Tribunales

Amplían la instrucción por los enchufes en la Mancomunidad del Guadalquivir

Se investiga la bolsa de empleo «fantasma» en el ente tras la denuncia de un trabajador

El presidente José Solís (izda.), junto a, entre otros, el consejero Fiscal
El presidente José Solís (izda.), junto a, entre otros, el consejero Fiscallarazon

Se investiga la bolsa de empleo «fantasma» en el ente tras la denuncia de un trabajador

Se amplía el plazo de instrucción de la investigación de las presuntas irregularidades y prevaricación en la Mancomunidad de Guadalquivir de Gestión Pública de Residuos Sólidos Urbanos. Tras la denuncia de un trabajador, el juzgado número 2 de Coria del Río (Sevilla) dictó un auto el pasado 14 de agosto en el que atiende la petición de la Fiscalía para declarar la causa de «complejidad a los efectos de ampliación del plazo de instrucción hasta dieciocho meses».

Según explicó el propio denunciante, A. R. V., trabajador de la Mancomunidad del Guadalquivir de Residuos Urbanos desde mayo del 2006 y afiliado a la UGT, la Mancomunidad del Guadalquivir «está siendo investigada por incumplir el requisito legal de una convocatoria de una bolsa pública de contratación, la cual no fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, incumpliendo así el reglamento de las bases». A partir de la denuncia, el juzgado ha recabado a través de la Guardia Civil informes a la empresa que recoge los residuos de 27 municipios del Aljarafe sevillano. Este trabajador, que ya denunció en 2012 a los responsables de la empresa por amenazas, considera que «se están produciendo irregularidades en diferentes contrataciones». «El juzgado de Coria del Río ha visto en la presente denuncia indicios suficientes como para emprender una investigación a la entidad de recogida de basura», señaló. Aparte del presunto incumplimiento de las bases de la bolsa pública, el trabajador solicita también que se investiguen otras irregularidades como «el otorgamiento de una plaza de conductor de padre a hijo al jubilarse el primero, o en otro caso, al fallecer el padre». También se cuestiona «la contratación de una persona como auxiliar administrativo que estaba con una puntuación muy baja (en el puesto 55) con respecto a los primeros». Además «se desconoce el proceso de admisión de otra persona en el puesto de auxiliar administrativo». El trabajador también señala que en «estos hechos participan en el tribunal de valoración responsables de la dirección de la Mancomunidad del Guadalquivir de Residuos Sólidos Urbanos y dos miembros del comité de empresa, siendo uno de los dos el presidente del comité de empresa del sindicato de CC OO». El trabajador también agradece «que una concejala de La Puebla Sí Se Puede y miembro de la Junta General de la Mancomunidad del Guadalquivir pidió la documentación de todo el proceso de la bolsa ‘fantasma’, la cual no fue publicada en el boletín oficial de la provincia por lo que comúnmente recibe este nombre».

El auto apunta a que, «toda vez que resulta indispensable la culminación de la fase de instrucción atendiendo a la abundante documentación y complejidad del asunto, puede ser imposible finalizar la instrucción en el plazo marcado de seis meses». El trabajador denunció por la vía penal en el juzgado de Sanlúcar la Mayor, que pasó el caso al de Coria del Río.

El salario del presidente

La Mancomunidad del Guadalquivir, aparte de por su gestión, fue noticia hace un año a causa del salario de su presidente. El socialista José Solís, alcalde de Villamanrique de la Condesa, pasó a cobrar 44.000 euros brutos, tras aprobarse en el Pleno del 14 de marzo del pasado año, con el voto en contra de los miembros del PP, IU y el Grupo Mixto y el apoyo del resto. El aumento salarial fue de 4.000 euros más de los 39.900 euros aprobados como regidor. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fija para municipios de entre mil y 5.000 vecinos un sueldo máximo de 39.900 euros. El salario en la Mancomunidad, además, no era por dedicación exclusiva.

En su informe, según recogió Diario de Sevilla, los técnicos advirtieron de que «la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no permite liberaciones de ese tipo en estos casos, aunque no especifica nada sobre las dedicaciones a tiempo parcial». En concreto, la de Solís supone el 80% de la jornada laboral. El regidor de Villamanrique sustituyó en el cargo al actual delegado de Empleo y ex alcalde de Huévar, Rafael Moreno.