Alaya tumba el segundo intento de ocultar los emails de cargos de la Junta sobre Aznalcóllar

La Audiencia de Sevilla autoriza el vuelco de los correos vinculados al concurso de la mina y que se entreguen a la Guardia Civil

Segundo intento, tumbado. «Se trata de una medida útil o idónea para los fines de la investigación y además como diligencia de rastreo es indispensable por no existir un medio menos gravoso para conseguir, si llegara el caso, plasmación documental» de que se dieran presuntas indicaciones desde la Junta a los miembros de los órganos de adjudicación para favorecer a alguna de las empresas participantes en el proceso. Traducido: los correos electrónicos de tres altos cargos y una docena de funcionarios relativos al concurso público en el que se adjudicó a Minorbis-Grupo México la mina de Aznalcóllar almacenados en servidores institucionales se volcarán. La argumentación reproducida al inicio pertenece a un auto de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla por el que se han desestimado los recursos interpuestos por la actual viceconsejera de Empleo y antes ex directora general de Minas, María José Asensio, y por otro de los altos funcionarios de la Junta contra la decisión de la instructora de la causa, Patricia Fernández, de entregar los emails a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En la resolución, fechada el 21 de abril y consultada por LA RAZÓN, Alaya y otros tres magistrados de la Sección Séptima del tribunal provincial rechazan las razones esgrimidas por los investigados en sus recursos y dejan claro que la consulta de esa correspondencia electrónica es una diligencia «que puede acordarse» en el ámbito de una instrucción por un delito de prevaricación, como es el caso, ya que afecta al derecho fundamental a la intimidad documental, y no al del secreto de las comunicaciones.

Entiende la Audiencia, tras considerar los intereses contrapuestos que pudieran existir en este asunto, que se trata de una iniciativa «proporcionada» y rechaza que implique una «extralimitación» por parte de la UCO, como sostuvo la representación procesal de la viceconsejera de Empleo, porque el vuelco de los emails fue acordado por un juzgado, que negó, en línea con lo mantenido por la Fiscalía, que aquél tenga «carácter prospectivo e indiscriminado» o que no haya habilitación legal para el mismo, puesto que existen «sólidos indicios» de que pudiera haber existido un delito. El tribunal sevillano recuerda además que la diligencia está limitada en el tiempo y no afecta a los correos que no tengan relación con el objeto del concurso y dentro de éstos se obviarán los compartidos entre abogados-clientes de este caso.

El auto de la Audiencia es firme y contra él ya no cabe recurso, por lo que es probable que los emails de los altos cargos de la Junta acaben viendo la luz.