128.000 millones de euros para una falsa «paz social»

La «paz social» en Andalucía, como la muerte en la película de Sergio Leone, tenía un precio. Desde 1991, alrededor de 128.000 millones de euros movilizados bajo el marchamo de la legalidad. ¿Por qué hay que meter tanto dinero en las organizaciones empresariales y sindicales? ¿Dónde está el cambio de modelo productivo? ¿Y los millones de puestos de trabajo que se iban a crear con los distintos planes de empleo? Las preguntas que flotan en el aire cuando la Cámara de Cuentas ha confirmado en un duro informe las irregularidades en relación a las partidas finalistas para formación gestionadas, principalmente, por la patronal y los sindicatos de clase: entre 2009 y 2010, 800 millones en entredicho. Con el montante de la llamada «paz social» se podrían haber adjudicado 32 inversiones como las del Canal de Panamá, a razón de 4.000 millones por obra.

En 2013 venció el Plan Andaluz para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (Paidi) 2007-2013, el Plan Estratégico para la Internacionalización de la Economía Andaluza (Peiea) 2012-2013, el Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía (Pormian) 2010-2013, el Plan Andaluz para la Sociedad de la Información (ASI), el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (Pasener) 2007-2013, el Plan Director de Seguridad de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Administración de la Junta 2010-2013 y el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo para el curso 2013-2014. Todos enmarcados en la Estrategia de la Competitividad por Andalucía 2007-2013. La tasa de paro en la comunidad ronda el 35%. La crudeza de las cifras revela que los acuerdos de concertación no han mejorado la posición de Andalucía en términos de producción y empleo y tampoco han contribuido a la «paz social». Todos los actores de la concertación están señalados: la Junta y los sindicatos, con los ERE; y la CEA, con la venta fraudulenta de VPO. Aparte están las facturas falsas de UGT y los beneficios de los cursos de formación para directivos empresariales.

El PP exige a la presidenta de la Junta que la concertación no se base sólo en «repartirse el dinero». El éxito de la concertación social ha sido «una mentira». Desde el PP, José Luis Sanz ha criticado que «la Junta siga repartiendo dinero a manos llenas para tapar la boca a los agentes sociales». El líder de IU, Antonio Maíllo, admite que la concertación «está muerta». Susana Díaz defiende que necesita «abrirse en canal» y plantea más agentes (ONG, por ejemplo) para el reparto de la tarta.

Más allá de la mala praxis general que está siendo investigada por la Justicia, está la famosa sentencia de Clinton: «Es la economía, estúpido». Dejando los delitos para la Justicia, los resultados de la concertación brillan por su ausencia a pesar de su elevado coste. Cualquier indicador económico desvela que la situación de Andalucía en relación a España no ha mejorado en PIB, renta per cápita o empleo. Siete acuerdos de concertación nos contemplan en las dos últimas décadas y se han recibido miles de millones de la UE y transferencias netas del resto del país.

El argumento último para justificar la concertación ha sido su contribución a «la paz social». Un indicador falso. La conflictividad como la relación entre las jornadas de huelga al año y el número de empleados pone de manifiesto que entre 2002 y 2012 en Andalucía se perdieron una media de 198 jornadas por huelga, por las 103 de la media del resto de comunidades. No hay más «paz social» y sí menos fondos y, como poco, similar paro. El axioma esgrimido por los agentes sociales que se han repartido la tarta es éticamente cuestionable. Se presenta la concertación social como el peaje necesario. Un chantaje promovido desde los poderes públicos.

Mientras las negociaciones entre el Gobierno central y los agentes sociales se han caracterizado por la confrontación, en Andalucía cada acuerdo era una fiesta que se cerraba sin mayores contratiempos. Los acuerdos –con Chaves y Griñán; y ahora Susana Díaz ya anuncia una nueva ronda– nacieron en su día para posibilitar una costosa estrategia. Menos conflictividad a cambio de una importante retribución económica. Hasta con huelgas convocadas de por medio se han puesto de acuerdo para el reparto en la comunidad. Jauja, capital de la concertación. La fórmula resulta invariable respecto a la que durante la dictadura marcó la cohabitación entre Ejecutivo, sindicatos y empresarios. Los sindicatos, de los tiempos del régimen hasta ahora, tampoco han sobrepasado el 10% de representatividad de los trabajadores. El peso real de los sindicatos difiere de los miles de millones que reciben. Hasta 2009 y desde 1995, 109.000 millones de euros; 83.000 para los sindicatos, 26.000 para los empresarios. El PP estima que con ese montante se podrían crear cuatro millones de empleos. Sólo en 2011, la Junta movilizó casi 10.000 millones en el desarrollo de iniciativas públicas (4.956,4) y privadas (4.635) incluidas en el acuerdo de concertación. Según la Junta, esta inversión permitió el mantenimiento de 342.240 empleos, entre los creados y no destruidos. A través del entonces consejero Antonio Ávila, se habló de «una muestra de traslación de confianza a los ciudadanos». «No hay mejor hoja de ruta, ni plan a corto o medio plazo, ni de mayor calado, que este acuerdo», dijo. ¿Mejor para quién? El consejero contestaba a esta cuestión al afirmar que las críticas al nivel de cumplimiento del pacto –los agentes sociales querían más– responden a la ambición de patronal y sindicatos por el mejor desarrollo del pacto. El VII Acuerdo de Concertación Social (2009-2013) «pretende movilizar 19.000 millones a través de más de 300 medidas de apoyo a la economía productiva y el empleo». En resumen, 109.000 más 19.000 suman 128.000 millones. Se trata de la misma cantidad que el Gobierno de Rajoy espera recaudar de más este ejercicio.

En 2001, aún con Chaves como faraón, el presidente de la Junta recalcó que el pacto de concertación social, que garantiza la «paz social» durante toda la legislatura, es «un arma importante para afrontar» una posible recesión en la economía mundial. Desde entonces, todos los indicadores de empleo han empeorado.