Álvarez apunta a la Intervención de la Junta y a Empleo para sacudirse su responsabilidad en los ERE

La ex ministra se agarra al desconocimiento como estrategia de defensa y afirma que era una «decisión política» de las otras consejerías el reparto de sus fondos

Magdalena Álvarez fue consejera andaluza entre 1994 y 2004 y su implicación en el “caso ERE” le costó la Vicepresidencia del BEI
Magdalena Álvarez fue consejera andaluza entre 1994 y 2004 y su implicación en el “caso ERE” le costó la Vicepresidencia del BEI

La ex ministra se agarra al desconocimiento como estrategia de defensa y afirma que era una «decisión política» de las otras consejerías el reparto de sus fondos

La inagotable necesidad de que en cada respuesta permeara una afirmación: «Es un error considerar que la Consejería de Hacienda lo controla todo», facultad que atribuyó a la Intervención General de la Junta. Eso es lo que destiló la declaración de ayer de la ex ministra y ex consejera de ese ramo, Magdalena Álvarez, en el juicio de los ERE. A ese ente fiscalizador apuntó en varias ocasiones para dejar claro que es el que «siempre» tiene el «control de la legalidad» o que ella nunca se reunió con el interventor general para «hablar de temas de trabajo». En cuanto a la forma, su comparecencia, apoyada en un cúmulo de documentos que incluían un manual de instrucciones presupuestarias, algunos de ellos subrayados en colores, se asemejó a ratos a la de una profesora a quien un alumno, el fiscal, le hace perder los nervios. Fueron más de dos horas y media de un continuo tejer y destejer datos técnicos.

Por decirlo de una sola vez, se esperaba su comparecencia porque la primera instructora de la «macrocausa», Mercedes Alaya, la señaló como «la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación» mediante una Orden dictada en 2003 que habría posibilitado una década de presunto fraude y un reparto ágil y arbitrario de las ayudas –de hecho, le impuso una fianza civil de 29,5 millones que luego la Audiencia de Sevilla anuló–; pero lo cierto es que no supuso un antes y un después. En relación a ese trasvase, quiso aclarar lo que considera otra «confusión» que rodea al «caso ERE»: una transferencia de financiación «no es una subvención» y la diferencia ha quedado fijada por el Tribunal Constitucional (TC), según defendió.

Los disparos de Álvarez no sólo se dirigieron a la Intervención. Los hubo también a otros departamentos del Gobierno andaluz, sobre todo a Empleo, a los que hizo responsables de la ejecución de sus fondos. A preguntas de su abogado, Rafael Alcácer –sólo contestó a sus interrogantes y a los de la Fiscalía–, sostuvo que «las consejerías sectoriales» son las encargadas de «aplicar la envolvente financiera» y que «es una decisión política» distribuir sus recursos «de acuerdo con sus prioridades», siguiendo las directrices marcadas por el Consejo de Gobierno. Hacienda no interviene en ese proceso interno.

Su desconocimiento quedó bien injertado en su relato de investigada. Álvarez ignoraba durante su etapa de consejera la normativa y el procedimiento que utilizó el Ejecutivo regional para el pago de las prejubilaciones, el convenio marco de julio de 2001 por el que se repartieron las ayudas, si bien aseveró que éstos son «normales» en la Administración y «no se enciende un piloto rojo» cuando aparece esa palabra; el «contenido concreto del programa que se llamaba relaciones laborales», o que hubieran existido desajustes presupuestarios en Empleo o el IFA –luego agencia IDEA–, que actuó de caja pagadora de los fondos públicos ahora ensombrecidos por la sospecha. «No leía» las memorias de la Ley de Presupuesto, al hacerlo «los jefes de servicio» ni supo de un informe económico-financiero por el que le preguntó el Ministerio Público. Tampoco le llegó «nunca» ninguna información de «ningún reparo» por parte de la Intervención, que excluyó de la Consejería de Economía y Hacienda que capitaneó, aunque orgánicamente sí estaba vinculada a ella. «Los reparos se trabajan y se tratan entre la consejería correspondiente y la Intervención delegada», explicó ante el tribunal que la juzga, para añadir que cuando no hay acuerdo entre esas partes, «se eleva para que resuelva la discrepancia la Intervención General» y si el posicionamiento de ésta «no es aceptado aún» por la cartera de la Junta que sea, entonces «se elevaría al Consejo de Gobierno». «Nunca me ha llegado ninguna información de ningún reparo, en diez años, nunca», recalcó.

Lo que sí admitió es que las modificaciones presupuestarias son algo habitual por las exigencias de la realidad, y cifró en unas «4.000 al año» las que se dieron en su época, lo que supondrían en torno a 40.000 en los diez que se investigan, aunque matizó que éstas «no se sometían a debate en los consejos de gobierno». Sus señorías del Parlamento autonómico tampoco se escaparon de su campo de tiro. Afirmó que conocían «perfectamente» las partidas 440 y 31L –el «fondo de reptiles»– que nutrieron las subvenciones.

La ex consejera siguió además la senda iniciada por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. No ratificó las dos declaraciones que realizó en 2013 ante Alaya, al no «recoger» en su integridad o con fidelidad sus manifestaciones.

Más datos

* El ex viceconsejero de Hacienda José Salgueiro también declaró ayer y redujo las competencias de ese departamento a la elaboración del Presupuesto y sus modificaciones en base al reparto propuesto por el resto de las consejerías, eso sí de acuerdo a las «directrices» políticas que marcaba el Consejo de Gobierno, que eran de obligado cumplimiento para todos.

*Admitió que los viceconsejeros estaban al tanto de la «conflictividad social» en torno a ciertas empresas y que él llevó a sus reuniones los borradores del ex director general de Trabajo Javier Guerrero para regular la concesión de ayudas con cargo al convenio marco de 2001 entre Empleo y el IFA, pero dijo no tener «ni idea» del motivo por el que no se elevaron para que los aprobara el Gobierno andaluz.