«Amaño» en una convocatoria del SAS para cubrir 22 plazas

Las familias denuncian que los futuros integrantes de las novedosas unidades del servicio a menores con trastornos han sido designados «a dedo» y sus currículums, «adaptados» en julio.

La Plataforma de Atención Temprana, defensora de los derechos de los menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos, denuncia que la Junta de Andalucía «ha amañado» una convocatoria pública oficial destinada a seleccionar a los integrantes de las unidades de atención temprana que se crearán en cada provincia de la comunidad, la principal novedad en la implantación del nuevo decreto que ha de regular el servicio desde este otoño. Las familias acusan a la Consejería de Salud de designar «a dedo» a sus miembros y de haber «adaptado sus currículums» previamente con un curso específico en el mes de julio, lo que supone un «desprecio» a los menores afectados y a los profesionales del ramo.

Así, el reciente 26 de agosto la Junta de Andalucía comunicó que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocaría en los próximos días 22 plazas para la implantación de las unidades de atención temprana. Según el Gobierno andaluz, con ellas se tratará de «ampliar y reforzar» la asistencia a los niños a través de «medidas de prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y participación de las familias y del entorno social». En su comunicación, la Administración especifica que «la Comisión Central de Control y Seguimiento de Bolsa ha dado el visto bueno a esta convocatoria que contempla la contratación de once Facultativos Especialistas de Área de Psicología Clínica y de Pediatría de Atención Primaria para conformar los equipos de valoración de todas las provincias». «Estos profesionales tendrán perfil de pediatra de atención primaria y psicología clínica con formación específica y experiencia en Atención Temprana –continúa– y serán los encargados de valorar las necesidades de los menores sobre la base de un diagnóstico funcional que incluye el estudio de las familias y el entorno». Inicialmente, se prevé la creación de once unidades en las ocho provincias andaluzas (dos en las de Cádiz, Málaga y Sevilla) para el próximo otoño y posteriormente podrían llegar hasta 14 si las necesidades lo exigen.

Las familias hablan de «burda manipulación» de estas unidades al entender que este procedimiento carece de «transparencia» y que en él se vulneran los principios «democráticos, participativos y de igualdad de oportunidades». El portavoz de la plataforma, Antonio Guerrero, desveló a este diario que los psicólogos clínicos y pediatras ya han sido elegidos y que se les ha adornado el currículum con un curso específico «hecho a medida» que se impartió del 18 al 20 de julio en Granada –concretamente a 22 profesionales, la misma cifra que se requiere para las futuras unidades– en la Escuela Andaluza de Salud Pública, dentro del Campus Universitario de La Cartuja.

La implantación de estas unidades ha generado polémica porque tanto las familias como los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) consideraban que lejos de acabar con las listas de espera, su implantación podría provocar un «cuello de botella» en la derivación que ahora realizan de forma directa los pediatras. De hecho, la Asociación Interprofesional de Atención Temprana (ATAI) ya ha manifestado que las funciones de las unidades son las que ya realizan «estupendamente» los equipos de profesionales altamente cualificados que trabajan en los CAIT: «El modelo que la Consejería quiere imponer no es el modelo que defendemos los profesionales».

La Junta, por su parte, sostiene que este sistema «garantizará la coordinación entre profesionales de los CAIT y los centros de salud, así como la continuidad asistencial entre los equipos de Atención Primaria y de la red hospitalaria». Oficialmente, la Consejería admite una lista de espera de 2.019 menores, lo cual no deja de ser paradójico cuando se trata de atención temprana, pero los diferentes colectivos implicados la sitúan en torno a 6.000 niños en toda la comunidad.

El gasto de personal en cada unidad de atención temprana, compuesta por un pediatra (57.670 euros al año) y un técnico de salud (56.834 euros al año) en el Servicio Andaluz de Salud ascenderá a 114.504 euros al año. De este modo, de los 4 millones de euros de aumento presupuestario anunciados por la presidenta Susana Díaz para 2016, 1.259.544 euros se destinarán a las once unidades en cuestión y la implantación de las 14 previstas acarrearán un gasto de 1.603.056 euros cada ejercicio. El resto, en teoría, debe ir destinado a aumentar la frecuencia y duración de las sesiones, aunque es algo que todavía no se ha puesto en práctica.

De hecho, una de las quejas de las familias se centra precisamente en la disminución de las sesiones y en las «altas injustificadas» que se están ofreciendo con el sistema actual, en el que hay atendidos casi 20.000 niños andaluces. La plataforma, por su parte, no ceja en su empeño de presentar una Proposición de Ley de Atención Temprana que regule de forma definitiva la ayuda a un colectivo que requiere una intervención rápida y que, además, responda a las necesidades reales.