Advierten del riesgo de que la zona del Campo de Gibraltar sea controlada por un cartel de la droga

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado hoy el grave y creciente problema de seguridad que genera el narcotráfico en el área del Campo de Gibraltar, con la Línea de la Concepción como puerta de entrada del hachís en Europa. Alertan de que las alrededor de 30 bandas que operan en la zona podrían estar a un paso, si no lo han hecho ya, de convertirse en un cartel de la droga con capacidad de extender sus tentáculos a las instituciones públicas, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Justicia o las entidades locales y autonómicas.

“Nadie se atreve a introducir tal cantidad de droga si no tiene seguridad de que llegará a su destino. Por este motivo urge la toma de decisiones”, han advertido en una rueda de prensa. celebrada hoy en Sevilla.

Y es que, estas bandas no sólo se dedican al tráfico de hachís, sino que empiezan a comercializar otras sustancias como la cocaína, lo que quedó de manifiesto el pasado miércoles, cuando se llevó a cabo en Algeciras la mayor aprehensión de esta droga efectuada hasta el momento en Europa, casi nueve toneladas.

Recuerda la AUGC que en 2017 se aprehendieron 145.372 kilos de hachís, frente a los 100.423 de 2016. Esto supuso en incremento del 45%, con 755 detenidos. “En estos momentos existen unas 30 bandas de narcos, con más de 3.000 colaboradores directos. Ante ello, la falta de efectivos policiales es patente”, explican este colectivo, que asegura que se necesitan al menos 300 agentes de la Guardia Civil más en la Comandancia de Algeciras.

El poderío económico de estas bandas se traduce en los medios técnicos y humanos con los que operan, con una infraestructura muy superior a la de los cuerpos policiales, según denuncia la AUGC: narcolanchas hasta con tres motores fueraborda, radares, teléfonos encriptados y una amplia red de informantes.

Esto conlleva también una escalada de la violencia en la zona.

► La narcociudad de La Línea

Ante esta situación, la AUGC propone la puesta en marcha inmediata de un Pacto de Estado integral que contemple este problema desde distintos prismas. Este Pacto de Estado debería arrancar con el incremento y la especialización de las fuerzas de seguridad, además de abordar otras cuestiones como el desarrollo de un plan de empleo en la zona que acabe con la situación de desempleo que se padece en la zona (40% de paro) o luchar contra el abandono escolar.

También insiste la AUGC que se debe estrechar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, especialmente la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Unión Europea, así como la creación de juzgados especiales contra el narcotráfico y la presencia de un mayor número de agentes especializados.

Y es que, según expertos consultados por LA RAZÓN, el narcotráfico en el Campo de Gibraltar no tiene nada que ver con el de hace diez años. La crisis económica, que en la zona tuvo especial incidencia, hizo que los delincuentes, mientras se producía una cierta dejadez por parte de las autoridades, aprovecharan para perfeccionar sus métodos, infraestructuras y su seguridad.

Lo primero que hay que subrayar, según las citadas fuentes, es que es un delito que no está suficientemente castigado. Con el dinero que se gana merece la pena el riesgo. Detrás de todo esto está el negocio del hachís, que en la costa española se cotiza a 900 euros el «duro», de mayor pureza, y a 1.200 el polen. Ya en otras partes de Europa, el precio alcanza los 4.000 euros por kilo.

En segundo lugar, los narcos se dieron cuenta que era el momento de perfeccionar los métodos, tanto materiales como de actuación. Recientemente, fue descubierto un sistema de radares para detectar los movimientos policiales. En las zonas en las que actúan, cuentan con decenas de individuos que desde lugares estratégicos realizan esas mismas vigilancias; otros fotografían las matrículas de cualquier coche sospechoso de pertenecer a las Fuerzas de Seguridad del Estado y pasan las imágenes por redes privadas al tiempo que dan aviso de lo que ocurre. Si los coches van en solitario, llaman a otros compinches y los apedrean. Esto ocurre sobre todo en los barrios de La Atunara y San Bernardo de la Línea. Los desembarcos de las lanchas dotadas de tres potentes motores fuera borda, denominadas popularmente «gomas», unos diez cada día, son preparados minuciosamente. A los vigilantes desde las azoteas se unen numerosos motoristas que recorren la costa para descubrir la presencia policial. Una vez declarada la zona «limpia», se produce el desembarco.

Además, la violencia que denuncia la AUGC se ha ido acrecentando en los últimos meses hasta límites desconocidos no sólo en la zona, sino en España, con métodos más similares a los de Colombia que a los de la Unión Europea. Así, los agentes que luchan contra el narcotráfico en La Línea de La Concepción aseguran que, tras un reciente y breve parón en la actividad de las redes, todo sigue “exactamente igual” y la actividad y la agresividad de las redes han vuelto a campar en la zona.

Episodios como el del pasado mes de marzo, cuando una avalancha de 200 personas impidió a la Policía detener a un supuesto narcotraficante en el barrio de San Bernardo, es el reflejo de que las visitas y reuniones de autoridades y políticos al máximo nivel y los anuncios de medidas, aún no han hecho mella en la treintena de redes de narcotráfico que se estima que operan en La Línea de La Concepción.

“Los agentes siguen preocupados, se sienten abandonados, muchas palabras e intenciones pero pocos hechos, no se ha hecho nada y este problema hay que abordarlo con medidas contundentes y estables”, explica Carmen Velayos, del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que asegura que apenas han salido cinco plazas de policía para La Línea cuando “hay 89 puestos sin cubrir”.

Tras incidentes como el ocurrido el pasado mes de febrero, cuando una banda de narcos asaltó el hospital de La Línea para llevarse a un detenido, volvieron a enviarse a la zona refuerzos, una Unidad de Intervención Policial (UIP) y un Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, para apoyar una zona en la que, según la plataforma “Por tu seguridad. Por la de todos” faltan 700 agentes.

Pero no son refuerzos estables, según un agente de policía que trabaja en la zona. Y los narcos lo saben y están al tanto, incluso vigilando los hoteles en los que se hospedan estos efectivos.

“Tener una UIP aquí desplazada cuesta aproximadamente 3.000 euros al día, entre dietas, hoteles y demás. Es una carga económica importante y es un parche que no va a solucionar nada a largo plazo”, dice este agente.

Entre las medidas que la Plataforma lleva reclamando “más de un año” figura el incremento de la plantilla de agentes de Policía, de Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera en la zona para potenciar no sólo la persecución de los desembarcos de droga, sino las investigaciones sobre las redes y, especialmente, el blanqueo del dinero logrado con el tráfico de hachís que permite llevar motos y coches de alta gama o tener residencias de alto nivel a personas a las que no se les conoce ingreso legal alguno.

Piden también que se declare la zona de “especial singularidad” para que los agentes puedan encontrar algún estímulo económico que compense trabajar en una zona de especial riesgo, tanto en sus puestos de trabajo como en su vida privada y familiar, “algo similar a lo que se hizo en el País Vasco, porque trabajar en La Línea no es lo mismo que trabajar en Guadalajara”, dice un agente.