Alaya confirma que el «fondo de reptiles» siguió utilizándose hasta abril de 2011

La juez Mercedes Alaya ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros impuesta al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera por «permitir», al menos hasta abril de 2011, «el reparto indiscriminado de fondos públicos con ausencia absoluta del procedimiento legalmente aplicable».

En un auto dictado el pasado 6 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del juzgado de Instrucción 6 rechaza el recurso presentado por el letrado del imputado y recuerda que la fianza impuesta se ajusta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «pues indiciariamente se le considera partícipe en los hechos delictivos que le fueron expuestos con detalle previamente a su declaración judicial» del pasado mes de julio de 2012.

La decisión de la magistrada pone de manifiesto que la «trama de los ERE» siguió funcionando tras la marcha de Francisco Javier Guerrero –al que le sucedió en el cargo Juan Márquez– e incluso con la llegada de Griñán a la presidencia de la Junta. Rivera llegó al cargo en abril de 2010 y se mantuvo en el puesto hasta junio de 2012, mientras que el actual presidente sustituyó a Chaves en abril de 2009.

En la comparecencia del ex alto cargo de Empleo, la juez le imputó cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, tras todo lo cual lo dejó en libertad después de que ninguna parte pidiera su ingreso en prisión.

Según Alaya, «parte» de dichos hechos delictivos «fueron reconocidos» por el imputado en su declaración, punto en el que destaca que Rivera «conocía a su llegada al cargo que el procedimiento de concesión de ayudas públicas debía ajustarse a la normativa sobre subvenciones».

A ello se suma que «tuvo conocimiento a los dos meses de iniciar el desempeño de su cargo» de que «había pólizas de rentas por más de 70 millones de euros sin convenio o resolución de concesión de la subvención, y no ordenó nada al respecto».

Además, según añadió la magistrada, el imputado «tuvo conocimiento al mismo tiempo del informe de Garrigues donde se ponía de manifiesto que, con la operativa seguida hasta el momento, usando las transferencias de financiación para otorgar las subvenciones, se estaba obviando un trámite preceptivo y fundamental para el control del gasto y de su destino, cual era la fiscalización previa de cada subvención por la Intervención» de la Junta.

«Pese a ello», Rivera –con Manuel Recio como consejero de Empleo– «continuó con el mismo sistema, obviando el trámite de fiscalización previa». Y eso que «reconoció curiosamente» que en la Dirección General de Trabajo, «en la época en la que él estuvo al frente y se trabajaba con la encomienda de gestión, sí se concedieron otras subvenciones fuera de la partida presupuestaria 31.L, que sí se sometían al trámite de la fiscalización previa».

De igual modo, en su declaración «reconoció que no dio ninguna instrucción para que las subvenciones que concedían se publicaran en el BOJA, como así era legalmente preceptivo, o para que se diera cumplimiento a la normativa comunitaria, de aplicación preferente a la legislación nacional».

Finalmente, según dice la juez, Rivera «admitió que en el proceso de revisión que se inició en la Dirección General de Trabajo a partir de finales de noviembre de 2010, se llegaron a detectar 200 personas que recibieron indebidamente ayudas públicas y que, por su personal convencimiento de que ello no constituía infracción criminal, no puso los hechos en conocimiento» del juzgado, «siendo sabedor del procedimiento judicial abierto».

«Resulta obvio que, sin perder de vista el carácter cautelar y provisorio de la imputación judicial, tales extremos refuerzan la hipótesis criminal de la que se parte respecto de Rivera, pues ni la supuesta ignorancia o incompetencia alegada por él le podrían eximir de su indiciaria responsabilidad penal por permitir, al menos hasta la Orden de 1 de abril de 2011, el reparto indiscriminado de fondos públicos con ausencia absoluta del procedimiento legalmente aplicable».

La juez cifra la fianza en poco más de siete millones, una cuantía «que se ciñe al importe conocido de las subvenciones concedidas por él al margen de la legalidad».