«Al 100% no se ha podido verificar que no vaya a haber menoscabo de fondos»

Las primeras declaraciones en la comisión parlamentaria de investigación sobre el presunto fraude en los fondos de formación no dejó indiferente a los grupos políticos, los que, salvo el PSOE, coincidieron en la falta de medios de los funcionarios.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, exigió al Gobierno andaluz la máxima colaboración y facilidad para que «entre todos podamos hacer un trabajo preventivo y depurar responsabilidades políticas». «Nos están mandando expedientes de manera desordenada, que no están digitalizados y, por tanto, la Junta intenta poner palos en la rueda para que la investigación sea lo más lenta y complicada posible», señaló. Moreno exigió que la Junta colabore al máximo con la Justicia porque explicó que todavía hay expedientes que la Fiscalía lleva esperando desde hace un año como es el relacionado con Rafael Velasco. Moreno habló de una trama que «ha desviado y perdido recursos públicos por valor de muchos cientos de millones de euros y que ha habido según todo parece indicar todo cierta connivencia por parte de las autoridades públicas».

Por su parte, la representante del PP-A en la comisión Teresa Ruiz-Sillero señaló, tras las primeras comparecencias, que «quien incumple la ley de forma reiterada es la Junta» porque, agregó, «no controla ni la homologación de los centros, ni si los alumnos reúnen los requisitos para hacer los cursos, ni si los profesores tienen la titulación o pueden dar todos los cursos de especialidades». Ruiz-Sillero resaltó la posibilidad de menoscabo de fondos públicos «porque al cien por cien ninguno de los interventores han podido verificar que no lo vaya a haber», recogió Europa Press. Ruiz-Sillero recordó que «tenemos el antecedente con los ERE, dinero que se ha perdido porque prescribieron». Ruiz-Sillero ahondó «en las irregularidades puestas de manifiesto, que ha dado origen a ocho informes especiales» algo que «es la primera vez en la historia que se ha hecho en la Junta». La parlamentaria advirtió de que «la Junta intenta responsabilizar de estas irregularidades a los interventores» cuando «ha quedado claro que quien incumple la ley de forma reiterada es la Junta».

El representante de Podemos Andalucía en la comisión, Juan Ignacio Moreno Yagüe, criticó que «nunca» se ha dotado de medios a las intervenciones para controlar las subvencione y que había una legislación «diseñada para permitir la sangría» de la formación.

Moreno Yagüe destacó que del relato de las primeras comparecencias se extrae que «no disponían de medios ni materiales ni humanos y que a día de hoy siguen sin disponer de ellos para realizar su trabajo». «Prácticamente estos interventores eran los únicos que en la provincia tenían la cualificación necesaria para seguir todos los procedimientos de control de subvenciones, no solo de los cursos de formación, sino también de cualquier tipo de subvención», advirtió el diputado de la formación morada para poner de manifiesto la escasez de personal con el que contaban ambas intervenciones para asumir el trabajo.

Moreno Yagüe destacó que, en sus comparecencias, «los interventores han dicho que no se cumplía la ley por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en materia de control de las justificaciones de las subvenciones». Asimismo, criticó la postura del PSOE-A en la comisión de investigación: «Si fuera por el PSOE-A, aquí no hubiera pasado nada, pero el caso es que hay 18 juzgados de instrucción investigando este caso porque sí ha pasado algo». Según Moreno Yagüe, las declaraciones de los interventores revelan que «la legislación dejaba mucho que desear, que las normas se iban cambiando constantemente», así como que «las exoneraciones impedían seguir de manera adecuada el control a ese régimen de subvenciones».

Podemos concluyó, tras oír a los primeros comparecientes, que «nunca ha habido medios en las intervenciones y que la legislación estaba diseñada para permitir esta sangría» en la formación.

Por IU, Elena Cortés criticó que el PSOE-A «se esconde en argumentaciones técnicas» y que «le importa un pimiento» si se cumplen o no los objetivos de los cursos formación. Cortés añadió que a los socialistas les importa «un bledo» si se cumple el objetivo de los cursos: «Que el pueblo andaluz trabajador tuviera derecho a la formación y derecho al empleo». «A los interventores se les ha impedido fiscalizar que el dinero entregado a las empresas subvencionadas se hubiese empleado correctamente porque la masiva exceptuación generalizada en todas las provincias les impedía fiscalizar que el dinero se había gastado correctamente», explicó. Cortés señaló «la falta de personal” para poder abordar el control de subvenciones que ambos interventores han puesto de manifiesto.

La portavoz de Ciudadanos en la comisión, Marta Bosquet, ha manifestó que la misma es un instrumento de utilidad, «no solamente porque esperamos que se depuren las responsabilidades políticas, sino también porque se están sacando a relucir muchas cuestiones ante las que esperamos que se ponga remedio por parte del Gobierno autonómico». Bosquet destacó que se ha puesto de manifiesto una «carencia total y absoluta de medios materiales y humanos», lo que ha dificultado el trabajo de la Intervención.

Por el PSOE, Rodrigo Sánchez Haro, aseguró que ha quedado muy claro «que no ha existido menoscabo para los fondos públicos y que no se ha cometido ningún ilícito penal que hubiera supuesto la necesidad de darle traslado a los juzgados o al fiscal». Sánchez Haro indicó que también se ha visto cómo la Intervención «ha hecho un trabajo serio, riguroso, en profundidad y exhaustivo». Además, señaló que no se puede consentir «la presión que hace el PP-A a algunos los comparecientes, intentando que digan lo que ellos quiere que digan».