Acusan a la Junta de impulsar una inspección paralela y duplicar el coste

La Asociación de Inspectores de Educación (Adide-Andalucía) lo tiene claro. El Plan Plurianual de Evaluación del Sistema Educativo Andaluz aprobado por la Consejería de Educación de la Junta socava las competencias de este colectivo e impulsa una inspección «paralela» que duplicaría el gasto y carecería de independencia.

En ese sentido, el presidente de dicha organización, Ángel Ruiz Fajardo, explicó que Educación ha publicado recientemente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este plan, que la consejera del ramo, Mar Moreno, presentó ayer «sin la más mínima negociación».

Además, la iniciativa no se ha llevado a la Mesa Sectorial en la que están presentes los sindicatos y tampoco se ha tenido en cuenta al colectivo de inspectores andaluces, integrado por casi trescientos profesionales.

Para Fajardo, esos hechos evidencian «temeridad» administrativa. De hecho, aseveró que la asociación que preside está «manifiestamente en contra» del polémico plan, dado que podría atentar contra la legislación básica al suponer, de facto, el desarrollo por parte de «evaluadores externos» de funciones de supervisión que la ley atribuye exclusivamente a la inspección educativa. Una práctica, el encargo de funciones públicas a trabajadores sin potestades para ejercerlas, que han hecho en múltiples ocasiones distintos sindicatos vinculados a la Administración autonómica.

En opinión de Fajardo, el proyecto de evaluación del Ejecutivo regional «abre la puerta» a la creación en parte de una inspección «paralela» en Educación, con la consiguiente duplicidad de funciones frente a los inspectores de carrera y un incremento del gasto público «inaceptable en los actuales momentos» de dificultad económica.

A su entender, el nuevo plan perseguiría «externalizar» la evaluación del sistema y de parte de las funciones de la inspección educativa mediante agencias públicas o empresas privadas, sin garantía de independencia y que se encargarían de evaluar centros y docentes del sistema educativo andaluz, acreditando, o no, buenas prácticas sin explicar las consecuencias que de las mismas se desprenderían para colegios y profesores acreditados o «desacreditados».

Desde esa perspectiva, el presidente de Adide admitió sentirse preocupado por la falta de confianza demostrada por la Consejería hacia la inspección educativa, que ha causado un profundo malestar en todos los servicios de este tipo de la comunidad. Si bien, Educación negó que vaya a externalizar la inspección educativa o que vaya a marginar a los inspectores. Asegura que ni el plan cuestionado ni la normativa de la propia Consejería prevén «la existencia de evaluadores externos o su creación».

Los centros concertados tomarán medidas legales

Las Escuelas Católicas de Andalucía, patronal mayoritaria de centros concertados, manifestó ayer su «disconformidad más absoluta» con el «cambio de postura» de la Consejería de Educación de la renovación de conciertos educativos, contra el cual, avisan, tomarán medidas legales si éste cristaliza. Además, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) también denunció la «persecución de la Junta a la concertada» y advirtió de que se «atenta contra un sector que ha demostrado su capacidad competitiva».