28F: Entre la incertidumbre política y el lento desarrollo estatutario

El 23 de mayo de 1982, Andalucía celebró sus primeras elecciones autonómicas. Atrás quedaron cinco años intensos de lucha política y ciudadana por la autonomía plena: la manifestación del 4 de diciembre de 1977, la constitución de la Junta de Andalucía en base a los resultados de las elecciones generales, el referéndum de ratificación para acogerse a la vía del artículo 151 de la Constitución o la aprobación también en referéndum del primer Estatuto. Con motivo del 30 aniversario de esos primeros comicios regionales, el 23 de mayo de 2012, el Parlamento autonómico aprobó una declaración institucional firmada por el PSOE, el Partido Popular e Izquierda Unida en la que, entre otras cosas, se apuntaba que todos los responsables políticos tenían como objetivo fomentar «una sociedad cohesionada, moderna y abierta, inspirada en la Andalucía para España y la Humanidad, protagonista de sus cambios, y que camina ahora hacia la construcción de una Andalucía cuyo crecimiento será más sostenible, justo y solidario». El texto concluía afirmando que «trabajamos por desarrollar al máximo el nuevo Estatuto de Autonomía; una propuesta global, responsable y comprometida con el territorio, y a través del cual se garantiza el mejor y más completo avance y progreso para nuestra tierra».

Desde la celebración de las primeras elecciones autonómicas en 1982 y el día que hoy se celebra, han pasado 35 años. Casi 40 desde que Plácido Fernández Viagas fuera elegido presidente de la Junta preautonómica en 1978. La realidad andaluza ha cambiado en más de tres décadas. El debate no es ése. La cuestión es que si los cambios que ha experimentado la comunidad son equiparables a los de otras regiones de España y de Europa. Existen argumentos suficientes para defender ambas posiciones, aunque resulta difícil de rebatir que la convergencia total aún no se ha alcanzado.

En 1980, Andalucía contaba con una tasa de empleo del 37,58 por ciento y una tasa de paro del 17,41 para una población de más de 16 años de 4.365.600 personas, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En 2016, la Encuesta de Población Activa arrojaba que la tasa de paro está en el 28,25 por ciento ; el número total de desempleados se sitúa en 1.120.300; y el de ocupados es de 2.845.300. La población de más de 16 años superaba en 2015 los 6,8 millones. Los datos muestran una evolución, aunque no es distinta a la de otras regiones como Murcia, Galicia o Castilla y León. La tasa de empleo entre las mujeres en 1980 era del 16,58 por ciento; en 2015 ascendía al 34,35.

El Producto Interior Bruto andaluz roza los 145.000 millones de euros en 2015; en 1995, por ejemplo, era de poco más de 60.000 millones. La riqueza de la comunidad ha crecido, pero el PIB per cápita, un indicador que mide el bienestar real de una economía ofrece una imagen distinta. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística la media nacional en 2015 fue de 23.290 euros ; en el caso de Andalucía fue de 17.263 euros. Sólo Melilla (17.173 euros) y Extremadura (16.116 euros) se situaron por debajo. Por tanto, el PIB por habitante de Andalucía se situó en un 25,9% por debajo del dato nacional, mientras que el PIB por habitante de la Comunidad de Madrid fue un 36,6% superior a la media nacional, el de País Vasco un 30,8% mayor y el de Comunidad Foral de Navarra un 23,2% más elevado.

En materia de formación, tres décadas han servido para un cambio considerable. La población en 2015 con estudios universitarios o superiores roza los 5 millones mientras por apenas 800.000 en 1980. La población analfabeta es de 258.000 por 673.000 en 1980.

En 2001, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, impulsa el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Se inicia un proceso que culminará en 2007 y que está marcado por los denominados estatutos de segunda generación en otras comunidades autónomas, proceso que se origina en Cataluña. En 2001, Chaves se pronunciaba así en la Cámara andaluza: «Dentro de unos meses, el calendario nos recordará que se cumplen veinte años de la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía (...). Que el desarrollo autonómico ha permitido y propiciado la transformación de nuestra comunidad y un periodo que se ha saldado de forma satisfactoria es algo que parece evidente e incontestable (...) Estamos en pleno debate sobre la construcción del Estado de las Autonomías, de la España plural, de la de limitación de competencias; estamos en pleno debate sobre la arquitectura europea que se fraguará en el año 2004 en la cumbre alemana; estamos inmersos en la globalización de mercado y los avances tecnológicos de la sociedad de la información...». Esos argumentos envolvieron la aprobación del segundo Estatuto de Autonomía en 2007 del que en estos días se han cumplido diez años. El devenir de los acontecimientos ha hecho que cada uno de ellos hayan quedado superados.

La vinculación de desarrollo autonómico y progreso, a tenor de algunos de los datos repasados, no está demostrada. Al menos, no en comparación con otras regiones europeas. El sempiterno debate sobre la construcción del Estado de las autonomías que se pretendía zanjar con el nuevo Estatuto de Cataluña aprobado en época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno no ha quedado zanjada y la amenaza secesionista está más vigente que nunca. La delimitación de competencias entre el Gobierno central y las autonomías no está resuelta.

La crisis económica internacional ha generado nuevas incertidumbres y las relaciones entre administraciones se han modificado. La presión de la Unión Europea y la falta de financiación en los mercados ha hecho que el Estado haya asumido la financiación de las autonomías, que ahora pugnan por un nuevo modelo que les permita financiar la prestación de servicios públicos y desprenderse del tutelaje que, en varios aspectos, ejerce el Gobierno central. La globalización ha generado también la aparición de movimientos de carácter nacionalista que la crisis ha agudizado y en este contexto ha surgido el Brexit, que añade incertidumbre al futuro de la Unión Europea. ¿Significa que los argumentos que posibilitaron el acuerdo entre las fuerzas políticas andaluzas –solo el Partido Andalucista se descolgó– han quedado superados? Posiblemente así sea, aunque no es ése el principal problema del actual Estatuto, que se enfrenta a graves dificultades para su desarrollo.

Después de una década, el ritmo de ejecución del texto que iba a generar un nuevo impulso para Andalucía es muy lento. La peor crisis económica y financiera de la historia reciente ha supuesto un lastre. Leyes como la de la renta básica o el desarrollo de nuevos derechos que llevan aparejado esfuerzos presupuestarios han quedado aparcados por imposibilidad de financiarlas. «Blindar» derechos sin presupuesto que los garantice es una ecuación irresoluble. Otras leyes no se han desarrollado por falta de acuerdos políticos. Los incumplimientos, como el de la Disposición Adicional III que obligaba al Estado a invertir en sus presupuestos en función del peso poblacional de Andalucía en España, son recurrentes (tanto por el PP como por el PSOE). A todo ello, el mapa electoral ha cambiado. Tras las últimas elecciones han surgido con fuerza dos nuevos partidos políticos, Podemos y Ciudadanos. Ninguno de los dos estaba presente en 2007, pero ahora se han incorporado al debate. No cuestionan el Estatuto, pero los consensos se han vuelto más complicados. La fragmentación política y la disparidad de intereses dificulta su puesta en marcha. La comisión para el desarrollo estatutario creada en el seno del Parlamento de Andalucía se ha reunido en esta legislatura en una sola ocasión, el 2 de julio de 2015 para su constitución.

El Estatuto andaluz se enfrenta también a otro problema externo. ¿Cómo se resolverá el encaje de Cataluña en España? ¿Habrá compensaciones para satisfacer al independentismo que generen una España de dos velocidades con desigualdades de competencias y recursos? Una hipotética reforma de la Constitución, ¿acabará con el modelo de la España de las autonomías? ¿Habrá una revisión de competencias con un reforzamiento del Estado o, por el contrario, seguirá éste cediendo poder a las autonomías? Ésas serán las próximas incógnitas que habrá que desvelar.