Anticorrupción cuestiona el plan de Núñez para dividir en seis piezas los ERE

No se opone al troceo, pero recurre el auto al rechazar que futuros pronunciamientos y fallos condicionen la creación de más bloques y por falta de concreción. Lo hace directamente ante la Audiencia y niega a la jueza la opción de corregirse otra vez

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido de manera parcial el auto de la instructora de los ERE irregulares, María Núñez Bolaños, en el que rediseñó el despiece de la «macrocausa» en seis bloques para agilizarla: uno centrado en el llamado «procedimiento específico», otro en las sobrecomisiones y otros cuatro ligados a ayudas a empresas, todos a desgajar del proceso matriz, donde continuará la investigación. Lo ha hecho directamente en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, en vez de presentar un recurso de reforma ante la propia jueza, lo que impide a ésta estudiar sus argumentos y modificar la resolución del 9 de noviembre, en la que ya autocorrigió el auto del 30 de julio en el que acordó el troceo.

La Fiscalía comparte con la magistrada la segmentación a seis esquematizada por Ñúñez, pero pide al tribunal provincial que dictamine sobre una serie de cuestiones técnicas. Una de ellas pasa precisamente por rechazar la decisión de la jueza de «esperar a futuros pronunciamientos de la Audiencia Provincial» dado que, a su juicio, la formación de piezas «debe de responder a la situación objetiva del avance de la instrucción del hecho investigado y la prioridad que se debe dar es únicamente aquella derivada de la antigüedad a efectos de prescripción» de los delitos, «así como el impulso de aquellas piezas en las que además se hallen imputados que tengan adoptadas y vigentes medidas cautelares tanto de naturaleza personal como real y sin ninguna limitación temporal». Es decir, se opone a la idea de Núñez de que lo que resuelva la Audiencia y las sentencias de los primeros juicios pudieran influir en la creación de futuros compartimentos en un «macroproceso» con casi cinco años de instrucción.

Anticorrupción también ve «deficiencias» en «la concreción» de lo que ha pasado y de quiénes son «sus responsables». Cree que, en su auto, la instructora «no delimita subjetivamente cada una de las piezas ni recoge en su narración de hechos aquéllos que, bien de forma directa, bien por remisión», se relatan en el escrito del Ministerio Público en relación a las partes del «procedimiento específico», la rama política de la causa, y de las «sobrecomisiones». Y los fiscales se explican. Muchos de los señalados ya aparecen en autos de imputación y de adopción de medidas cautelares como las fianzas, pero entienden que «deben de recogerse con amplitud y claridad, en garantía de los derechos de las partes, y no generar una confusión sobre los hechos objeto de investigación de cada pieza y quienes sean las personas» analizadas en cada una de ellas, de acuerdo a la «nueva terminología de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Ello, pese a que Núñez Bolaños sí ha puesto nombre y apellidos a los 52 encausados a los que ha incluido en las diligencias arrancadas ya sobre el diseño del «procedimiento específico», entre los que se encuentran los ex presidentes del Gobierno andaluz socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. De hecho, fuentes judiciales apuntan que Anticorrupción también podría recurrir el reciente auto de apertura de esa causa.

De momento y en tercer lugar, la Fiscalía rechaza el «modo de articular la unión de futuros atestados» policiales a las actuaciones. Aduce que es «erróneo» pretender incoar diligencias previas con los que «vayan llegando», pues consideran que «la articulación» de más apartados debe hacerse «siempre» desde «el seno de las presentes diligencias». En otras palabras, una vez sumado a la causa, «se valorará si debe formar parte solo, o en unión de otros, de una pieza separada de enjuiciamiento». La de la Fiscalía no ha sido la única reacción al auto del 9 de noviembre. Varias defensas han presentado recursos de reforma en el juzgado de Núñez, según aseguran fuentes judiciales a LA RAZÓN. Otros han preferido escritos de alegaciones. Es el caso del abogado Juan Carlos Alférez quien ha registrado uno en nombre de cuatro de sus representados.

Fallada la rama política, el resto

La magistrada se refirió en la resolución cuestionada a los posibles efectos adversos de la partición de la causa, de los que han advertido en múltiples ocasiones algunas de las partes, e incluso propuso remedios, basados en la jurisprudencia existente. Unas soluciones que para Alférez «no son aplicables» al proceso de los ERE. Plantea en su texto, al que ha tenido acceso este periódico, que es «indiscutible» que la instrucción y el enjuiciamiento separado de delitos conexos es posible y que «existe multitud de jurisprudencia reciente creada singularmente para paliar la problemática de los ‘macroprocesos’», si bien, llama la atención sobre «algo obvio que parece que todos olvidan». ¿A qué se refiere? Avisa de que no es ésa «la cuestión jurídica a resolver» en este asunto. Para Alférez, la discusión debería centrarse en «si un investigado por cometer un solo delito en grado de continuado, puede ser sometido a centenares de procesos desmembrando a conveniencia la cadena de hechos que en sí mismos siempre habrían de ser uno solo a efectos delictuales, por claro imperativo de una Ley Orgánica de la naturaleza del Código Penal», donde, «con palmariedad, se establece en su artículo 74 que nos encontramos ante un solo delito», arrecia el letrado.

Con todo, abre una puerta por la que podría evolucionar la «macrocausa». Si la consecuencia del auto de Núñez fuera que el juicio sobre el «procedimiento específico» sea el primero y «se demorare la conformación del ámbito subjetivo del resto de piezas a la solución» que en aquél se sentencie, se podrían evitar, en opinión de Alférez, «las situaciones de latentes vulneraciones de los derechos de los investigados». La última palabra es de la Audiencia de Sevilla y el tiempo avanza.