Sevilla

Absueltos los dos primeros imputados por la ocupación de un edificio

La Corrala Utopía se instaló en un bloque de Sevilla hasta que la Policía Nacional procedió al desalojo casi dos años después

El edificio era propiedad de Ibercaja
El edificio era propiedad de Ibercajalarazon

Una jueza de Sevilla ha absuelto a los dos miembros del colectivo bautizado como Corrala Utopía que fueron enjuiciados el pasado 4 de septiembre por habitar sin título alguno las viviendas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja, según informaron ayer a Europa Press fuentes del caso.

La jueza de lo Penal número 7 ha dictado dos sentencias en las que absuelve a Maximiliano Salazar y Jesús Antonio Aguilar del delito de usurpación por el que la Fiscalía pedía para cada uno de ellos el pago de una multa de 720 euros alegando que «este tipo de ocupaciones no pueden ser amparadas legalmente» pues de lo contrario se generaría «un efecto llamada».

El primero de los dos imputados en ser enjuiciados fue Jesús Antonio Aguilar, quien se declaró inocente y que explicó que «ocupó» una de las viviendas el 1 de septiembre de 2013 sin tener autorización del propietario de la misma, todo ello hasta que el 6 de marzo de 2014 la Policía Nacional procedió al desalojo del inmueble, momento en el que el imputado, que se encontraba allí junto a su mujer enferma, abandonó la vivienda de forma voluntaria.

Este imputado indicó que con anterioridad a la ocupación se encontraba trabajando como vigilante de seguridad para una empresa que terminó cerrando, momento en que su situación personal y familiar comenzó a empeorar, pues «no encontraba trabajo por ningún sitio» y llegó a perder su vivienda, por lo que «tuvo que decidir entre pagar el alquiler o comer». «Opté por comer», aseveró el acusado, que afirmó que, además, «no podía tener a mi mujer enferma en la calle».

En el segundo de los juicios, el Ministerio Público mantuvo su petición de 720 euros de multa para el otro imputado, Maximiliano Salazar, quien, en declaraciones a los periodistas antes de la vista oral, dijo que no ha vivido en el edificio y que únicamente iba allí para visitar al hijo menor que tenía en común con su ex mujer, que sí se encontraban en el edificio.

La situación de la Corrala provocó un cruce de reproches entre el PSOE e IU, que por aquel entonces gobernaban en la Junta de Andalucía. Susana Díaz llegó incluso a retirarle las competencias de vivienda a su socio. La coalición de izquierdas ha seguido apoyando al colectivo de familias que residían en el edificio y ha participado en varios actos para pedir la absolución de todos los imputados. Están previstos más de 50 procesos judiciales individuales.