Abocados a un segundo rescate autonómico

En apenas un lustro la estructura de la deuda pública autonómica ha cambiado radicalmente. Si hasta 2007 la deuda viva (la no devuelta) estaba en un 70% constituida por títulos de deuda pública emitidos por la Junta de Andalucía y comprados por los ahorradores y el 30% restante de lo que se debía eran préstamos y créditos adeudados a las entidades bancarias, 2013 terminará muy probablemente con una estructura bien diferente. Cuando (Dios mediante) nos comamos las uvas o las pipas si el bolsillo no da para más, de los 19.249 millones de euros que deberá la Junta de Andalucía, sólo la tercera parte serán títulos valores y los otros dos tercios, préstamos aunque no sólo –ni principalmente– a las entidades financieras. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Cada año una Administración Pública deficitaria debe conseguir el dinero suficiente no sólo para cubrir su déficit sino también para atender a los vencimientos de deuda. Uno puede pensar que esto de atender los vencimientos de deuda se puede tomar con calma como por ejemplo evidencia el lacerante retraso en el pago a los proveedores del Servicio Andaluz de Salud. No me refiero a esa deuda, sino a la deuda pública que se emite en los mercados financieros y que cuando llega el momento de devolverla, si no se hace, la reputación del emisor –en este caso la Junta de Andalucía- se vería tan dañada que probablemente nadie vuelva a comprar un céntimo de deuda autonómica andaluza.

La información es tan sensible que las Administraciones Públicas publican sin tapujos el calendario de vencimientos de los valores que han emitido en los mercados. Lamentablemente esa información no la ofrece la Junta de Andalucía a pesar de su interés evidente para los inversores y para los ciudadanos. Un déficit de transparencia que técnicamente es fácil de subsanar.

Bien, pues hasta 2012 la Administración regional conseguía el dinero que le faltaba bien emitiendo títulos valores bien recurriendo a créditos o préstamos de las entidades financieras.

El primer mecanismo –la emisión de valores– era el cuantitativamente más importante y se basaba en tres programas, dos de carácter regular en el tiempo y otro sin calendario definido. El primer programa consistía en la emisión de bonos y obligaciones de la Junta de Andalucía en forma de subastas bimensuales dirigidas a captar el ahorro nacional. El segundo programa lo era de emisión de pagarés, por tanto, un sistema de financiación a corto plazo que cada quince días emitía pagarés con vencimientos que oscilaban entre los tres y los dieciocho meses. En 2009 entró en funcionamiento otro programa de emisión de deuda pública autonómica que en esta ocasión se orientaba a captar el ahorro extranjero. El programa –denominado Euro MTN– operaba a través de la Bolsa de Luxemburgo bajo legislación inglesa pero no se emitían títulos de manera periódica sino cuando las condiciones del mercado lo permitían.

Con la recesión en pleno apogeo en 2012 y la calificación de la deuda autonómica –no sólo la andaluza– al nivel de «bono basura», las condiciones de emisión de más deuda pública resultaban completamente prohibitivas.

Efectivamente en 2012 Andalucía recibe dos grandes préstamos. El primero acogiéndose al Plan de pago a proveedores por el que recibe 2.700 millones de euros. El segundo acudiendo al rescate en forma de petición de préstamo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con una operación final de 2.800 millones de euros.

Nada parece que vaya a cambiar en 2013 ni en la calificación del riesgo del «bono autonómico» ni, consecuentemente, en las condiciones de acceso a los mercados de deuda por lo tanto Andalucía estaría abocada a pedir un nuevo rescate. Muy probablemente acogiéndose a una reedición del FLA.