir los alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). «Tenemos investigación de la bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP. Una empresa mexicana registrada a nombre de dos personas. Empresa que se presume que es de Nicolás Maduro, aunque figuran como propietarios Rodolfo Reyes, Álvaro Uguedo Vargas y Alex saab», dijo.

Las acusaciones de Ortega Díaz también se extendieron a su sucesor en la Fiscalía, Tarek William Saab, sobre quien pesarían seis expedientes por corrupción relacionados con un presunto desfalco en la petrolera estatal (PDVSA). «Nosotros hemos hecho un seguimiento a todos estos casos de corrupción y fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designada una persona para que usurpara las funciones de la Fiscal General de la República, una persona que tiene seis expedientes, investigaciones por corrupción. Y la primera medida que tomó fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseimiento. Es más, esos expedientes están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA. Podrán haber destruido los expedientes, pero las copias verificadas están en mi poder», advirtió, según los extractos del discurso difundidos por medios locales.

Los fiscales generales de Suramérica expresaron un fuerte apoyo a la fiscal destituida: «Te reconocemos como la fiscal general de Venezuela (...) Nuestra solidaridad contigo, Luisa, de Paraguay y de todos los ministerios públicos de la región porque creemos que [tu situación] es una bofetada a la democracia y al estado de Derecho», dijo el representante de Paraguay, Javier Díaz Verón. El mismo tono adoptó la procuradora argentina, Alejandra Gils Carbó, quien denunció violencia verbal y física contra Ortega, que desembocó en su destitución y su «exilio».

Ortega habló brevemente con los periodistas a su llegada al aeropuerto de la capital brasileña, tras haber escapado el viernes pasado a Bogotá –adonde llegó huyendo del régimen junto a su marido– burlando una prohibición que le impuso el máximo tribunal de su país. La alta funcionaria dijo ayer que ha recibido amenazas y que teme por su integridad física: «Tengo amenazas que pueden atentar contra mi vida y hago responsable al Gobierno venezolano si eso llega a ocurrir», señaló Ortega, quien planea regresar a Colombia.

Como ya adelantó LA RAZÓN, su intención es viajar posteriormente a Washington, donde empezará a colaborar con la Fiscalía norteamericana en fututos procesos contra funcionarios venezolanos por corrupción. El Gobierno de EE UU ya ha mostrado su disposición de concederle asilo político, oferta que según pudo saber este diario de su entorno, aceptará. Además, no se descarta que participe en futuras causas con la Agencia Norteamericana Antidroga (DEA).

Según estas investigaciones, la estatal petrolera PDVSA habría sido usada «como pantalla» para blanquear las operaciones y el dinero. Según la ex fiscal, el régimen chavista recibió 30.000 millones para obras por parte de la constructora brasileña Odebrech, muchas de ellas inconclusas o nunca hechas. Por su parte, ex director de la compañía Marcelo Odebrecht, quien ahora mismo testifica en Brasil a cambio de una disminución de su pena, asegura que Venezuela sería el segundo país que más dinero recibió en sobornos, con importes no menores a los 90 millones de dólares. Una cifra que, según Ortega, sería mucho mayor. Falta por ver si el escándalo salpica también a miembros de la oposición, como defiende el oficialismo.

En opinión de la ex fiscal general, «en Venezuela no hay garantía de justicia», por lo que ha pedido a otros países que actúen con firmeza y dejen de colaborar en términos judiciales con el Gobierno de Nicolás Maduro. Precisamente el martes el presidente anunció que pediría una orden de arresto internacional contra Ortega Díaz. Maduro anunció que pedirá a Interpol la captura de la que fuera su fiscal general porque «andas con la oligarquía colombiana, con los golpistas brasileños. Dime con quién andas y te diré quién eres», amenazó el presidente venezolano.