Álvarez impulsó la normativa que se utilizó para «falsear» el Presupuesto

La fallida declaración de Antonio Lozano, ex viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos de la Junta entre 2002 y 2009, arrojó luz sobre un elemento clave que el Gobierno andaluz había esquivado: las transferencias de financiación no pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones. Esta pregunta fue una de las diez que la juez Alaya pudo hacerle el jueves al ex alto cargo y su respuesta fue concluyente: «No pueden», dijo.

Hasta ahora, la Administración andaluza se había enrocado en una posición de firmeza con respecto a la legalidad del uso de las transferencias de financiación, un dinero que sale del Presupuesto de la Junta y que acaba en la caja de una empresa pública como el IFA-IDEA. La cuestión es que esas cantidades deben tener un fin muy concreto y nunca se pueden utilizar para el pago de subvenciones, que es para lo que sirvieron: financiar los ERE y las ayudas directas a empresas que ordenaba Empleo.

En la comparecencia del jueves, la magistrada citó la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 22 de mayo de 1998 y la Ley 15/2001 de 26 de diciembre en su artículo 18 para reforzar su teoría. En este sentido, le preguntó a Lozano: «¿Es cierto que de acuerdo con su regulación legal dispersa en varias normas, las transferencias de financiación que tienen como destinatarias las empresas publicas como IFA/IDEA, son créditos destinados a efectuar pagos para la financiación de operaciones genéricas, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores?», inquirió Alaya. La respuesta de Lozano fue afirmativa.

Las dos normas que mencionó la instructora –y que con su mal uso permitieron «alterar la realidad presupuestaria»–corresponden a la época de Magdalena Álvarez, que está previsto que declare el 8 de octubre. El artículo 18 de la Orden de 2001, firmada por la ex consejera en el BOJA de 31 de diciembre de 2001, explica que «las cantidades percibidas por las empresas de la Junta de Andalucía y, en su caso, por las fundaciones (...) con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para financiar su presupuesto de explotación, tendrán la naturaleza de transferencia de financiación sólo en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores». En su punto 2 obliga a que «las transferencias de capital deberán aplicarse en el ejercicio en el que fueron concedidas o en el inmediato siguiente, reintegrándose el sobrante a la Tesorería de la Junta». Y en el apartado 3 responsabiliza a la Consejería de Economía y Hacienda de dictar «las normas necesarias para articular el procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Junta del importe de las transferencias no aplicadas».

La instrucción mantiene que esto no se ha cumplido. El Presupuesto incluía estas transferencias que se utilizaban para pagar los ERE. En su descargo, desde Hacienda se mantiene que eran los centros gestores de las transferencias los responsables del gasto, pero Alaya cree que aquellos que elaboraban el Presupuesto conocían esta circunstancia y la toleraron.

En la comisión de investigación constituida en el Parlamento, la actual directora del BEI aseguró que «las transferencias de financiación son un instrumento que aparece en las sucesivas leyes de presupuesto como un instrumento para trasladar la financiación a las entidades instrumentales. Por lo tanto, es un instrumento legal, recogido y aprobado en los Presupuestos (...). De qué mane­ra, si no, se le iba a pasar al IFA, que no tiene, por ejemplo, en este caso, ingresos, pues se le traslada desde el presupuesto de la Consejería para que lleve a cabo determinada política. A mí me parece una cosa absolutamente legal», dijo. La cuestión es que ese dinero no era para su funcionamiento, sino para pagar ayudas vulnerando la Ley de Subvenciones y el control de la Intervención. De eso tendrá que responder ante Mercedes Alaya en apenas dos semanas.