Alaya impulsará las macrocausas pero el asunto de los ERE no acabará este año

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, se reunió ayer con Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para revisar el estado de las macrocausas que instruye su juzgado. Acto seguido, del Río compartió mesa en un restaurante de la capital hispalense con el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, el ex fiscal Emilio de Llera.

Al término de la reunión con la magistrada –en la que también participó el juez de refuerzo Rogelio Reyes–, Del Río aseguró que el compromiso de Alaya es que «de aquí al verano estén muy avanzadas las causas, pero si no puede ser, será en septiembre u octubre» ya que «en un procedimiento con tantos imputados puede haber recursos y de la documentación que se está examinando pueden surgir nuevas cosas».

La intención es impulsar los cuatro procedimientos –dos que afectan a Mercasevilla, uno sobre la gestión del máximo accionista del Real Betis Balompié y el de la trama de los ERE–, si bien el presidente del TSJA admitió que «no es fácil poner un tiempo exacto» a la conclusión de la instrucción de estos asuntos. En concreto, en el de la causa de los ERE, «se está examinando mucha documentación y están saliendo vías de investigación nuevas, por lo que hay que esperar». Con el calendario en la mano, es muy complicado que el trabajo acabe este año. De hecho, aún no hay fecha para que declaren como imputados el abogado Carlos Leal y el dueño de Uniter, José González Mata, que están pendientes de comparecer desde marzo. «Ha surgido una investigación complementaria y le conviene conocerla en profundidad antes de esas declaraciones, aunque las va a hacer enseguida», justificó Del Río.

La complejidad del caso de los ERE se ejemplifica en una de las últimas decisiones de Alaya, que en un auto de 3 de mayo al que tuvo acceso Europa Press ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 4.089.639,45 euros a la ex presidenta del consejo de administración de la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco) Encarnación Poto Monge, y de 45.768,15 euros al que fuera director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero. Poto Monge, afiliada del PSOE y de UGT, se acogió a su derecho a no declarar ante la juez hace un año, el 16 de mayo de 2012.

Con todo, el presidente del TSJA se mostró satisfecho porque las causas «se están moviendo y fijando fecha de declaraciones». Ambos magistrados van a presentar un informe por escrito a lo largo de esta semana, que será debatido el próximo martes en la Sala de Gobierno del TSJA.